¿Votaremos para mejorar el modelo social europeo?
Las consecuencias que está teniendo la crisis actual en el bienestar de algunos grupos sociales: desempleo, recortes en prestaciones sociales y grandes desigualdades en la distribución de la renta, justifican que, ante las elecciones europeas del 25 de mayo, nos planteemos los electores la responsabilidad social de nuestro voto. Se habla por eso de la necesidad de revisar el modelo social europeo vigente para hacer más rápida y efectiva la recuperación social.
Naturalmente, para esta decisión electoral lo primero es saber si existe tal modelo y, en caso afirmativo, conocer bien en qué consiste y cuáles han podido ser las causas de su inoperancia.
Nos puede ayudar para responder a estas cuestiones hacer memoria de experiencias pasadas pues, en crisis anteriores, en los últimos años del siglo pasado y sobre todo en el 2005 se plantearon ya cuestiones parecidas. Fue particularmente llamativa la propuesta que hizo el premier Tony Blair, durante la presidencia británica, en el segundo semestre del 2005, al convocar una cumbre para proponer una adaptación del MSE al modelo anglosajón. Los gobernantes de otros países comunitarios y algunas instituciones como la Confederación Europea de Sindicatos respondieron oponiéndose radicalmente a la propuesta, afirmando que en el sistema socioeconómico europeo de la economía social de mercado estaba ya incluído el modelo social europeo.
Revisando en las hemerotecas de aquellos años se pueden encontrar frecuentes trabajos en los que se precisa la naturaleza de ese modelo social europeo, como parte integrante de un conjunto armónico de organización económica y social, que es lo que se llama economía social de mercado.
Los objetivos y valores de este modelo social europeo están recogidos en la Carta sobre los derechos fundamentales, aprobada en el año 2000 y su instrumentación se concreta en el título X del Tratado de Lisboa que resume la política social expuesta en los Tratados de Maastricht, Amsterdam y Niza.
Según estos tratados las políticas sociales son competencia de los Estados miembros, que según el artículo 153 tendrán un apoyo complementario de la Unión. Esta distribución de competencias debería tenerse muy en cuenta en las acusaciones que se hacen a la UE, como si fuera la responsable, en última instancia, de los graves problemas sociales originados por la crisis. Dada, sin embargo, la interdependencia entre los factores económicos y sociales y puesto que en el sector monetario sí que existe para los países de la eurozona una gestión comunitaria, que, según lo dicho, no se da en la Política Social, resulta evidente que el modelo social europeo tiene que tener una efectividad muy reducida si se limita al enunciado comunitario de valores y objetivos y a la distribución de algunos recursos a través de sus fondos estructurales. Por eso parece necesario que uno de los objetivos para las próximas elecciones sea proponer un esfuerzo de mayor integración social como el que se está intentando realizar en la políticas financiera y fiscal.
Para decidir, por tanto, un voto favorable para mejorar la eficacia del modelo social europeo hemos de reconocer lo positivo que se ha conseguido hasta el momento, dadas las limitaciones del diseño que aparece en los tratados. Pero en los pasos que se han de dar para mejorar su funcionamiento, a partir de un planteamiento objetivo y realista, y teniendo en cuenta los cambios que se están dando para una mayor integración comunitaria, no se debe olvidar la vigencia del principio de subsidiariedad, establecido en el artículo 5 del Tratado de Lisboa y en el Protocolo adjunto sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, de acuerdo con la peculiar organización que caracteriza a la UE desde su concepción original.
Eugenio M. Recio es profesor honorario del Departamento de Economía de ESADE.