Frente común contra el coste por servicio de la reforma local
Los ayuntamientos descartan una privatización masiva de servicios La FEMP quiere que el coste estandar solo se aplique a municipios no solventes
El más vehemente con el texto ha sido el Consejo de Estado, que en un informe muy crítico dice que hay aspectos que rozan la insconstitucionalidad y que otros son muy difusos, como por ejemplo la definición del coste estándar para un servicio público. El Ejecutivo establece que si un ayuntamiento no presta un servicio a un coste que la Administración Central considere adecuado, este podrá ser licitado para que una empresa privada lo haga. Un permiso que el Consejo de Estado tilda de “cheque en blanco”. Por ello recomienda que se revise ese concepto, que se clarifique si será único para todos los servicios y cómo se calculará, algo solicitado con insistencia por parte de la FEMP. De hecho, el presidente de la Federación, Íñigo de la Serna, reclamó una reunión con Hacienda para que el coste estándar “solo se aplique a consistorios no solventes, a servicios que generen economías de escala y con un plazo transitorio de un año para adaptarse al nuevo modelo.
Esa misma reivindicación fue realizada ayer por representantes municipales y autonómicos en una jornada sobre colaboración público-privada, organizada por Arvato Iberia, filial de la alemana Bertelsmann. Emili Rubio, director de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona, cree que no es correcta la visión de “despilfarradoras” que se transmite de las Administraciones y considera un error analizar la prestación de servicios desde la única óptica del coste. “No nos sobra el dinero y lo gastamos bien”, subrayó. En la misma línea, Luis Olavarría, director gerente de Emergencias Sanitarias de la Junta de Andalucía, recalcó la necesidad de contar con especialistas para ofrecer servicios de calidad a ciudadanos en temas tan importantes como la sanidad. “Hemos hecho alguna prueba piloto en la aplicación de un coste estándar en servicios y los resultados han sido satisfactorios, pero en ningún caso estamos pensando en ampliarlo a toda la cartera”. Olavarría coincidió con Rubio al señalar que no todos los servicios pueden ser externalizados.
Los sindicatos creen que aún sobran más asesores
Otro opositor a la reforma presentada por el Ejecutivo para la Administración Local es el presidente del sindicato de la función pública C-SIF, Miguel Borra, quién, a la luz del informe del Consejo de Estado, reclamó al Ejecutivo una revisión en profundidad de la reforma local. En concreto sus peticiones se centraron en dos cuestiones: la definición de un catálogo de los servicios que no deben ser externalizables “para que no dependa del político de turno que se sigan prestando de manera directa o a través de una contrata” y la búsqueda de ahorros a través de los asesores y no de los empleados públicos. “El número de asesores que permite el proyecto de ley (6.489 personas), aun siendo una importante reducción, se sigue antojando excesivo”, dijo.
