Un empleo que sostenga las prestaciones
El empleo parece haberse estabilizado solo seis meses después de haberlo hecho la actividad económica. Los registros de la Seguridad Social, la variable anticipada de más rápido conocimiento público y más veraz sobre el comportamiento de la ocupación, revelan que a 31 de enero hay prácticamente los mismos cotizantes (ocupados) que hace un año (un descenso del 0,04%), y que durante cinco meses consecutivos de avance el número de afiliados cotizantes medido de forma desestacionalizada se ha incrementado en 131.900. Son movimientos que certifican que el empleo ha tocado fondo, que el ajuste estructural de las plantillas ha concluido y que la ocupación comienza a moverse lentamente siguiendo la estela del crecimiento de la economía.
Desconocemos cuál será la elasticidad del empleo respecto al crecimiento, puesto que la crisis ha transformado el mercado de trabajo, tanto por la presión bajista sobre los costes (salarios) como por las modificaciones legislativas que han abaratado el despido y han flexibilizado todas las condiciones de trabajo. Pero a juzgar por la evolución de los últimos meses, en los que la contratación se ha movido a los ritmos de la actividad económica, puede asegurarse que un avance del PIB de un 1% pone en marcha la generación de empleo. Es, eso sí, un empleo diferente. Es más barato, con otra disponibilidad horaria y más fácil de rescindir si la coyuntura lo aconsejase a los empleadores. Es un empleo de mucha menos calidad el que empieza a moverse cuando el número de personas trabajando ha descendido con la crisis hasta los niveles de hace diez años largos.
La dificultad ahora está en que con estos niveles de ocupación hay que financiar los mayores niveles de dependencia social de la historia de España, tanto de pasivos (nueve millones de pensionistas) como activos de reserva (desempleados), que suponen el 25% de los dispuestos a trabajar. Porque con la estructura fiscal y de Seguridad Social que España tiene, es el empleo la única fuente de la que emanan recursos para financiar pensiones y desempleo, así como el resto de los servicios públicos. Con un empleo de coste crecientemente inferior, la renta generada será inferior también, e inferior será su aportación por cuotas y tributaria.
Como mecanismo de entrada en el mercado de trabajo en los trimestres de salida de la crisis, puede considerarse válido, como en el pasado lo fue el contrato temporal de fomento de empleo. Pero una devaluación continua de los costes llevaría a una inevitable deflación y a una depreciación de los pilares fiscales del Estado que pondría en peligro su financiación. Esta especie de deriva hacia una nueva y perniciosa dualidad laboral debe ser corregida con un sistema de contratación riguroso que dé facilidades a los empleadores, pero siempre que el principio de causalidad sea respetado.