La lucha contra la economía sumergida
Europa está saliendo de la crisis económica, con buenos resultados en cuanto a la creación de empleo, pero aún tiene un problema muy importante: la economía sumergida. Según un estudio de la Fundación de Estudios Financieros, a finales de 2013 alcanzó un valor estimado del 18,6% total del PIB, ligeramente inferior al de 201.300 millones de euros (un 19% del PIB) contabilizado al cierre de 2012.
En este terreno España sale mal parada en comparación con otros países europeos. En el informe The Shadow Economy in Europe, realizado por el profesor Schneider, se señala que en países como Francia y Alemania la economía sumergida alcanza de media el 15%-16% del PIB, mientras en Suecia y los países escandinavos se sitúa entre el 17,4% y el 18,5%. En Italia llega al 26,9% frente al 22,8% de España y el 20,3% de la media de la OCDE.
El conocimiento de la economía sumergida ha sido tradicionalmente un tema de preocupación. De hecho, no se trata de una cuestión nueva, sino de una materia que ha cobrado una especial relevancia dada la situación de crisis mundial. En todo caso, la existencia de economía no declarada en una sociedad supone una grave anomalía para su correcto funcionamiento ya que genera problemas de equidad, tanto por el lado del gasto como de los ingresos públicos, ya que se generan asimetrías en la provisión de servicios y en la carga impositiva soportada. También plantea problemas de eficiencia en la asignación de recursos y en la provisión de servicios por el Estado y produce pérdidas recaudatorias para el sector público que limitan las actuaciones de cualquier política estatal.
La economía sumergida produce asimismo una distorsión de la competencia empresarial al situar las actividades no declaradas al margen del pago de impuestos, de cargas laborales o de requerimientos burocráticos y administrativos. De la misma forma que produce problemas de desigualdad entre ciudadanos y menoscabo de los derechos de los trabajadores contratados de forma irregular.
En España, la sospecha de que una gran parte de la actividad económica se realiza en el ámbito de la economía no declarada, suscita mayores debates en relación a su actuación como vía para salir de esta compleja situación económica, así como para reforzar el compromiso moral de la sociedad.
En cuanto a las causas de la economía sumergida en España, pueden ser varias. Por un lado, es probable que exista un problema de escasa conciencia fiscal entre los ciudadanos españoles. Algo que está directamente relacionado con la percepción de que es nula o muy baja la posibilidad de detectar el fraude y, por consiguiente, escasa la actividad sancionatoria. Incluso, se podría hablar de la existencia de una doble moral en esta materia.
También puede existir la idea de que la regulación actual relacionada con la materia laboral y/o fiscal es excesivamente compleja, especialmente si se aplica a las pymes, por lo que no queda más remedio que incumplirla.
Y otro elemento a tener en cuenta es que la presión fiscal y en materia de cotizaciones a la Seguridad Social es una de las más altas en los países de la Unión Europea.
Mientras se logra la desaparición o, en su caso, la reducción a niveles mínimos de la economía sumergida, se formulan las siguientes propuestas:
- Establecer medidas, previo diagnóstico, con un enfoque global, coordinadas, de tal manera que sean preventivas, efectivas y que puedan ser evaluadas regularmente.
- Mejorar la eficiencia de los sistemas de control, tanto en relación al cumplimiento de las obligaciones como respecto al uso correcto de los bienes y servicios públicos.
- Desarrollar estrategias de comprobación, cooperación e intercambio de información tanto en el ámbito nacional como internacional, desde una vertiente administrativa y/o judicial.
- Flexibilizar las cargas y los procedimientos administrativos, así como la simplificación de las figuras impositivas.
- Modificar la normativa laboral, en aquellos aspectos que sea necesaria, haciéndola más adaptable a la realidad existente en las empresas españolas en cada momento y teniendo en cuenta el tejido empresarial.
En definitiva, luchar contra la economía sumergida no solo va a ser una palanca para el desarrollo económico de España, con la consiguiente creación de empleo, sino que también nos va a reforzar como sociedad.
Jordi García Viña es Director de Relaciones Laborales de CEOE.