El entramado de las comisiones
Los fondos de inversión se están convirtiendo en buena medida en la alternativa forzosa para muchos ahorradores que venían confiando gran parte de sus ahorros a depósitos bancarios. Para no pocos de ellos su experiencia con fondos es escasa o nula, por lo que es importante que reciban un asesoramiento adecuado, que conozcan las diferentes opciones, los riesgos, etcétera. Desgraciadamente, esto difícilmente lo van a encontrar en su más que probable destino al contratar fondos: los comercializadores.
Los comercializadores de fondos son los bancos, las sociedades o agencias de valores y los supermercados o plataformas de fondos. Su objetivo, que viene dado por su cuenta de resultados, no es otro que el de generar comisiones o ingresos por la comercialización de fondos, sean estos propios o de terceros. Se trata de una actividad lícita. Sin embargo, es manifiestamente incompatible con proporcionar un asesoramiento adecuado ya que su objetivo es en buena medida opuesto: maximizar los rendimientos por comisiones. No se trata de otra cosa que algo tan conocido como los conflictos de interés, pero que en el sector financiero alcanza una importancia crítica ya que estamos tratando con algo tan delicado como el dinero de las personas.
Como ya hemos revisado en alguna ocasión anterior en estas páginas, este conflicto de interés es el que lleva normalmente a las entidades comercializadoras a conducir a los inversores y ahorradores a tomar mayores riesgos de los debidos o a productos que no son adecuados para ellos porque de forma perversa, habitualmente, a mayor riesgo, mayores comisiones e ingresos generados. Por tanto, los conflictos de interés no son algo etéreo o intangible, sino algo muy concreto y con efectos tangibles, prácticos y potencialmente muy dolorosos. Sin embargo, en esta ocasión me voy a centrar en el aspecto de las comisiones porque es un tema absolutamente capital en estos momentos y sobre el que existe un enorme desconocimiento. Este desconocimiento se debe en parte a la proverbial falta de cultura financiera de los españoles y al opaco entramado desarrollado por el sector durante años como resultado de una regulación deficiente.
Recordemos primero qué es una comisión de gestión. Sencillamente, se trata de una comisión anual que se va devengando diariamente y que minora la rentabilidad bruta de la cartera de activos en la que invierte el fondo. Es tan real y afecta tanto al bolsillo que si para la misma cartera de activos un fondo tiene una comisión del 2% y otro del 1% es seguro que la rentabilidad del segundo será un 1% anual mayor. Es algo muy relevante si tenemos en cuenta dónde se encuentran los tipos de interés oficiales, la inflación y los intereses de los depósitos bancarios. Adicionalmente, la comisión de gestión no es el único gasto. Existen otros gastos anuales que se cargan a la rentabilidad de los fondos y que pueden consultarse en el DFI (documento fundamental del inversor). No puedo expresar cómo de importante es consultar el último DFI del fondo, un documento obligatorio que contiene información como el nivel de riesgo o el ratio de gastos totales anuales cargados al fondo.
En el caso de los fondos domiciliados en España, lo que se denomina fondos nacionales y donde normalmente la gestora pertenece a algún grupo financiero local, las comisiones y gastos anuales por término medio son elevados. Además, la gestión suele ser bastante deficiente y en no pocas ocasiones responde a los intereses de otras unidades de la entidad. Sin embargo, lo que resulta verdaderamente interesante es esa sopa de letras que acompaña al final del nombre a la gran mayoría de fondos internacionales. Los fondos internacionales registrados para su venta en España comandan en términos generales una mayor calidad de gestión y por ello su creciente popularidad entre los inversores y ahorradores españoles. Sin embargo, esta sopa de letras no son más que diferentes niveles de comisiones para cada una de las diferentes clases del mismo fondo y resulta uno de los aspectos más opacos y menos beneficiosos para los ahorradores nacionales. Para un inversor individual resulta prácticamente imposible navegar con éxito dicho entramado. En las clases caras, que penalizan gravemente la rentabilidad de los productos, las elevadísimas comisiones de gestión enmascaran en realidad abusivas comisiones de distribución o comercialización que un ahorrador no debiera pagar.
La clave del asunto para el ahorrador conservador, que son mayoría en España y que desde luego es el perfil mayoritario de los que provienen de los depósitos, es que una rentabilidad neta del entorno del 1%-3% es el máximo a lo que pueden aspirar sin incurrir en riesgos excesivos. La obtención de este 2% por término medio sin riesgos significativos es posible, pero solo si pagan unas comisiones de gestión muy ajustadas, algo que el sistema actual dificulta enormemente para un inversor minorista.