Cuatro regiones amenazan con recurrir la reforma local
La reforma de la Administración local era una de las fuentes de ahorro más importantes que prevé el Ejecutivo en su hoja de ruta para cuadrar las cuentas públicas. Entre 2015 y 2019 prevé que las administraciones podrían llegar a ahorrar más de 8.000 millones. Un importe que puede peligrar si prospera la rebelión autonómica escenificada ayer en el Senado. Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias anunciaron que si el Gobierno no rectifica, acudirán al Tribunal Constitucional para defender sus respectivos Estatutos y la autonomía local.
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, acusó a esas cuatro autonomías de no quereara “asumir competencias que ya son suyas”. En declaraciones a los medios en el Senado, donde se reunió la Comisión General de las Comunidades Autónomas, afirmó que la reforma local busca que el reparto competencial “se ajuste” a la Constitución y que “cada uno asuma sus obligaciones”. Ese es el principal punto de fricción entre comunidades y ayuntamientos: los municipios dejaran de asumir más de 4.000 millones de gastos que le corresponden a las autonomías, que dispondrán de un plazo de tres años para hacerse cargo de ellas. La norma, además, fija que las competencias en educación, sanidad y servicios sociales pasarán íntegramente a los presupuestos autonómicos en un espacio de tiempo que no supere los cinco años.
