Tribuna

Una óptima evaluación medioambiental

Política medioambiental y sostenibilidad son conceptos que deben ir de la mano como elementos vertebradores de la sociedad. El desarrollo equilibrado y respetuoso con el entorno es capital en una sociedad moderna. Y requiere que las reglas sean claras. Solo de este modo se puede salvaguardar el patrimonio natural de manera eficaz.

En el cumplimiento de este objetivo, la evaluación ambiental –una técnica diseñada para prevenir el impacto de la actividad económica sobre los valores naturales– juega un papel de primer orden. Es el mecanismo que garantiza que el avance económico sea respetuoso con el entorno.

Pero la evaluación ambiental solo puede cumplir la función que le es propia si las normas que la regulan son precisas, están plenamente coordinadas y proyectan su eficacia sobre las actividades que verdaderamente tienen consecuencias sobre el medio. La proliferación de leyes y las tramitaciones administrativas excesivas o con plazos que se eternizan en el tiempo no facilitan la protección del patrimonio natural. Al contrario, constituyen un obstáculo para la actividad económica en un entorno en el que es más necesario que nunca crear empleo.

Este escenario no es una abstracción y las cifras así lo demuestran. A fecha de hoy, la media de resolución de los proyectos sujetos a un procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental está próxima a los tres años y medio y se calcula que existen unos 10.000 expedientes aún pendientes de resolución en todo el territorio del Estado. La nueva Ley de Evaluación Ambiental, impulsada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y que entra hoy en vigor, da respuesta a esta situación.

Se trata de un marco jurídico que garantiza plenamente la protección ambiental al tiempo que responde a la necesidad de introducir cambios en un modelo que debe corregir errores y renovarse. La experiencia acumulada con más de 5.000 proyectos evaluados por la Administración General del Estado permite hacer un diagnóstico preciso de las fortalezas y carencias que muestra la normativa anterior.

Esta norma simplifica a partir de ahora trámites y ofrece un escenario más ágil para las iniciativas con menor incidencia sobre el entorno; pero resulta estricta con los impactos ambientales significativos. Con el norte puesto en las directrices que marca la Unión Europea, la normativa ambiental se renueva y adapta a los nuevos tiempos. Retos tan inmediatos como la lucha contra el cambio climático o la técnica de fractura hidráulica (fracking) están expresamente contemplados en la norma. Respecto a los proyectos que conllevan la técnica de fractura hidráulica, el Gobierno ha decidido aplicar un criterio de precaución sometiendo a evaluación dichos proyectos. La Ley de Evaluación Ambiental ratifica este criterio con la inclusión de esta tipología de proyecto en el procedimiento de evaluación ambiental ordinario.

Aporta también soluciones a cuestiones de actualidad como la posibilidad de sancionar determinadas actividades de bunkering y da carta de naturaleza al histórico Acuerdo del Tajo entre cinco comunidades autónomas para una participación consensuada en la gestión del agua.

En definitiva, con la nueva Ley de Evaluación Ambiental se rediseña el modelo actual para eliminar las ineficiencias, al tiempo que se garantiza la máxima protección ambiental y se afrontan los nuevos desafíos de una manera rigurosa.

La norma es, pues, una buena prueba de la necesidad de aunar esfuerzos para que se consolide la alianza entre protección ambiental y desarrollo sostenible.

Federico Ramos es Secretario de Estado de Medioambiente

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