La hora de Almunia
Todos los comisarios de Competencia acaban topándose con un expediente que pone a prueba su temple y la fuerza de sus garras políticas. A Joaquín Almunia le ha tocado en suerte el desmantelamiento de una norma fiscal que mantenía en pie los astilleros de su propio país. Una decisión que puede marcar su mandato.
Algo parecido le pasó a su predecesora, la holandesa Neelie Kroes, que se enfrentó al gobierno de su país de origen por las medidas de reestructuración impuestas al banco ING. Antes que ella, Mario Monti mantuvo el pulso con EE UU en casos como la multa a Microsoft o el veto a la fusión de General Electric y Honeywell. Y más atrás aun, el legendario Karel Van Miert (fallecido en 2009) rompió los nervios de un gobierno francés empeñado en mantener en salvar el banco Credit Lyonnais.
Las memorias de Van Miert (El mercado y el poder) recogen la tensión entre Bruselas y París por un expediente que se tragó miles de millones de euros del contribuyente francés. Una guerra de nervios entre las dos partes que tal vez le dé pistas al actual ministro español de Industria, José Manuel Soria, sobre el margen de maniobra política de la dirección general de Competencia.
"A la mañana siguiente me llamó por teléfono y me empezó a gritar. Le contesté que yo también sabía gritar y se lo demostré al momento", describe Van Miert una de las incesantes llamadas del ministro francés de Finanzas de entonces (mediados de 1990).
El cruce de desplantes, en público y en privado, se repite en muchos capítulos de Van Miert, aunque el comisario belga parecía más susceptible a los argumentos sutiles de quienes respetaban su autoridad que al matonismo de algunos políticos y empresarios de su época.
Otras memorias, las de Jack Welch, muestran también el error de ignorar a Bruselas en una de las pocas áreas en las que tiene poderes ejecutivos. "Lo último que me esperaba era una larga revisión antitrust de la Comisión Europea", reconocía el antiguo consejero delegado de General Electric, al recordar su choque con Monti.
Veremos si el caso de los astilleros merece algún día figurar en las memorias de alguno de sus protagonistas. Pero las posibilidades de que lo haga aumentan por momentos.
El sector naval español no se rinde y mantiene la presión sobre un comisario que ya tiene enfrente al Gobierno de Rajoy, a los gobiernos autónomos de Galicia, Asturias y País Vasco, a los grandes sindicatos e, incluso, a su propio Partido Socialista.
La campaña, como ha ocurrido otras veces, coloca Almunia entre la espada de 87.000 puestos de trabajo presuntamente en peligro y la pared de un departamento de Competencia que ha concluido que el régimen fiscal de los astilleros es ilegal.
Almunia ha asegurado que la suerte ya está echada y que exigirá la devolución de unos 3.000 millones de euros a los inversores y armadores que se beneficiaron fiscalmente del régimen de apoyo a la construcción de barcos.
Pero la guerra no ha terminado y el comisario ya ha tenido que retrasar su veredicto desde el recién terminado mes de junio hasta el próximo 17 de julio. Y la próxima semana, a solo unos días de la decisión, le espera la visita del ministro español de Industria y de los presidentes de las tres Comunidades Autónomas interesadas.
Un frente que a buen seguro esgrimirá ante Almunia los seis millones de parados que hay en España y los miles de millones de euros en ayudas al sector financiero que el comisario ha autorizado en los últimos años. Dos argumentos políticos sin relación con el fondo jurídico de las ayudas a los astilleros, cuyos principales beneficiarios han sido bancos y multinacionales. Pero Almunia tendrá que explicarlo muy bien si quiere convencer a la opinión pública y evitar que la decisión se convierta en un amargo recuerdo de su mandato en Bruselas.
Foto: "La resurrección de Antígona", escultura de Bruno Kristo en Amberes, el segundo puerto de Europa (B. dM., 26-5-2013).