Tribuna

Cómo retribuir a los políticos

Con la crisis actual y sus efectos devastadores se está suscitando un intenso debate sobre la calidad de nuestra clase política (también la cantidad, por qué no decirlo). Es obvio que los políticos no tienen toda la culpa de este enorme desaguisado, pero seguro que algo tienen que ver con el asunto.

Lo cierto es que cada vez que los ciudadanos acudimos a las urnas, la mayoría albergamos renovadas esperanzas para el siguiente periodo legislativo (no muy altas, hay que añadir). Una cuestión trascendente estriba en saber si el actual sistema es capaz de atraer a los mejores candidatos a ocupar estos lugares tan críticos para el futuro del país.

En principio, la labor de estos dirigentes consiste en adoptar decisiones adecuadas, para que se faciliten acciones que contribuyan a generar una riqueza sostenible y su justa distribución. Parece razonable pensar que, si conseguimos hacernos con los mejores gestores, también habría que retribuirlos en consonancia, o sea, retribuirlos bien. Así que ¿por qué no pagarlos en función de los resultados alcanzados en su gestión? Podrían ganar más, pero si lo hacen mal, mucho menos.

A primera vista, esta idea puede parecer descabellada por muchas razones. Una de ellas es que al dirigente político ya se le presupone una fuerte componente de motivación intrínseca, un tipo de retribución que no cuesta dinero al erario público; hablamos del aspecto puramente vocacional del desempeño de la función o bien del privilegio de poder servir a una “gran causa”.

Otra parte de su retribución comporta la motivación extrínseca, especialmente la económica. Una forma de valorar si están bien pagados, en relación con los homónimos de otros países, es comparar sus emolumentos respecto a la renta per cápita (indirectamente al PIB). Según una lista publicada recientemente por el semanario The Economist, nuestros políticos están retribuidos con un sueldo base que no supera dos veces esta renta per cápita. En Gran Bretaña es casi 3, en EEUU es más de 3 y en Italia incluso superan los 5. No obstante, estas cifras son con respecto al sueldo base, por lo que habría que incluir otros beneficios y dietas no contabilizadas, que podrían alterar sensiblemente estos resultados. Pero, sin duda, para encontrar a los estadistas que según este singular ratio están mejor pagados, tendríamos que buscarlos en África o Asia. Países como Nigeria (116), Kenya (76), Ghana (30), Suráfrica (14) o Brasil (13), por ejemplo, superan de largo al grupo de países desarrollados.

Así que retomando la propuesta inicial, la idea sería que una parte de la compensación económica estuviera indexada a una cesta de referencia formada por uno o más indicadores. Por ejemplo, al crecimiento del PIB o al descenso de la tasa de desempleo, por decir algo. El sistema tendría que tener un efecto retroactivo con el tiempo, ya que este tipo de información no se conoce con precisión hasta que todos los datos se han consolidado (quizá terminen ganando menos de lo que habían cobrado). Según el cargo o ministerio en cuestión, hay muchos más indicadores que podrían incluirse en cada cesta de referencia (índice de Gini de desigualdad salarial, posición en la tabla del informe PISA, etc). La elección de estos índices es crítica, ya que se trata de conseguir una fórmula que no genere distorsión en otros indicadores importantes, con el correspondiente efecto perverso para la sociedad y su economía.

Las cestas de referencia podrían ser definidas por un panel de expertos independientes o incluso a través de una consulta popular. Su vigencia podría extenderse a lo largo de tres legislaturas, por ejemplo; después se podría llevar a cabo una revisión (o simplemente desechar la idea).

Este sistema de retribución, seguro que no es ideal. Pero como parece que algunos aspectos relacionados con los costes de transacción son más altos en los países mediterráneos que en el norte de Europa, podría tener ventajas aplicarlo. Por supuesto, no sólo el equipo de gobierno tendría que tener este incentivo; también la oposición se vería afectada por la inefable indexación de su compensación a la cesta de referencia pertinente. Incluso puede que se consiga algún beneficio extra: una mayor praxis pro-utilitarista entre partidos, alineando mejor sus actuaciones hacia el interés y el bien público.

Es sólo una sugerencia. Tal y como están las cosas, se podría probar.

 

Xavier Alcober es ingeniero consultor

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