Editorial

Eficiencia e incentivo en los impuestos

A la vuelta de Semana Santa, los contribuyentes españoles se enfrentan a la liquidación de sus impuestos personales con la Hacienda pública, el ejercicio que más clarifica qué aporta cada cual a la comunidad nacional en términos financieros, y que exige una obligada comparación con qué recibe cada uno a cambio de la Administración del Estado. Aunque cada español paga impuestos cada día de su vida, desde la cuna a la tumba, porque cada uno de sus actos, hasta los involuntarios, llevan una factura del impuesto sobre el valor añadido por cada uno de sus gastos, de tasas especiales por tabaco, alcohol o consumo de carburantes, de heredero o de testador, de propietario o inquilino de la casa en la que habita... aunque cada español paga impuestos cada día de su vida, tiene tendencia a creer que solo lo hace cuando rellena la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Cuando, en realidad, hasta este ejercicio es solo un ajuste de cuentas de un impuesto personal que ya ha abonado cada mes y que en caso de haberse excedido en el pago, solo lo recuperará con 18 meses de retraso. Por ello, cuando se analizan los impuestos que reclama Hacienda hay que tener en cuenta todo el contexto fiscal y considerar toda la presión tributaria para poder someterla a comparación a todos los niveles. Es la única fórmula para determinar el grado de justicia de un sistema fiscal como el español, como cualquiera de los europeos.

En los últimos años, España ha experimentado cambios radicales en los impuestos, aun sin generar ninguno nuevo. La súbitas necesidades recaudatorias para afrontar los pagos del aparataje público de prestación de bienes y servicios exigió tanto un incremento de los impuestos como un recorte de determinados servicios en los que el administrador consideraba que había sobreprotección, o cuyos niveles eran excesivos para la capacidad fiscal del país. Salvada la urgencia de los pasados años, con un sobreesfuerzo tanto de los que pagaban como de los que recibían, la situación ha entrado en una fase de normalización, en la que paradójicamente se vuelven a utilizar los impuestos como estandarte de promesas políticas, que en muchos casos son del todo irresponsables y de las que abusa todo el espectro ideológico.

El modelo fiscal de un país debe ser suficiente, eficiente, equitativo y estimulador de la actividad, porque así lo será de sí mismo: generará más bases imponibles y más recaudación. Luego podrá acaparar atributos de tipo subjetivo e ideológico, como si es justo o no, si tiene o carece de progresividad, etc. Pero sin suficiencia no genera eficiencia y carece de todo estímulo a la actividad emprendedora. Si no es capaz de generar los recursos suficientes, obligará a mantener un desequilibrio fiscal que a la larga dañará la economía por un exceso de deuda. Debe ser eficiente para no dedicar más recursos de los necesarios a la gestión del impuesto, y en tal condición lleva implícita la capacidad para regenerarse, para reactivar la economía y producir nuevas fuentes de riqueza. Una combinación proporcionada y justa de todos estos atributos hace de un impuesto personal un instrumento útil para la comunidad. La liquidación del impuesto personal que harán los españoles esta primavera será la última antes de los reajustes que han entrado en vigor en enero y que modifican sustancialmente las aportaciones sin cambiar la estructura del impuesto.

Estresa la escala del IRPF de tal forma que se reduce el marginal máximo, pero se abona desde una base relativamente baja, a la vez que se desfiscaliza una horquilla de renta más amplia. Reduce la aportación por rentas del capital o ahorro, pero limita la exención aplazada por aportaciones a planes de pensiones. Hace desaparecer el estímulo a la compra de casas, pero no pone el acento en el estímulo a la actividad productiva, más allá de los incentivos en Sociedades a las empresas pequeñas. Pero precisa más estimulo personal a emprender e invertir y a hacerlo en cuestiones de elevada productividad, como la formación o la capitalización de sociedades. Debería hacerlo, pero de forma coordinada para no perder la suficiencia de la que carece porque no toda la renta paga ni este ni ningún otro impuesto. En algunos gravámenes, España tiene el demérito de contar con los menores niveles de aportación de la UE, incluso aplicando unos tipos más elevados.

 

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