Industria mejora el incentivo del carbón tras recibir fuertes presiones
La nueva orden ministerial se tramita en vísperas electorales
El Ministerio de Industria ha elaborado una nueva propuesta de orden “por la que se regula el mecanismo de capacidad para la mejora medioambiental en determinadas instalaciones de producción de electricidad”. En otras palabras, el incentivo que las centrales térmicas con carbón nacional recibirán a cambio de firmar contratos de compra a largo plazo y ligado a las inversiones que realicen en desnitrificar el proceso productivo.
La propuesta, a la que ha tenido acceso CincoDías y que ha sido remitida por la CNMC a las partes interesadas para que realicen sus comentarios, supone una mejora de la que el Ministerio había lanzado en abril y que fue rechazada por las eléctricas (a las que se obliga a comprar e invertir); las mineras (sin protección legal desde el 1 de enero) y, muy especialmente, por el Gobierno de Castilla y León, que quiere evitar a toda costa una revuelta minera en vísperas de unas elecciones autonómicas en las que el PP sale bien parado en las encuestas.
Frente a un incentivo de 72.000 euros por MW instalado que ofrecía el Ministerio en su primera propuesta de orden, la de ahora propone un pago de 92.000 euros/MW. Por el contrario, frente a una obligación de compra de 280.000 toneladas por cada grupo con una potencia de 350 MW, el nuevo texto fija 420.000 toneladas. Técnicamente, el pago consistiría en una retribución por unidad de potencia vinculada a la realización de inversiones medioambientales (a las que obliga la directiva sobre emisiones industriales para instalaciones que quieran continuar funcionando más allá de su vida útil), de la que se derivan los citados 92.000 euros/MW.
En contraprestación, las eléctricas, especialmente Endesa y Gas Natural Fenosa, deben comprar anualmente entre 2015 y 2018 (incluido) carbón autóctono equivalente a un mínimo de seis millones de termias PCS/MW instalado, frente a los cuatro millones de la propuesta ya descartada (esto es, 420.000 toneladas por grupo).
El Ministerio se ha visto abocado a mejorar el incentivo a la vista del rechazo frontal de las eléctricas, que no creen que las inversiones en desnitrificación puedan ser compensadas con ese incentivo; las mineras, que criticaron que los volúmenes de carbón que se obligaban a las térmicas no era suficiente y la Junta de Castilla y León, cuyo presidente, Juan Vicente Herrera, había mediado personalmente con Mariano Rajoy para exigirle una solución.
Con la potestad que le otorga ser la única autonomía en la que, según las encuestas, el PP mantendría la mayoría absoluta, las presiones de Herrera han dado sus frutos. En sus alegaciones al anterior borrador de orden ministerial, la Junta consideraba que el incentivo que se ofrecía (que asumirán los consumidores como pagos por capacidad) no era suficiente para que las centrales abordasen las inversiones medioambientales y que los volúmenes de carbón que se obligaba a comprar (inferior en un 40% a los del anterior sistema de protección que caducó el 31 de diciembre) no garantizan la producción necesaria para que las minas del Bierzo puedan seguir funcionando.
Según las alegaciones del Gobierno de Herrera, la subvención se reducía a 25,2 euros por grupo térmico, cuando el coste de sus inversiones se sitúa entre 35 y 40 millones por cada uno. Además, calificó de “irreal” la propuesta ya que “para que las empresas del carbón vendan el 50% de los anunciado es necesario que estén en funcionamiento las 10 centrales” que reúnen la condiciones para recibir el incentivo. Y no todas van a abordar las inversiones de desnitrificación y han optado por el cierre paulatino y cuyo número aún se desconoce.
Queda por ver si la nueva propuesta que, en cualquier caso, debe recibir el visto bueno de Bruselas como ayuda de Estado compatible con la libre competencia, es aceptada o no. De momento, fuentes del sector eléctrico consideran que la medida sigue suponiendo un alto riesgo para las compañías, pues se mantiene la obligación de firmar contratos a cuatro años, “un plazo demasiado dilatado para las generadoras, que cada año se enfrentan a circunstancias meteorológicas y de mercado distintas”. Y, aunque el incentivo aumenta con la nueva propuesta, también lo hace el volumen a comprar.
Las mismas fuentes consideran que la nueva propuesta mejora la situación de las cuencas asturleonesas y no tanto a la de Aragón. Las plantas afectadas, siguen siendo las mismas. Entre ellas, La Robla, Compostilla o Teruel.
El temor a una marcha minera
Como muchos temían, a Industria se le ha echado el tiempo encima a la hora de resolver el problema del carbón. Y aunque hasta ahora había logrado mantener la calma de compañías y sindicatos mineros con la promesa de que estudiaba un mecanismo de ayuda a la producción de carbón, lo cierto es que la primera propuesta (en abril), fue rechazada por los afectados.
En vísperas de los comicios autonómicos, ha sido la Junta de Castilla y León a través del propio Rajoy, la que ha logrado un cambio en la propuesta de incentivo. No en vano, recuerdan en el sector, las cuencas mineras “votan PP”. El temor al calendario de movilizaciones anunciadas por UGT y CCOO, que terminarían el día 23 en Madrid, ha contribuido también a proponer una nueva solución. Para muchos, disuasoria, pues, en todo caso, Bruselas tiene la última palabra.
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