Servicios públicos de empleo, en la encrucijada
Hace días se anunciaban las próximas reformas que el Gobierno deberá impulsar, a cambio de la flexibilización de los objetivos del déficit. En la lista aparecía una discreta mención a las políticas activas de empleo, sin concretar si se propone una reforma estructural, un rediseño de algunos programas o el impulso de planes de acción para determinados colectivos.
Se trata de una materia de especial interés para la Comisión europea, consciente de la cuestionable efectividad que han tenido estas políticas en España y de que el sistema público de empleo español es de una complejidad única dentro del conjunto de países europeos. Son factores que, en un contexto como el actual, exigen una reforma en profundidad, que no parece una tarea fácil, ya que aquí también pesan excesivamente unas agendas políticas múltiples, divergentes y no siempre visibles.
En la primera línea: la pugna recurrente entre los defensores y detractores de la mal llamada privatización de los servicios de empleo, con cruce de recriminaciones. De un lado, la supuesta ineficacia de los servicios públicos, con tasas de intermediación que se dice que oscilan entre el 3% y el 7% (13% en el caso de los privados). De otro lado, la inadmisible mercantilización del paro y el riesgo a que la lógica empresarial acabe relegando a los colectivos de más difícil recolocación, por ser menos rentable intervenir sobre ellos.
Acusaciones no siempre exactas, que reflejan una preocupante desconfianza entre operadores que deberían verse no como competidores, sino como colaboradores. Se confunde el debate y, con ello, se daña irreversiblemente la imagen y el papel de todos: servicios públicos y operadores privados. ¿Por qué no podemos construir, como en el resto de Europa, un sistema público de partenariado, adecuadamente diseñado para evitar los desajustes que ya se han producido en algunas experiencias comparadas y de las que deberíamos aprender?
Posiblemente y en primer lugar, porque el propio servicio público de empleo no vive con orgullo su razón de ser, porque se ha quedado estancado en un modelo de funcionamiento burocrático, blindado por una ley de empleo demasiado intervencionista y rígida y porque basa sus utilidades en lo estrictamente funcional. Los servicios públicos de empleo no han conseguido comunicar a la sociedad su papel de liderazgo y socialización, pese a que son y deben ser, ante todo, el garante de la defensa de los valores superiores del sistema democrático y pese a que son, y deben ser, por encima de todos, los promotores de un concepto de ciudadanía activa y próspera. Es esta una función única y exclusiva de la Administración, que no puede externalizarse: gobernar, garantizar y desarrollar el acceso al trabajo en condiciones de igualdad y libertad.
En segundo lugar, porque en un modelo económico basado en la competitividad en costes y viciado por la cultura de la subvención, el mercado de entidades que prestan servicios ocupacionales, incluidos sindicatos y organizaciones empresariales, es extremadamente diverso, en dimensión, implantación territorial, eficacia y volumen de impacto. La tensión entre operadores sin ánimo de lucro y con ánimo de lucro y entre grandes operadores multinacionales y pequeñas entidades locales no deja de ser más que el reflejo del desorden con el que se han gestionado las políticas activas de empleo, un desorden que ahora exige un proceso de racionalización riguroso que dé paso a un mercado de proveedores de calidad que proporcione cobertura especializada a los diferentes perfiles de desempleados.
Y finalmente, porque el despiece competencial de los servicios de empleo, entre Estado, comunidades autónomas y entidades locales resta efectividad al sistema. Es inconcebible que las políticas pasivas y las políticas activas no se gestionen conjuntamente por una misma Administración. Tanto como incomprensible que la gestión estatal y autonómica haya sido suplida por los servicios locales, en muchos casos con una capacidad operativa e innovadora excepcionales. Aquí, sin embargo, con el partidismo hemos topado: o cesión del protagonismo a la proximidad territorial o coordinación eficientista desde el centro.
Europa no entiende. El ciudadano aguarda, deseando encontrar en la Administración complicidad, compromiso y soluciones rápidas, eficaces, que estén a la altura del gran esfuerzo que realiza como contribuyente.
Esther Sánchez es Profesora de ESADE Law School