Madrid y Cataluña urgen a acelerar el nuevo modelo de financiación
Todos los expertos coinciden en que el modelo actual es demasiado complejo Por primera vez, Cataluña renuncia a liderar las reclamaciones para reformar el sistema
La primera reunión del grupo de trabajo para la reforma del sistema de financiación autonómico celebrada el jueves pasado supuso solo una primera toma de contacto, pero ya sirvió para trazar divisiones entre bandos enfrentados. Así, un grupo liderado por Madrid e integrado por Cataluña, Valencia o Baleares defendió acelerar la reforma del sistema, mientras que otras comunidades como Extremadura, Asturias, Cantabria o La Rioja no mostraron ningún interés para avanzar en la reforma en la medida en que resultan especialmente beneficiadas.
Madrid tiene prisa para cambiar el modelo porque considera que la financiación actual resulta perjudicial para sus intereses. Lo mismo sucede con Cataluña, sin embargo, la Generalitat ahora mismo se encuentra en plena ofensiva soberanista y, por primera vez en Democracia, tiene la intención de no liderar la reforma del sistema de financiación. Desde que Jordi Pujol arrancó en 1993 el 15% del IRPF para las autonomías, Cataluña siempre ha abanderado las reclamaciones para mejorar el modelo que, en su visión, equivale a elevar la capacidad recaudatoria y la participación de las autonomías en los impuestos estatales.
Hacienda advierte que no aportará recursos adicionales, lo que dificulta el acuerdo
En cualquier caso, el actual sistema es tan endiabladamente complejo que incluso para las propias comunidades resulta difícil saber si forman parte de las beneficiadas o de las perjudicadas. Precisamente por ello, el grupo de trabajo –formado por miembros de perfil técnico del Ministerio y de las consejerías de Hacienda– aprobó que antes de entrar en el fondo del asunto, cada comunidad remitiera en el plazo de un mes y medio un análisis sobre el sistema actual. Con esta información, el Gobierno elaborará un estudio y se iniciará el debate de fondo.
El modelo vigente se aprobó en 2009 y de alguna forma es el reflejo evidente del intento –baldío como se ha comprobado– de contentar a todo el mundo. El sistema parte de un de Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales que se nutre sobre todo de los impuestos cedidos. Su objetivo es garantizar la financiación de los servicios esenciales en función de la población ajustada. Es decir, el sistema tiene en cuenta variables como el envejecimiento o la dispersión, ya que el gasto público aumenta si el porcentaje de ancianos es mayor o si existen muchas poblaciones aisladas que impiden las economías de escala.
También existe un fondo de suficiencia global, definido como de cierre, para asegurar que el modelo cubre las necesidades de financiación. La batalla política derivó en la creación de otros dos instrumentos. El llamado fondo de competencia, ideado para reducir las diferencias de financiación per cápita y el fondo de cooperación, para nutrir de recursos a las regiones más pobres. Hacienda ha puesto una, pero importante línea roja: el Estado no pondrá recursos adicionales, lo que dificulta el acuerdo.
¿Quién gana y quién pierde con el reparto autonómico actual?
Más allá de los intereses y disputas autonómicos, los expertos coinciden en criticar la complejidad del actual sistema de financiación. ¿Quién gana y quién pierde con el actual modelo?
Una forma de responder a la pregunta es calcular la financiación per cápita en función de las entregas a cuenta del Estado y de las liquidaciones anuales. Con los datos de este año, Cantabria (2.546 euros por habitante) recibe la mayor financiación. Le siguen La Rioja y Extremadura. En el lado opuesto, se encuentran Valencia, Madrid y Murcia.
Sin embargo, esas cifras no tienen en cuenta que unas comunidades tienen más competencias que otras y tampoco están corregidas por población ajustada. Ángel de la Fuente, del CSIC, sí realizó estos cálculos para el año 2010 y señaló que Cantabria, La Rioja y Asturias destacaban por ser las regiones mejor financiadas y las peores eran Valencia, Canarias y Andalucía.