Socialdemócrata en los ingresos, liberal en el gasto
El proyecto de Presupuestos del próximo año, que Montoro ha presentado envuelto en la calima de agosto para dar estabilidad a las decisiones de los agentes económicos y a los financiadores del país, sigue recogiendo la ingente cantidad de gastos fiscales de todos los años. Esos 34.000 millones de euros de mamandurria que supuestamente estimulan la economía con los más insospechados programas que únicamente devuelven lo que antes te ha quitado con los impuestos. Otros dirán que se trata de la vía más alambicada de redistribución de la renta. Sea como fuere, lo que está claro es que los agentes económicos, y hasta la opinión pública, siguen pendientes de los Presupuestos Generales del Estado, en plural (el de los ingresos y el de los gastos), para ver cuánto nos da, cuando lo lógico sería estar solo pendiente de cuánto no nos quita. Sin desconocer que todo cuanto dé, tiene que quitárnoslo primero, puesto que no hay gasto que valga sin impuestos cobrados de forma anticipada. Y todo lo que dé sin haberlo quitado antes (el gasto excesivo o déficit), hay que financiarlo con ayuda de los señores del dinero y con otro impuesto llamado tipos de interés, que es más elevado cuanto mayor sea la cuantía solicitada a crédito.
En definitiva: que el presupuesto condiciona al resto de la actividad económica del país sin quererlo, y a veces de forma abusiva si el tamaño de los impuestos cobrados y después gastados es muy elevado. En España, en 2016 el gasto público total será del 41% del producto interior bruto, frente a cerca del 47% que era en 2009 y 2010. Es quiere decir que los españoles deben poner a disposición del Estado una cantidad similar para que pueda atender los servicios públicos y el coste de las infraestructuras y la factura financiera, que es ya del 3% del PIB, con una deuda pública que se acerca al 100% del producto.
Pues bien: cuantos más recursos absorba el Estado, menos deja a disposición del sector privado, y cuanto menos absorba, más espacio libre deja para el crecimiento de la economía, entre otras cosas porque absorbe menos ahorro y abarata la financiación de los proyectos privados. Montoro se alineó ayer definitivamente con estas tesis, como buen e irredento liberal: “Ideológicamente me identifico con los presupuestos que traigo a este Cámara [la de los Diputados]: reducimos el tamaño del Estado para dejar trabajar al sector privado”, comentó.
Pero esta declaración de principios ideológicos, que es aparentemente cierta, no se ajusta con la misma elasticidad a los ingresos y a los gastos. El presupuesto es, ya lo verán, socialdemócrata en los ingresos y liberal, muy liberal, en los gastos.
En este último capítulo, el de los gastos, el Gobierno ha convertido a las cuentas en las más sociales de la historia, puesto que nunca antes el gasto social había tenido una participación tan elevada, tan generosa. Pero es solo de puro liberal que es el Gobierno en esta materia: ha estrechado tanto los gastos que dependen de sus disposiciones, que ha elevado por pasiva los que dependen de los derechos pasivos garantizados por las leyes: pensiones, desempleo, sanidad, dependencia, etc., que además están desproporcionadamente elevados por la crisis. Pero no hay ni una decisión en el gasto que se incline, ante la gran masa de desempleados existente, y con colectivos cada vez más numerosos en desempleo crónico y sin prestación alguna, por ampliar los niveles de protección por desempleo, como tampoco lo hay en las pensiones, donde las cuentas se ciñen a la ley con una subida del 0,25% pese al carácter electoral de este fin de año.
El Estado se queda así como un agente protector de los pasivos, como un mero pagador de prestaciones de vejez, de enfermedad, de desempleo, de asistencia sanitaria, etc., donde la inversión se ha contraído y la factura financiera está reducida por el encapsulamiento al que el BCE ha sometido a las economías de la zona euro. Sin querer, en todo caso, quitar méritos al ejercicio de consolidación fiscal practicado por el Gobierno de Rajoy, que ha tenido que ver, y mucho, en las condiciones de financiación de la economía española, y en el hecho de que el producto y el empleo crezcan más del doble que la media de la UE. “Cuando llegó la inspiración, nos pilló trabajando, con los deberes hechos, con las reformas en marcha, con los sacrificios encajados”, dijo ayer Cristóbal Montoro parafraseando a Picasso cuando le preguntaban por la inspiración pictórica.
Incluso los esfuerzos en inversión, eso que siempre hemos reclamado para que se pudiera construir un nuevo modelo productivo, son milimétricamente medidos, austeros incluso.
Y el presupuesto de ingresos es, como todo el mundo de un tiempo a esta parte, socialdemócrata. Qué otro calificativo puede concedérsele a unas cuentas que logran la mayor recaudación de la historia, con unos niveles de PIB y de empleo aún alejados de los máximos de 2007. Normal parece que el IRPF proporcione los mayores recursos de la historia de la Hacienda española cuando ha impuesto los mayores niveles de presión fiscal individual conocidos, cuando los tipos marginales máximos se abonan desde los 60.000 euros anuales de renta.
Normal es considerar el sistema tributario socialdemócrata si el IVA, que experimentó el mayor salto conocido en 2012, no va a volver a bajar por imperativo comunitario y convicción del Gobierno. Qué otro calificativo puede dársele a un impuesto sobre beneficios de las empresas que carga sobre las de gran tamaño todo el esfuerzo aportado por las corporaciones en los años de la crisis y siguientes. Las grandes empresas han pasado de aportar 7.626 millones de euros en 2011 a los 18.878 con los que este año prevé liquidar la Agencia Tributaria, mientras que las de pequeño tamaño apenas si aportan hoy lo mismo que entonces.
Da la impresión de que estos ingresos, que deberían ir a más (la recaudación por IVA hasta julio crece un 11%), pueden permitir una bajada consistente de impuestos, puedan ser más liberales; al menos una vez que se haya consolidado la estabilidad presupuestaria, y que sea el crecimiento (y la inflación, si vuelve) quien reduzca los niveles peligrosos de deuda pública y de los pasivos financieros netos.