Tribuna

Queda mucho por hacer

A pesar de los pesares, España es un gran país, y a lo largo de la historia nuestros ciudadanos han demostrado su capacidad para sobreponerse a las adversidades. Tras este último peregrinaje por el desierto –aún no concluido– parece que, con el esfuerzo de todos, empezamos a remontar el vuelo. La renta per cápita de nuestro país es ya prácticamente homologable a la de países como Italia, Francia o Reino Unido; nuestro sistema sanitario –entre otras cuestiones– sigue estando a la altura de los países más desarrollados, y los síntomas de recuperación económica son cada vez más evidentes.

No obstante, queda mucho por hacer, y aunque los indicadores evolucionan positivamente, siguen existiendo importantes desequilibrios en aspectos clave –como el desempleo y el endeudamiento público y privado– que producen una sensación de amenaza del Estado del bienestar, que es compartida por nuestros socios comunitarios, especialmente por los del sur de Europa. Por tanto, el nuevo equipo de Gobierno que se constituya en los próximos días deberá focalizar sus acciones en solventar estos desequilibrios.

Bien es cierto que, aunque durante la crisis nuestra posición se ha debilitado, ahora la economía española se está robusteciendo y sus envidiables tasas de crecimiento están por encima de la media de la UE. Aun así, existe un consenso entre nuestra profesión, así como entre observadores internacionales, sobre la idea de que el próximo año seguiremos creciendo aunque con un vigor atenuado. Por otra parte, todo apunta a que factores exógenos que en los últimos tiempos han servido para dinamizar la economía –como la depreciación del euro, los bajos tipos de interés o el precio del crudo– tendrán un efecto menor. Es decir, continuamos avanzando, pero la situación no permite despistes.

Arrastramos lastres de este periodo convulso, por eso, si queremos ser competitivos en un mundo globalizado, quienes administren esta nueva legislatura habrán de promover políticas de oferta propias de países endeudados –como el nuestro–, pero con una acentuadísima sensibilidad social. No estamos aún en situación de lanzar las campanas al vuelo. Nuestros recursos son limitados, por lo que tenemos que gestionarlos de manera eficaz. Solo de esta manera, fomentando la transparencia y dignificando la función pública, seremos capaces de generar complicidades con la ciudadanía.

Quedan muchos temas pendientes, pero quizá convendría asentar las bases para desarrollar de forma inmediata algunas cuestiones concretas en materia tributaria, ya que en este proyecto colectivo que es nuestro país todos participamos de una parte alícuota de la contribución al bien común. Entre ellas, quizá destaquen los servicios públicos, que se habrán de desarrollar atendiendo a tres aspectos básicos: prioridades, ingresos y gestión; lo que de forma indefectible pasa por una reordenación de un modelo impositivo que afecta a tres Administraciones.

Como todos sabemos, en 2015 se ha empezado a implantar la última reforma tributaria, que se ha ceñido a Renta, Sociedades, No Residentes, Ley General Tributaria y a algún tema técnico de IVA, pero que no ha abordado las modificaciones de los tributos ligados a la financiación autonómica y local; una asignatura pendiente imprescindible desde dos puntos de vista: el de la política presupuestaria, ya que el déficit autonómico es el más preocupante, y desde el puramente fiscal, para conseguir un sistema más eficiente. En cuanto a los tributos ligados a las CC AA, parece que cada vez tiene menos sentido que existan tantas diferencias en la tributación por razón de territorio en Sucesiones y Donaciones, o que siga existiendo una modalidad, como es la de Actos Jurídicos Documentados, que impone un peaje al formalizar determinados documentos necesarios en el tráfico mercantil. En este ámbito, también parece razonable reorganizar la tributación medioambiental, así como la tributación de la riqueza que, naturalmente, afecta al impuesto sobre el patrimonio, pero también al impuesto sobre sucesiones y donaciones y a otros como el IBI.

Hemos citado estos ejemplos sobre cuestiones fiscales porque solo desde la contribución del conjunto de la sociedad a la esfera de lo público podremos hacer que se desvanezca la desconfianza hacia quien la administra y replantear las prioridades de los servicios que se prestan. Pero existen otras medidas económicas de mayor calado que solo podrán vehicularse mediante grandes pactos de Estado; entre otras, una reforma en profundidad de las Administraciones públicas, avanzar en la lucha contra el fraude, apuntalar la Seguridad Social o afianzar nuestro sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento de la población. Si no, será muy difícil seguir creando empleo y asegurar nuestro desarrollo social y económico. Demos un voto de confianza a nuestros gobernantes, esperemos que actúen en consecuencia y no nos despistemos.

Valentí Pich Rosell es presidente del Consejo General de Economistas.

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