Rajoy promete un sistema de financiación más justo
El consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, saluda al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, saluda al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Cataluña, Andalucía y Asturias recurren el reparto del déficit de Hacienda

Acusan al Ejecutivo de central de exigir un ajuste desproporcionado a las comunidades

El requerimiento ante Hacienda es el paso previo para abrir la vía judicial

Tres de las cuatro autonomías del régimen común no gobernadas por el PP –Cataluña, Andalucía y Asturias– han recurrido ante el Ministerio de Hacienda el acuerdo del Consejo de Política Financiera que aprobó objetivos de déficit asimétricos para 2013 y que fijó que las comunidades deben rebajar sus números rojos al 1% en 2014, al 0,7% en 2015 y al 0,2%en 2016. Los Ejecutivos autonómicos entienden que el esfuerzo exigido a las comunidades supera el ajuste que se ha autoimpuesto la Administración central. 

Ello es especialmente cierto para el ejercicio 2014, año en que el Estado debe recortar su desfase del 3,8% al 3,7%, una reducción de apenas 1.000 millones de euros. En cambio, en términos agregados, para ese mismo año, el objetivo de estabilidad reclama un ajuste a las comunidades autónomas de 3.000 millones de euros. El envío del requerimiento a Hacienda es el paso previo para iniciar la vía de la jurisdicción contencioso-administrativa. El Ministerio de Cristóbal Montoro tiene un mes para responder las peticiones de estas tres comunidades. Y si no son atendidas, aseguran que llevarán el objetivo de estabilidad a los tribunales.

Fuentes del Ejecutivo restan importancia a las quejas de Cataluña, Asturias y Andalucía y recuerdan quela Seguridad Social también debe recortar sus números rojos en 3.000 millones de euros entre 2013 y 2014. Por otra parte, argumentan que las protestas obedecen a motivos sobre todo políticos y destacan que la mayoría de comunidades votó a favor de la senda de reducción del déficit del período de 2014-2016 en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio.

Madrid exige reformar ya el modelo autonómico, una idea que Moncloa rechaza

Si bien muchas autonomías gobernadas por el PP se muestran reacias a criticar abiertamente al Ejecutivo central, la realidad es que existe un consenso generalizado en la necesidad de que Hacienda se muestre más flexible con las comunidades que, recuerdan, son las responsables de gestionar los pilares del Estado de bienestar (sanidad, educación y servicios sociales).

En este sentido, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prometió la aprobación de un sistema de financiación más justo en 2015 durante su encuentro ayer con el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel. Para algunas regiones como Madrid, el compromiso de Rajoy resulta insuficiente. El Ejecutivo de Ignacio González reclama que se apruebe ya un nuevo modelo o, como mínimo, que se apliquen reformas al vigente de cara a 2014. Madrid sostiene que el sistema de financiación actual perjudica especialmente sus cuentas. En cualquier caso, la experiencia indica que los debates para reformar el modelo de reparto de los recursos entre las comunidades autónomas suelen ser conflictivos y largos por el esfuerzo que supone satisfacer los intereses de las 15 comunidades –todas con la excepción de País Vasco y Navarra– que conforman el denominado régimen común. 

Por otra parte, la idea del Gobierno pasa por vincular la reforma fiscal que ya está estudiando el grupo de expertos elegidos por Hacienda con el nuevo modelo de financiación autonómica. Moncloa pretende abordar a lo largo del próximo ejercicio un cambio drástico del sistema tributario español, que afectará también a impuestos de competencia autonómica.

La reforma fiscal modificará al IRPF o el IVA, cuya recaudación está cedida en un 50% a las comunidades autónomas. También se planteará la posibilidad de mantener el actual impuesto sobre el patrimonio o idear una fórmula alternativa para gravar la riqueza a través del impuesto sobre la renta. El objetivo último es elevar unos ingresos públicos que la crisis ha demostrado que dependían en exceso del sector inmobiliario y de la construcción.

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