PSOE e IU piden su retirada por atentar contra la autonomía municipal

Todos los alcaldes piden cambios de calado en la reforma local de Rajoy

Exigen que las competencias en educación sean asumidas íntegramente por las autonomías

Reclaman libertad para fijar el precio de los servicios para los municipios saneados

Todos los alcaldes piden cambios de calado en la reforma local de Rajoy

La reforma de la administración local sufrió el rechazo de todos los alcaldes, sin excepción. La Junta de Gobierno de la FEMP mostró, con distintas graduaciones, lo distante que se encuentran todos los alcaldes del Gobierno respecto a los cambios que deben asumir las entidades municipales. Los más claros fueron PSOE e IU, que reclamaron la retirada del texto. “Esta ley tiene tantas deficiencias que necesita de una renovación absoluta. Necesita un cambio radical, tiene que girar 180 grados y ponerse en una dirección singularmente diferente de la que tiene en este momento”, apuntó el vicepresidente de la FEMP y alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, poniendo de manifiesto la repulsa que suscita en las filas socialistas el texto que pretende aprobar el Ejecutivo.

El grado de satisfacción entre los alcaldes populares tampoco es mayor, como muestran las intervenciones extremadamente críticas de algunos ediles del PP, pero la disciplina de partido ha pesado más que el rechazo particular de algunos consistorios. Así se hizo público cuando el alcalde de Santander y presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, hizo uso de sus mejores mañas para templar gaitas y presentar un documento que, a su juicio, recoge todas las propuestas de todos los partidos y que supone de facto una enmienda a la totalidad de la reforma. “Reitero mi agradecimiento al Ejecutivo. Ahora solo queda esperar la respuesta de Hacienda. En el texto actual se han conseguido avances, pero todavía caben y son necesarias modificaciones”, apuntó en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Respecto a la petición de PSOE e IU de retirar la ley, De la Serna apuntó que responde a una posición política “que es complementaria con la postura de la FEMP respecto a la reforma”.

En el texto de alegaciones, que ayer mismo remitieron a Hacienda, los alcaldes reclaman cambios sustanciales en la reforma local, en especial en el ámbito de las competencias y en el de la gestión municipal. El texto, tal y como está redactado en la actualidad, establece que las competencias en sanidad y servicios sociales serán asumidas y financiadas íntegramente por las comunidades autónomas y fija un período transitorio de cinco años para su paso de los ayuntamientos a las autonomías. El presidente de la FEMP pidió que ese marco también incluya a la educación y que el período transitorio se reduzca de cinco a un año para evitar que las entidades locales sigan asumiendo competencias que no les pertenecen y que les suponen un agujero anual de 6.000 millones en sus arcas.

Otra de las reclamaciones que plantea es la supresión de los controles y tutelas que la norma fija sobre los alcaldes, en especial sobre aquellos que dirigen municipios de menos de 5.000 habitantes. “La intervención de esos ayuntamientos y el papel que se otorga a la figura del interventor excede la fiscalización necesaria para garantizar la transparencia”, apuntó De la Serna, quién también detalló que los alcaldes han pedido que no se limite ni por abajo ni por arriba el sueldo que cobra un alcalde y que los directivos de las empresas locales no tengan que ser obligatoriamente funcionarios de carrera.

La FEMP también mostró muy crítica con la obligatoriedad de que los ayuntamientos tengan que adaptar los costes que pagan por un servicio al estándar que marque el Ejecutivo. “Esa evaluación no se debe hacer con carácter general, sino que solo debe afectar a los municipios que no cumplan con la Ley de Estabilidad Presupuestaria”, apuntó. En otras palabras, que los entes locales que cumplen con los objetivos de déficit y deuda que impone la Administración puedan establecer el precio que consideren oportuno por el servicio que prestan.

El superávit se podrá destinar a gasto corriente

La presión de los alcaldes durante la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado de 2013 propició que el PP introdujera una enmienda para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con el fin de que las entidades locales pudieran destinar los superávit presupuestarios a fines distintos que la amortización de su deuda, tal y como establece la norma. Esa modificación del artículo 32, que fija el destino de los excedentes presupuestarios, tendrá que aprobarse, tal y como desveló ayer De la Serna, en una reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de la Administración Local, organismo en el que están representados el Estado y los ayuntamientos.

Esa cita podría producirse la próxima semana y el presidente de la FEMP quiso despejar todas las suspicacias que puedan surgir al conectar este balón de oxígeno y la presión del PP para que sus alcaldes den el visto bueno a la reforma local. “Son dos cosas independientes. La modificación se aprobó con los Presupuestos y la posición de los ayuntamientos no solo se basa en esa decisión”, matizó.

De la Serna también apuntó que, una vez aprobada la reforma de la administración local, sería conveniente que el Ejecutivo central impulsara cambios de calado en la financiación local, tal y como se viene reclamando desde el ámbito municipal desde hace varias legislaturas. El presidente de la FEMP también constató la necesidad de que los municipios tengan mayor presencia en todos los organismos y entre ellos destacó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano que reúne a los representantes de Hacienda con sus homólogos autonómicos y donde no cuenta con representante.

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