Tribuna

La responsabilidad civil del ‘caso Volkswagen’

La mayoría de nosotros tenemos un coche. Y lo conducimos tranquilamente sin preocuparnos realmente si el nivel de las emisiones de óxido de nitrógeno del vehículo es elevado o no. La verdad es que con que nos lleve a nuestro lugar de destino y responda a todas sus prestaciones estamos contentos.

Y eso era así hasta hace una semana cuando saltó el escándalo de la marca automovilística Volkswagen, también conocido como dieselgate. Los medios de comunicación llenaban sus espacios con la información del fraude de la empresa germana, que había instalado un software ilegal en muchos de sus vehículos para reducir las emisiones de óxido de nitrógeno cuando los coches se sometían a pruebas medioambientales.

De un día para otro, muchos conductores de Volkswagen, Audi o Seat empezaban a preguntarse si su vehículo podía ser uno de los coches afectados. Y, por su parte, los directivos de la marca Volkswagen empezaban a asimilar el tremendo impacto que iba a tener este caso para la marca y su reputación a nivel mundial. Y es que este incidente, que comenzó siendo una cuestión de ingeniería del automóvil, se está convirtiendo en un gran cubo de Rubik con multitud de caras, colores y combinaciones, todas ellas difíciles de digerir.

Precisamente el impacto que puede tener este acontecimiento para la marca es el que me gustaría analizar en profundidad. Desde que saltó el escándalo, el grupo Volkswagen ha perdido 30.000 millones de euros de valor en Bolsa, es decir, que los accionistas de la sociedad han perdido un 40% del valor total de la inversión realizada. Y es importante resaltar este aspecto, ya que por esta pérdida y, conforme a ley, son los consejeros de la entidad alemana los responsables objetivos y lo son con su patrimonio personal.

Por si esto no fuera poco, en Europa muchos Gobiernos, entre ellos el español, están valorando las posibilidad de emprender medidas legales contra la compañía, con el objetivo de obtener la devolución de las subvenciones dadas en los diferentes planes PIVE que se han desarrollado y que supondrían de media unos 1.000 euros por vehículo, hasta un total de 700 millones de euros. Y no solo los Gobiernos pueden solicitar acciones judiciales, sino que muchos particulares, sindicatos o asociaciones medioambientales tienen encima de la mesa propuestas encaminadas a exigir responsabilidades a los directivos del grupo Volkswagen.

Desde luego la situación es tremendamente delicada para la empresa germana, que difícilmente va a poder hacer frente a todas las reclamaciones que va a tener en los próximos meses con los 7.000 millones de dólares que ha provisionado en su balance. Sin embargo, el riesgo económico no va a ser el único al que van a tener que enfrentarse.

Y es que tras la crisis financiera, la transparencia y la ética ya no son meros conceptos en el ámbito empresarial, sino que deben suponer una parte importante de la estrategia de negocio de cualquier compañía. De hecho, si acudimos a la página web corporativa del grupo Volkswagen encontramos infinidad de declaraciones de responsabilidad social, en particular en todo lo referido con el medio ambiente, incluido un código de conducta social que Volkswagen exige a sus business partners. Esa conducta interna que en los próximos meses van a tener que revisar en profundidad con el objetivo de tratar de recuperar la confianza perdida entre los consumidores y que será fundamental para volver a retomar la actividad empresarial con normalidad.

En definitiva, el panorama no es muy alentador para el consejo de administración de la sociedad alemana que, a buen seguro, estará revisando su contrato de responsabilidad civil de consejeros y directivos. Asumiendo que lo tienen contratado, parece que en ningún caso será suficiente para hacer frente a las responsabilidades que se anuncian y/o para cubrir a todos los potenciales demandados.

José Carlos Marcos es director de líneas financieras de March JLT.

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