“Hacen falta 10.000 millones de euros en inversiones”
El representante de las empresas de tecnología del agua pide un marco jurídico que favorezca la colaboración público-privada en el sector
Asagua, la asociación española de empresas de tecnologías del agua, estima que se necesitan unos 10.000 millones para cerrar el déficit de infraestructuras de saneamiento y depuración originado por la caída de la inversión pública en los últimos cinco años.
Pregunta. ¿En qué estado se encuentran las infraestructuras hidráulicas en España?
"Si la inversión en infraestructuras hidráulicas sigue cayendo, en poco tiempo se notará, y mucho”
Respuesta. Esa pregunta no admite una respuesta en blanco y negro porque para que el agua salga de nuestros grifos primero ha tenido que ser cogida de un río, transportada y potabilizada. Luego va a una red de alcantarillado y recibe un tratamiento para que vuelva limpia al río. Todo eso requiere mucha infraestructura. ¿En qué estado se encuentra? En general, gracias al esfuerzo de las operadoras y de la propia Administración, en el mismo que al inicio de la crisis. Pero si la falta de inversión sigue prolongándose, en poco tiempo cambiará, y mucho. Ya la UE nos ha condenado por verter aguas residuales sin depurar. Como ese, hay otros procedimientos abiertos.
P. ¿A cuánto asciende el déficit de inversión?
R. Ahora mismo harían falta alrededor de 10.000 millones de euros, que parece mucho pero que en realidad es muy poco si lo comparamos con el PIB del país. Eso nos lleva a otra cuestión muy importante que son los planes hidrológicos. Estos cuantificarán cuánto dinero se necesita con exactitud. En pocos días, por ejemplo, se enviará el del río Júcar al Consejo Nacional del Agua para su aprobación.
P. Si las arcas públicas están vacías, ¿de qué alternativa disponemos para acometer estas obras?
R. Hay otras fórmulas, como la colaboración público-privada. Pero para que este modelo funcione hay que garantizar al inversor que no va a perder su dinero. El problema es que las competencias están muy compartidas con los municipios [son estos los que fijan las tarifas] y el servicio no lo paga el usuario final sino el ayuntamiento. El inversor pregunta: ¿quién paga?, ¿el usuario? No, el ayuntamiento. Entonces, ya me interesa menos o la tasa de interés no va a ser del 8% o 9% sino del 16%.
P. ¿El precio que pagamos por el agua es el justo?
R. No pagamos lo que cuesta. Hay municipios, como el de Madrid, en que sí, pero son la excepción. La Directiva Marco del Agua aprobada en 2000 impuso que se repercutieran todos los costes, incluidos los de las infraestructuras, pero en la práctica no se cumple porque a lo mejor al político de turno no le interesa subir el precio. Ese es un problema y, colateralmente, nos lleva al tema de si deberíamos tener un regulador único o no.
P. El Gobierno prepara una reforma que apunta en esa dirección.
R. Daremos una opinión cuando conozcamos el anteproyecto. Pero no sería nada malo.
