Tribuna

Representación de los trabajadores en la UE

El desempleo registrado disminuye en 1.949 personas (-0,04%), en el mes de febrero, hasta alcanzar la cifra de más de 4,8 millones de parados, según los Servicios Públicos de Empleo. Por su parte, la Seguridad Social aumenta en 38.694 afiliados ocupados (0,24%). En este contexto, algunos analistas siguen considerando a los sindicatos como un agente distorsionador del mercado de trabajo por ser, dicen, la causa principal de determinadas rigideces de la economía, lo que repercutiría negativamente en la tasa de paro. Asimismo, insisten en que los sindicatos de nuestro país están excesivamente financiados, tanto en términos materiales (subvenciones) como humanos (horas sindicales, “liberados”), para concluir que el funcionamiento del mercado de trabajo es tanto más eficiente (tasa de paro, por tanto más reducida) cuando menor sea su intervención.

Sin embargo, tales opiniones contrastan con los datos reales y los análisis más rigurosos, como los aportados por la Encuesta Europea de Empresas (ECS), realizada en 2013, por el Instituto Gallup para la agencia comunitaria Eurofound, y cuyos primeros resultados han comenzado a publicarse recientemente, aportando información relevante sobre los modelos de gestión empresarial (contratación, organización del trabajo, innovación, formación) y de relaciones laborales (participación y diálogo social).

De dicha información se desprende claramente que en lo referente a la regulación legal y aporte real de recursos materiales y de tiempo para el ejercicio de las funciones de representación, nuestro país se sitúa en una posición bastante inferior a la media europea. En el primer caso, la ECS’2013 informa que, para el conjunto de la Unión Europea, el 37% de la representación de los trabajadores tiene acceso a financiación de las propias empresas para costear el asesoramiento externo (jurídico, económico, técnico) necesario para el ejercicio de sus funciones, mientras que en el caso español dicho porcentaje se reduce prácticamente a la mitad (19%).

Pero las mayores diferencias y limitaciones a la representación de los trabajadores se registran en la asignación de tiempo efectivo para el desarrollo de sus funciones, contradiciendo de nuevo en la práctica uno de los tópicos antisindicales más difundidos: el relativo a las horas de disposición sindical y a los llamados “liberados”.

En este sentido, la ECS’2013 informa que el 56,2% del total de representantes sindicales europeos tiene acceso a todo el tiempo necesario para el desarrollo de sus funciones e, incluso, un 3,5% del total dispondrían a tal efecto de su jornada completa en cómputo anual. Ello, contrasta de manera significativa con nuestro país al situarnos a la cola de la UE, pues sólo el 28,3% de los representantes elegidos en las empresas españolas dispone del crédito horario necesario para el ejercicio de sus funciones (y sólo el 0,1% de jornada completa).

Y todo ello, a pesar de que la UE cuenta con una tasa media de cobertura de la representación sindical de los trabajadores muy inferior a la española, cualquiera que sea el canal por el que se realice: participación directa (secciones sindicales de empresa) o indirecta (delegados y comités de empresa elegidos por los trabajadores) equivalente a un tercio de las mismas (el 32,1% exactamente), frente al 57% de nuestro país, según el citado informe.

Tan significativo desajuste (el doble de representatividad y la mitad de los recursos) pone, una vez más, de manifiesto lo infundado de las críticas que a este respecto reciben los sindicatos españoles, cuya formulación carece de soporte empírico y más parece responder a intereses ideológicos de deslegitimación del sindicalismo, como estrategia complementaria a los procesos de desregulación laboral y desigualdad social. Los problemas laborales son importantes no sólo para los trabajadores y los empresarios; también afectan al conjunto de la sociedad. Por lo tanto, la forma en que se resuelvan estas cuestiones tiene importantes consecuencias para la salud social y económica de nuestro país. Por ello, la actuación y participación, de los interlocutores socioeconómicos, representan un papel esencial para la salida de la crisis. Aunque el crecimiento económico sigue siendo el principal motor de la creación de empleo, su creación depende también de las medidas que se adopten respecto al mercado de trabajo. Posiblemente, no baste con estimular el crecimiento para crear más y mejores empleos. También el entorno socioeconómico, sin olvidar la cohesión social, es una condición necesaria para favorecer la creación de empleo y en ése ámbito la intervención del sindicalismo democrático es, sin duda, muy importante.

Pere J. Beneyto es catedrático de la Universidad de Valencia y Vicente Castelló de la Universidad Jaume I-Castellón.