Bruselas se prepara para acabar con la radicalización en la red
A Bruselas le preocupa que internet se haya convertido en una plataforma para la captación de yihadistas. Por ello, ha convocado a las grandes empresas del sector, como Google y Facebook, a un foro internacional el 3 de diciembre para examinar medidas contra los métodos de radicalización a través de la red.
Por otra parte, el grupo del Partido Popular Europeo (PPE) anunció ayer que pedirá sanciones penales contra aquellas compañías que promuevan el yihadismo en internet o aquellas empresas que no cooperen en la supresión de estos contenidos. Esta propuesta será votada la próxima semana en Estrasburgo.
“El cinismo no es aceptable. Las fuerzas de seguridad tienen que poder introducirse en las redes sociales y en las páginas que llaman al odio y a la barbarie”, declaró ayer la ponente del informe, la eurodiputada francesa Rachida Dati.
En el contexto de los atentados de París, la exministra de Justicia francesa presentó en el Parlamento Europeo la revisión de esta propuesta, que prepara desde junio y que tiene como objetivo reforzar la prevención de la radicalización y la financiación del terrorismo. Dati afirmó que propondrá en el pleno una enmienda que no fue aprobada por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del PE y que consiste en reforzar la armonización de las sanciones penales en los Estados miembros en relación a la promoción del yihadismo en la red.
“Vemos vídeos inaceptables, ejecuciones en directo, agresiones sexuales... Esos contenidos pueden retirarse de internet, y hay que sancionar a quienes no quieran cooperar en ese sentido”, subrayó Dati.
El domingo, el exsubdirector de la CIA, Michael Morell, declaró en la cadena americana CBS que el debate sobre la seguridad y la privacidad comenzará de nuevo. “Tuvimos ya un debate público marcado por Edward Snowden y la preocupación sobre la privacidad. Creo que vamos a tener un nuevo debate sobre este tema. Va a estar marcado por lo sucedido en París”, declaró. Morell se refirió, además, a las dificultades que encuentra el Gobierno para romper los sistemas de encriptado de los mensajes, ya que las empresas no siempre facilitan las claves necesarias para hacerlo.