Tribuna

Contributividad y equidad

Cuando los políticos quieren transmitir a la ciudadanía su aparente preocupación por una determinada cuestión, suelen acudir con mucha pompa a la manida frase: “¡Es el gran reto de futuro!”. Ocurre con el paro, con el yihadismo islámico, con el cambio climático, con la corrupción… y con el estado de las cuentas de la Seguridad Social.

Eso es al menos lo que dijo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hace unos días después de saberse que su Ejecutivo se había gastado más del 40% de la hucha de las pensiones en tres años, y que la Autoridad Fiscal (Airef) estimaba para 2015 un agujero similar al del año pasado: un 1,1% del PIB (más de 11.000 millones).

El estado de la Seguridad Social, el sistema de pensiones y el envejecimiento de la población española eran un reto hace años. Hoy, son un problema. Se trata de un problema estructural al que los sucesivos gobiernos han venido dando una respuesta coyuntural, con una mirada siempre puesta en las urnas.

Cuando en 2027 surtan todos los efectos de las medidas de la Ley 27/2011 del gobierno socialista de reforma de las pensiones, el cotizante en el régimen general, en media, verá mermada su pensión un 28% en comparación a la que hubiera tenido antes de la reforma. Todo ello consecuencia de: a) pasar de 15 a 25 años el periodo cálculo base reguladora, b) retrasar la jubilación de 65 a 67, y c) ampliar la escala de 35 a 37 años. Una reducción que se intensifica todavía más en el caso de los autónomos, que sufrirán una merma en su pensión media del 40%.

En 2014 el gobierno popular dio una nueva vuelta de tuerca a las todas las pensiones, aplicándoseles dos nuevos factores: (1) el factor de equidad intergeneracional, que significa que si la esperanza de vida a la edad de jubilación aumenta un año, entonces la pensión de jubilación se verá mermada en un 4,76%; y (2) el Factor de Revalorización Anual (FRA), que sustituye al IPC para calcular la revalorización anual de las pensiones, siendo su fórmula un ajuste de revalorización a posteriori en función del equilibrio de sistema entre ingresos y gastos.

En definitiva, tanto las de unos como las de otros, son medidas que han actuado sobre el lado del gasto, reduciendo las pensiones. Atacar a los ingresos es otro cantar, porque (según la teoría) un aumento de las cotizaciones encarecería los costes laborales y generaría más paro; y un aumento impositivo no está bien visto electoralmente.

Tanto es así, que la salida de la crisis ha hecho que el actual Gobierno, después de una importante presión fiscal ejercida en los últimos años, se haya comprometido a volver a la situación tributaria anterior a 2008. A todo ello habría que sumar el hecho pernicioso que sobre los ingresos tienen algunas medidas de incentivación del empleo, como son las tarifas planas para autónomos y para la contratación indefinida, la reducción de las prestaciones por desempleo o los contratos por horas, que restan potencial de ingresos al incremento de cotizantes.

La solución al problema de las pensiones es compleja y tiene muchas aristas, pero la base principal tiene que pasar por una separación de las pensiones asistenciales (pensión mínima, básica, no contributiva), dirigidas a aquellas personas desfavorecidas que el Estado tiene la obligación de proteger; de las pensiones contributivas, aquellas que se obtienen al final de la vida laboral por haber contribuido con las cotizaciones a la Seguridad Social. Las primeras tendrían que financiarse vía impuestos; las segundas, vía cotizaciones de los trabajadores.

Pero es que además tendría que revisarse el principio de contributividad y el principio de equidad de las pensiones públicas contributivas, de manera que la prestación queuno percibiera cuando se jubilara, guardara una mayor proporcionalidad con el esfuerzo de cotización realizado. Y eso actualmente no ocurre.

Hoy es indiferente para el cálculo de la pensión cuántos euros se hubieran cotizado (aportado) antes de los últimos 25 años. Con el retraso de la edad de jubilación de 65 a 67 años, alguien que empezara a cotizar a los 18 años y, después de 40 cotizando, quisiera jubilarse a los 58 años, no puede hacerlo.

El nuevo Índice para Revalorizar las Pensiones –IRP– ignora que la pensión de los jubilados se hubiera calculado solo con dos años de cotización, con ocho años, con 15, con 25 o con 40; y no tiene en cuenta el esfuerzo inicial que se tuvo que hacer para obtener la pensión.

Por último, el factor de sostenibilidad, que busca que la cuantía de la pensión se module en función del tiempo en que se vaya a recibir (esperanza de vida), no tiene en cuenta si los trabajadores de cuello blanco viven más que los de manga azul, o si las mujeres de Melilla viven menos que los varones de Cantabria.

En definitiva, podemos concluir que el principio de contributividad y el principio de equidad, básicos hasta no hace mucho, son conceptos muy alejados de la visión de la Seguridad Social que se tiene desde la política.

Luis María Sáez de Jáuregui es Director general del negocio de particulares de Axa.

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