Ascienden a 105.600 millones de euros en la zona euro

El nuevo supervisor de la banca avisa: los créditos fiscales no deben ser capital

Danièle Nouy, presidenta del consejo de supervisión del MUS, y Vítor Constancio, vicepresidente del BCE.
Danièle Nouy, presidenta del consejo de supervisión del MUS, y Vítor Constancio, vicepresidente del BCE. REUTERS

El ambicioso ejercicio de revisión de la valoración de buena parte de los activos de la banca europea y la prueba de esfuerzo posterior para determinar su nivel de solvencia han puesto la primera piedra para la supervisión única europea, que inaugurará el BCE el 4 de noviembre, y para una unión bancaria que pretende ser real, en la que juzgar a las entidades del euro no por su país de procedencia sino por la verdadera naturaleza de sus riesgos.

Tanto la prueba de revisión de activos (conocida como AQR por sus siglas en inglés) como el test de estrés han intentado por tanto establecer criterios lo más homogéneos posible para examinar al conjunto de la banca europea con un rasero común, de modo que los resultados puedan ser realmente comparables de unos países a otros. Sin embargo, el ejercicio se ha encontrado con numerosas particularidades nacionales a la hora de establecer criterios de saneamiento de créditos dudosos, de clasificar activos ponderados por riesgo y de contabilizar determinadas categorías de recursos propios dentro de los ratios de capital.

El BCE y la Autoridad Bancaria Europea han intentado equiparar metodología y apenas lo han logrado con la definición de morosidad, para la que se ha considerado como préstamo dudoso aquel que suma 90 días de impago. La unificación de criterios no ha ido mucho más allá y, según reconocen fuentes financieras próximas a la elaboración del test, el objetivo del BCE como supervisor único será homogeneizar la normativa de cómputo de riesgos y de cálculos del capital.

Danièle Nouy, presidenta del mecanismo Único de Supervisión –la instancia integrada en el BCE que se hará cargo de la vigilancia de las entidades– reconoció el domingo en rueda de prensa que la armonización de la regulación es “algo que definitivamente debería ocurrir”. “Con el fin de lograr una supervisión consistente necesitamos una regulación consistente”, añadió. Si bien reconoció también que el momento actual no es el mejor posible para esa unificación puesto que el sector se encuentra en un período de adaptación de la directiva que recoge la normativa internacional de Basilea III, que recoge a su vez numerosas interpretaciones nacionales.

Los DTA, en el foco del BCE

El BCE muestra su reticencia en su informe agregado del ejercicio hacia los activos fiscales diferidos (DTA por sus siglas en inglés), un beneficio fiscal por beneficios futuros y que la banca española e italiana ha conseguido incluir como capital para el cómputo de la solvencia después de regular expresamente sobre ello y en contra del criterio de Basilea III. Esta salvedad nacional, aprobada en ambos países el pasado año, se ha tenido en cuenta en el test y ha sido determinante para la banca española, en la que los DTA tienen un peso superior al 15% sobre el ratio de capital Tier 1 previo al ejercicio del AQR, según explica el BCE.

Su volumen asciende a más de 25.000 millones de euros, sobre un total agregado de la banca de la zona euro de 105.600 millones de euros. Tras España, aparece Francia –con un volumen de más de 22.000 millones, equivalentes a alrededor del 9% del Tier 1–; Alemania –con más de 16.000 millones, el 10% del Tier 1– e Italia, con más de 7.000 millones de euros, que suponen el alrededor del 6% del capital. El cómputo de DTA supone de media en la zona euro el 10,6% del ratio de capital Tier 1 de punto de partida para la revisión de activos.

El BCE, en su nueva condición de supervisor único, no podrá dar marcha atrás a las regulaciones nacionales ya aprobadas en relación con los DTA, pero sí muestra abiertamente sus dudas hacia su uso, al señalar que los activos fiscales diferidos “no crean capital nuevo”. Advierte además que tienen implicaciones macroprudenciales, al considerar que si un banco no genera los beneficios futuros capaces correspondientes a créditos fiscales, es el Estado quien con su aval debe asumir el impacto de ese menor pago de impuestos, lo que refuerza “el vínculo adverso” entre riesgo soberano y bancario.

Las diferencias contables también han surgido en el ejercicio de AQR, ya que el 54% de las necesidades de capital (24.617 millones de euros) se han detectado en esa revisión de activos, “lo que pone de manifiesto la divergencia de criterios en los balances bancarios”, señala AFI.