El Foco

Lo que queda por hacer

Los Presupuestos Generales del Estado para 2014 consolidan las políticas de ajuste que se vienen produciendo desde 2010 y son continuistas en cuanto a la creación de estímulos al crecimiento y por tanto sin efectos reconocibles sobre el empleo.

La inversión pública sigue teniendo un especial protagonismo en la reducción del gasto público, aunque en 2014 comience a crecer nuestra economía y se produzcan sensibles ahorros en los intereses derivados del servicio de la deuda.

Era razonable, con estos argumentos, esperar unas previsiones presupuestarias de acompañamiento positivas hacia la inversión en infraestructuras, en el bien entendido que la recuperación del empleo depende en gran medida de la recuperación de la industria de la construcción, inversiones que por otra parte producen relevantes retornos del 60% a los ingresos públicos.

Una señal de confianza en este sentido era muy necesaria hacia una industria que desde el 1 de enero de 2008 hasta el 1 de enero de 2013 ha perdido 196.503 empresas, lo que supone el 31% de las empresas de construcción y el 20% de los fabricantes.

Este ajuste continuado no permite abordar la continuación de las obras paralizadas por los ajustes

En términos de empleo la pérdida es aún más significativa y sensible. Desde junio de 2007 (mes en que se registró el máximo empleo en el sector) hasta agosto de 2013, hay 1.337.800 afiliados menos al Régimen General de la Seguridad Social, lo que supone una pérdida del 67% de la afiliación. A esto hay que sumarle los 353.662 empleos perdidos en el subsector de fabricantes de materiales de construcción y que supone el 55% de los empleos existentes antes de la crisis.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2014 prevén un descenso en la dotación presupuestaria de infraestructuras del -9,8%. Este ajuste se suma los que ya se han producido en 2013 (-13,5%), 2012 (-28,1%) y 2011 (-35,5%). Este ajuste continuado no permite abordar la continuación de las obras paralizadas por los ajustes anteriores y acortar los plazos excesivos en la ejecución de otras en curso; no permite programar e iniciar nuevas infraestructuras de transporte de carácter logístico, estratégicas para la competitividad de otros sectores industriales; tampoco permite abordar la ejecución de infraestructuras relacionadas con el ciclo integral del agua, y en especial las que tienen que ver con su calidad, incumpliendo un año más los compromisos adquiridos con la Unión Europea. Y por último estos Presupuestos siguen perseverando en aumentar el déficit inversor existente en la reposición estructural necesaria para un adecuado mantenimiento del patrimonio viario.

Los Presupuestos tampoco abren una puerta a la colaboración público-privada para la dotación de nuevas infraestructuras, al no prever partida alguna de carácter patrimonial a este fin como se hizo en el pasado (legislatura 1996-2000). Estas dotaciones presupuestarias específicas que no consolidan como déficit público constituirían una buena señal para empresas e inversores institucionales de la voluntad del Gobierno de abrir esta vía de contratación prevista en el PITVI y, por tanto, de no paralizar la inversión en infraestructuras.

La industria de la construcción desempeña un papel decisivo en la aplicación de la comunicación de la Comisión Europea, Europa 2020: Estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, a través de la rehabilitación edificatoria y la eficiencia energética asociada, al tiempo que una oportunidad única para alcanzar una “competitividad sostenible del sector de la construcción y de sus empresas”, como reconoce la Comisión Europea en la comunicación del comisario de Industria y empresa, Señor Tajani.

A la industria de la construcción y a su empleo asociado le espera otro año de tormentosa travesía

En España de un total de 26.020.000 viviendas existen 920.000 edificios dedicados a uso residencial cuyo estado de conservación es ruinoso, malo o deficiente; hay 2.268.000 edificios que aunque su estado de conservación es bueno tendrán que realizar el Informe de evaluación de los edificios; hay 5.412.000 edificios de viviendas de dos o más plantas sobre rasante que tienen problemas de accesibilidad; y existen 5.411.000 edificios que se construyeron sin ninguna normativa mínima de eficiencia energética.

El Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación (GTR), coordinado por Green Building Council España y la fundación Conama, presentó el pasado año un informe en el que se pone de manifiesto que diez millones de viviendas principales construidas en España antes de 2001 pueden y deben ser transformadas en viviendas de bajo consumo y bajas emisiones de gases de efecto invernadero. De aquí a 2020 podrían reformarse 2.200.000 viviendas para lo que se necesitaría una inversión de 64.000 millones de euros (colaboración público-privada), pero los retornos por ahorro de energía y emisiones representarían 11.000 millones. Para ello, se podrían invertir 10.000 millones al año en la rehabilitación de 300.000 viviendas y se generarían 150.000 puestos de trabajo estables.

Aunque nos consta el compromiso del Gobierno y del ministerio de Fomento con las políticas de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, por su potente capacidad generadora de empleo, nos hubiera gustado encontrar en los Presupuestos señales más comprometidas con tal propósito en lo que se refiere a los fondos habilitados –sobre todo si compara con las dotaciones para la renovación de productos de otros sectores industriales– y a disposiciones de carácter fiscal para el impulso de tales políticas, así como de la erradicación de la economía sumergida.

Desde luego a la industria de la construcción y a su empleo asociado le espera otro año de tormentosa travesía que esperemos no acabe con su capacidad de supervivencia.

 

Juan F. Lazcano Acedo es presidente de CNC

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