Rato, Blesa y Barcoj declaran hoy en la Audiencia por las tarjetas ‘B’
El escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid, y posteriormente Bankia, llega hoy en primera persona a la Audiencia Nacional. Los que podrían ser los principales responsables de una práctica por la que un total de 82 consejeros gastó de espaldas a Hacienda 15,5 millones de euros declararán hoy como imputados ante el juez Fernando Andreu, que ya ha abierto una pieza separada para investigar esos gastos, en paralelo a la investigación que ya sigue por la venta de preferentes y por la salida a Bolsa de Bankia.
La cita será a las 15:00 de la tarde y comenzará con la declaración del exdirector financiero de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj, continuará con la de Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid hasta 2010 y concluirá con Rodrigo Rato, presidente primero de Caja Madrid y después de Bankia, la entidad en la que se integró la caja madrileña antes de su salida a Bolsa.
El orden de las declaraciones no es baladí, ya que se considera a Barcoj, mano derecha de Blesa y quien realizó el gasto más elevado en tarjetas B, sería el artífice de una estructura que habría contado, eso sí, con el visto bueno de los presidentes de la entidad financiera. Quien fuera mano derecha de Blesa consignó justo ayer en la Audiencia Nacional los 484.200 euros que cargó a su tarjeta de crédito opaca y defendió que en el escrito que acompaña al cheque que su uso era una “asignación retributiva complementaria especialmente destinada a compensar los gatos que hubiese de soportar”.
Las declaraciones de los tres exejecutivos de la entidad servirán para la investigación que el juez Andreu ha encargado a los dos peritos del Banco de España que analizan el caso Bankia y será la base sobre la que concretar acusaciones. Por el momento, el juez ha declinado ampliar la imputación a otros exconsejeros titulares de tarjetas B en espera de que se pronuncien los peritos. Fuentes jurídicas reconocen las dificultades de imputar a los consejeros un delito de fraude fiscal. Los gastos con esta tarjeta no se reconocían como parte del salario en la declaración del IRPF, pero esto no constituye delito si se hizo por una cantidad inferior a los 120.000 anuales, un límite que no se supera en ningún caso. Además, el delito fiscal prescribe al cabo de cinco años, lo que beneficiaría a buena parte de los titulares y de las cantidades recibidas.
La Fiscalía Anticorrupción ya ha apreciado posibles delitos societario y de apropiación indebida, que sí tendrían mayores visos de concretarse en una imputación, según señalan fuentes jurídicas.
El despacho asesor Herbert Smith Freehilss –que investigó el uso de las tarjetas B a petición de Bankia, quien luego envió el informe al FROB– no ve en cambio pertinente abrir la vía penal. La Fundación Caja Madrid también ha encargado informes en los que dilucidar, según explicaba ayer, si le corresponde o no reclamar las cantidades gastadas en tarjetas de consejeros y directivos. Y la tarea realizada por los despachos Pérez-Llorca, Baker & McKenzie y Grant Thornton concluye que “no le corresponde reclamar para sí la restitución del dinero gastado con las tarjetas”. Por tanto, la Fundación ha decidido devolver todos los ingresos que habían depositado en sus cuentas algunos implicados, por 462.549 euros.