La reforma de la Administración local era una de las fuentes de ahorro más importantes que prevé el Ejecutivo en su hoja de ruta para cuadrar las cuentas públicas. Entre 2015 y 2019 prevé que las administraciones podrían llegar a ahorrar más de 8.000 millones. Un importe que puede peligrar si prospera la rebelión autonómica escenificada ayer en el Senado. Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias anunciaron que si el Gobierno no rectifica, acudirán al Tribunal Constitucional para defender sus respectivos Estatutos y la autonomía local.
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, acusó a esas cuatro autonomías de no quereara “asumir competencias que ya son suyas”. En declaraciones a los medios en el Senado, donde se reunió la Comisión General de las Comunidades Autónomas, afirmó que la reforma local busca que el reparto competencial “se ajuste” a la Constitución y que “cada uno asuma sus obligaciones”. Ese es el principal punto de fricción entre comunidades y ayuntamientos: los municipios dejaran de asumir más de 4.000 millones de gastos que le corresponden a las autonomías, que dispondrán de un plazo de tres años para hacerse cargo de ellas. La norma, además, fija que las competencias en educación, sanidad y servicios sociales pasarán íntegramente a los presupuestos autonómicos en un espacio de tiempo que no supere los cinco años.
