El Foco

¿Jaque fiscal a las multinacionales?

No cabe duda que en un contexto de crisis, la recaudación de impuestos se convierte en un aspecto primordial para los Estados de cara a cuadrar sus presupuestos. Al mismo tiempo, según varios estudios, algunas empresas multinacionales, en particular las del sector de las nuevas tecnologías, estarían contribuyendo, a partir de prácticas fiscales agresivas, a la erosión de la recaudación de varios países en favor de otras jurisdicciones con una fiscalidad más ventajosa. Este fenómeno, que ha llegado a desembocar incluso en un cierto revuelo mediático, ha situado este tema bajo el foco de atención tanto de la opinión pública como de las autoridades tributarias.

A raíz de lo anterior, el G20 ha impulsado junto con la OCDE un plan de acción destinado a evitar la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios empresariales conocido como BEPS (“Base Erosion and Profit Shifting”) causados por las multinacionales. Llegados a este punto, son varios los interrogantes que quedan en el aire, motivo por el cual cabe preguntarse entre otras cuestiones: ¿Cuál es el detonante clave del fenómeno BEPS? Así como también, desde una perspectiva de futuro, ¿cuál será el impacto real del plan de acción sobre la estrategia fiscal de las multinacionales?

Respondiendo a la primera de las cuestiones, parece evidente, como directamente ha apuntado la OCDE, que la “manipulación” de los precios de transferencia es la principal fuente de este problema. Es por ello que en la actualidad se están debatiendo, en el marco de la OCDE, aquellos aspectos relacionados con los precios de transferencia que deberán ser reforzados en los próximos dos años de cara a mejorar su control.

El último debate público en el seno de la OCDE ha sido celebrado a través de una “Public Consultation” que tuvo lugar los días 12 y 13 de noviembre en la sede de este organismo en París. Esta consulta resulta de extrema importancia dado que la OCDE y las diferentes delegaciones de países miembros, así como otros países integrantes del G20, quieren mantener un diálogo abierto con el sector privado para elaborar futuras recomendaciones en materia de precios de transferencia.

La “manipulación” de los precios de transferencia es la principal fuente de este problema

Los temas discutidos en dicha consulta han sido la implantación de la Comunicación por países (“Country-by-Country Reporting”), la documentación de precios de transferencia, así como los aspectos relevantes en las operaciones sobre intangibles y la problemática de los precios de transferencia en relación con las BEPS.

En el marco del proyecto de implantación de la Comunicación por países, se requiere a las empresas multinacionales aportar datos financieros tales como los ingresos, el impuesto sobre sociedades, el número de empleados, etc., por países o empresas, con el objetivo de proporcionar una visión global del grupo multinacional a las autoridades tributarias. No obstante, el sector privado ha manifestado su deseo de que la información facilitada sea tratada de forma confidencial. Además las empresas se mostraron preocupadas con el uso que las autoridades tributarias pudieran hacer de dicha información, ya que podría ser utilizada con fines distintos a los de la comprobación del valor normal de mercado de las operaciones vinculadas.

Por otro lado, en relación con la documentación de precios de transferencia, tanto el sector privado como la OCDE reconocen que la documentación únicamente debería contener la información más fácil de obtener para las empresas y que, a su vez, sirva para demostrar el cumplimiento con la normativa de precios de transferencia. Además, coinciden en la necesidad de establecer criterios uniformes de documentación en los diferentes países con el fin de reducir los costes de preparación de la misma para los grupos multinacionales.

A pesar de estos objetivos, se ha constatado que la redacción actual del borrador del proyecto sobre la documentación de precios de transferencia, publicado por la OCDE, continúa con la tendencia a solicitar cada vez más información a los obligados tributarios. Con carácter adicional, el sector privado ha resaltado la importancia de establecer límites en relación al importe de la operación o volumen de negocio (los denominados “criterios de materialidad”) a partir de los cuales se solicite esta documentación reduciendo así los costes para la elaboración de la misma.

Los multinacionales deben estar preparadas para hacer esfuerzos adicionales para cumplir con sus obligaciones

Otra parte de la “Public Consultation” estuvo dedicada a los aspectos de precios de transferencia sobre intangibles. En este sentido, los principales puntos tratados fueron la definición de qué se entiende por activos intangibles a efectos de precios de transferencia, así como las dificultades encontradas en la valoración de los mismos. Cabe mencionar que, por su naturaleza, el intangible es un bien único y cuya valoración supone un ejercicio subjetivo.

El último tema tratado fue el relativo a la problemática de los precios de transferencia en relación con las BEPS. En particular, el foco del plan de acción de las BEPS se centra en las operaciones financieras, operaciones sobre intangibles, así como otras transacciones (p. ej. “management fees”). Estas operaciones son las más frecuentemente utilizadas para desviar beneficios empresariales a otros países. Con base en lo anterior, la OCDE abre la posibilidad de recalificar aquellas operaciones que no respondan a criterios económicos reales. Por su parte, el sector privado ha resaltado que los criterios clave a la hora de determinar una recalificación no son siempre objetivos, lo que provoca un aumento de la inseguridad jurídica para las empresas y puede dar lugar a casos de doble imposición cuando los Estados califican de forma diferente a una misma operación.

Si bien el debate se encuentra en su fase de tramitación inicial, de cara a contestar la segunda pregunta mencionada anteriormente sobre el impacto de estos cambios en la estrategia fiscal de las multinacionales, todo apunta a que se está consolidando una tendencia a implementar herramientas de control más precisas para combatir eficientemente estructuras u operaciones artificiales cuando no se demuestre la realidad económica de las mismas. Por lo tanto, los grupos multinacionales que han venido desarrollando una planificación fiscal agresiva deberían prestar especial atención a estos avances.

En España, existe desde 2009 la obligación de preparar la documentación de precios de transferencia y la falta de la misma puede conllevar elevadas sanciones. Cabe recordar que el Tribunal Constitucional en su sentencia del 11 de julio de 2013 ha considerado válido el régimen sancionador español de precios de transferencia.

En septiembre de 2014, la OCDE habrá finalizado las recomendaciones relativas a la implantación de la comunicación por países y al contenido de la documentación de precios de transferencia. Muy probablemente, España se alineará con las recomendaciones de la OCDE adaptando sus requisitos internos de documentación e implementando la comunicación por países. A la vista de todo lo anterior, las empresas que formen parte de grupos multinacionales deben estar preparadas para hacer esfuerzos adicionales para cumplir con sus obligaciones en materia de precios de transferencia y reducir de esta forma sus riesgos fiscales.

 

Mariana Robles / Olivier Broch. Departamento de Precios de transferencia de Rödl & partners

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