¿Es un mal la caída de la inversión?
De las múltiples reacciones a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, una ha aparecido de forma destacada en todos los medios: la caída en la inversión pública. Así formulado, además de constatar un hecho, el titular parece llevar implícitamente incorporada la idea de que la caída de la inversión pública es un problema. Otros medios se han expresado en términos similares por lo que no resulta difícil concluir que, de acuerdo con la opinión mayoritaria, la caída de la inversión pública es, efectivamente, un problema. El segundo aspecto, asociado a este, es especialmente destacado por los medios regionales/provinciales. Ahora el foco se dirige a los reales, o supuestos, agravios comparativos entre territorios.
Siguiendo los titulares en la prensa, tomemos el año 1989 –antes de los fastos de las Olimpiadas y la Expo– como referencia y analicemos la evolución de la inversión pública desde esa fecha. Para ello haremos uso de la información proporcionada por la Fundación BBVA y disponible en su página web (www.fbbva.es). En el periodo 1989-2011 (último para el que se dispone de información) la inversión total creció en España, en términos reales, a una tasa anual del 2,77%; en vivienda al 1,21%; la privada al 3,0% y la pública al 1,32%. Dentro de esta última, las ferroviarias fueron las que más crecieron (5,6%), seguidas de las aeroportuarias (4,4%) y sanitarias (4,3%). Las infraestructuras viarias (1,2%) fueron, junto con las hidráulicas (1,3%), las que menos crecieron.
Las decisiones de inversión que se toman en un año determinado se acumulan a las inversiones previas
Estos datos constatan dos hechos: en primer lugar, la inversión pública creció aproximadamente la mitad que la inversión privada; y en segundo lugar, los crecimientos de los diferentes de activos que integran la inversión pública difieren. En estos años se ha hecho una fuerte apuesta por determinadas infraestructuras, de la misma forma que con anterioridad fueron las infraestructuras viarias e hidráulicas las protagonistas.
Las decisiones de inversión que se toman en un año determinado se acumulan a las inversiones previamente realizadas conformando el capital de que dispone la economía. Ésta es la variable que afecta al potencial de crecimiento futuro. La permanencia de una determinada inversión en el stock de capital depende de cuál sea su vida media. Cuanto más cortas son (por ejemplo la inversión en ordenadores) más rápidamente desaparecen del stock acumulado. Las inversiones públicas suelen tener vidas medias muy largas (se deprecian más lentamente) por las características de los bienes en que se materializan. Por esta razón, aunque la tasa de crecimiento de la inversión pública haya sido la mitad de la privada, su impacto sobre las dotaciones de capital ha sido mayor. De hecho, mientras las dotaciones de capital privado se multiplicaban por un factor de 2,1, el capital público lo hacía por un factor superior (2,5), las dotaciones en infraestructuras por 2,6, las infraestructuras aeroportuarias por un factor de 4,8, las ferroviarias por 3,6 y las sanitarias por 3,1.
Si algo nos ha enseñado los más de cinco años de crisis que venimos sufriendo es que cuando la liquidez abundaba en los mercados y los tipos de interés reales eran negativos, la acumulación de capital en España se desbocó, creciendo a tasas muy superiores a las de los países de nuestro entorno. El resultado es el elevado exceso de capacidad instalada que existe en la actualidad, claramente perceptible desde prácticamente todos los ámbitos y perspectivas. No solamente es elevado el parque de viviendas sin vender, sino también el sobredimensionamiento de muchas fábricas y negocios. Desde la perspectiva del capital público los ejemplos resultan también evidentes: aeropuertos sin aviones, infraestructuras culturales insostenibles, o infraestructuras hidráulicas construidas y no utilizadas, por mencionar solo unos pocos.
El problema de la economía española no es cómo volver a los ritmos de acumulación de capital, público o privado, de los últimos veinte años. El problema es movilizar el capital acumulado y desaprovechado en gran medida en la actualidad. Es cómo dar uso a todos los recursos que ya hemos construido pero que todavía no hemos pagado. El problema no es tanto seguir invirtiendo en capital físico, sino en mejorar el funcionamiento de la economía y sus instituciones de forma que seamos capaces de volver a crecer. El listado de medidas a tomar es bien conocido por lo que no insistiré, aunque sí aclararé que entre ellas no se encuentra aumentar la inversión pública sin más cualificaciones. Lo que sí me gustaría es destacar algo que es seguramente menos conocido pero no menos preocupante: los recursos que se destinan en España a mejorar el funcionamiento interno de las empresas son muy inferiores a la media de los países desarrollados, tanto por la vía de la formación de los trabajadores por parte de las empresas –lo que permite aprovechar el esfuerzo realizado por el sector público en educación- como por la introducción de mejoras organizativas por parte de los empresarios y directivos, dos activos intangibles de singular importancia.
El problema es movilizar el capital acumulado y desaprovechado en gran medida en la actualidad
El segundo aspecto que quería tratar, si quiera brevemente, es la lectura de “agravio comparativo” que se hace de la inversión pública realizada por el Estado en las distintas comunidades autónomas. Ya se ha mencionado la importancia de distinguir entre inversión y capital. Por otra parte, no es sencillo determinar qué comunidades autónomas están mejor o peor dotadas porque puede valorarse desde distintas perspectivas. Por ejemplo, de acuerdo con su superficie Madrid es la mejor dotada mientras que de acuerdo con su población lo es Castilla y León. Lo que es importante destacar es que el criterio para realizar una determinada inversión no debe ser el territorial sino un cuidadoso análisis coste/beneficio aplicado a cada proyecto de inversión individual.
En resumen, lo que necesita España en la actualidad no es más inversión pública indiscriminada. Lo que necesita es utilizar criterios de eficiencia en su asignación y movilizar la utilización de la capacidad instalada, tanto pública como privada.
Matilde Mas es catedrática de Análisis económico de la Universidad de Valencia e investigadora del Ivie