Una política económica competitiva
La decisión de la Comisión Europea de suprimir los objetivos nacionales de consumo de energías renovables constituye, más allá de cualquier otra consideración, un claro y evidente ejercicio de pragmatismo. El anuncio de Bruselas supone un drástico giro en materia de política energética y exige modificar unos planes aprobados en 2008 con la intención de que estuviesen en vigor hasta 2020. Pese a que todavía restan seis años para alcanzar esa fecha, la Comisión ha optado por corregir el rumbo que ella misma adoptó antes del comienzo de la crisis. En aquel momento, Europa fijó un objetivo medio de reducción de emisiones de CO2 del 20%, uno de consumo de energías renovables del 20% y una mejora de la eficiencia energética del 20%. Cinco años después y, sobre todo, una larga y destructiva crisis económica después, esa hoja de ruta se rediseña para concentrarse en un único objetivo vinculante: la reducción de un 40% de emisiones de CO2. Esa decisión incluye también eliminar los objetivos nacionales en energías renovables y permitir a cada Estado decidir si apuesta o no por la energía limpia. El anuncio de Bruselas ha llegado acompañado de unos datos que evidencian hasta qué punto la política energética europea de los últimos años ha discurrido al margen de criterios económicos y de competitividad. Según un informe del organismo, los precios de la electricidad para los hogares de la UE aumentaron a un ritmo anual de más del 4% entre 2008 y 2012. En el caso de países como España, donde crecieron un 46%, Polonia (un 38%) o Portugal (37%), ese aumento fue exponencial. Otro tanto se puede decir de una industria europea que paga hasta cuatro veces más por el gas que las empresas estadounidenses, indias o rusas. Es cierto que Bruselas atribuye esas subidas a varios factores –entre los que figuran los costes de distribución, aumento del IVA y cogeneración– y que en el caso de España los dos primeros explican buena parte del incremento, pero también lo es que uno de los factores alcistas que incluye la CE al referirse a nuestro país son las primas de las renovables.
En líneas generales, el golpe de timón adoptado en Bruselas relega la sostenibilidad como principio rector de la política energética europea y la sustituye por la competitividad. Un cambio de estrategia que puede resumirse en estas palabras: energía limpia sí, pero no a cualquier precio. La decisión de flexibilizar los objetivos está respaldada por las grandes economías de la UE –Alemania, Francia, Reino Unido y España– y cuenta también con el apoyo objetivo de las cifras. Todo ello supone que Europa, finalmente, ha decidido decantarse por el realismo y la eficiencia. Aunque, como es habitual en materia de gobernanza comunitaria, nadie asuma la responsabilidad de haber diseñado una política energética cuya desproporcionada factura resulta hoy difícil de justificar.