Los depósitos quedan al final de la línea de quitas en los rescates
La sombra grecochipriota vuelve a cubrir la zona euro. Y dos capitales en principio tan poco influyentes como Atenas y Nicosia marcan una vez más la agenda de la UE, sacudiendo el ritmo de las reformas en marcha.
La señal más aparatosa de esa influencia llegó esta semana con las turbulencias financieras asociadas a la renovada inestabilidad política en Grecia, donde el gobierno de Antonis Samaras perdió el viernes a uno de los partidos de coalición tras su polémica decisión de clausurar la televisión pública.
El percance fue analizado por los ministros de Economía de la zona euro (Eurogrupo) durante su reunión del jueves en Luxemburgo. Desde el Gran Ducado, el comisario europeo de Economía, Olli Rehn, urgió a Grecia “a recuperar cuanto antes la estabilidad y seguir adelante con el programa [de ajuste]”.
Pero el ascendiente de Chipre fue mayor si cabe, aunque en un capítulo mucho menos vistoso. El rescate financiero de la isla y, en particular, el fallido intento de financiarlo en parte a través de una tasa a todos los depósitos bancarios, obligó el viernes a los ministros de Economía de la UE (Ecofin) a trabajar durante horas y horas con una directiva sobre resolución bancaria proyectada antes de la debacle chipriota.
A raíz del fiasco del Eurogrupo con la isla, el texto ha debido modificarse para devolver la tranquidad a los ahorradores de toda Europa. Y los depósitos bancarios, a los que se había colocado en primera línea de fuego, han pasado a una retaguardia mucho más protegida.
Esa cobertura excepcional, aún por confirmar, tendrá un coste para el sector porque la directiva obliga a establecer en cada país un fondo de resolución y un fondo de garantía de depósitos (que en España ya existe).
El proyecto inicial preveía que la suma de esos dos fondos cubriese cada uno el 0,5% de los depósitos. Pero el último texto negociado en Luxemburgo, al que ha tenido acceso CincoDías, eleva en tres décimas la capitalización del fondo de resolución (hasta el 0,8% de los depósitos), una variación que en muchos países puede suponer cientos de millones de euros. Los depósitos en España superan el billón de euros.
El umbral podría variar porque a la tramitación de la directiva aún le queda un largo recorrido, en el Ecofin y en el Parlamento Europeo. Pero el proyecto se encamina claramente a un trato preferente del ahorrador.
La versión actual coloca a accionistas y titulares de deuda junior como los primeros que sufrirían pérdidas en caso de que una entidad atraviese dificultades. En tercer lugar se recortarían las tenencias de los titulares de deuda sénior. Y por último, se recurriría a los depósitos de más de 100.000 euros.
“Un banco tiene que ser un absoluto desastre para que se llegue a ese nivel”, explica un alto cargo de la UE. Fuentes españolas calculan que se necesitarían unas pérdidas del 20% para que hubiera quitas en los escalones más protegidos. Y recuerdan que en el rescate de la banca española, en las entidades en peores condiciones las pérdidas no han llegado al 10% del capital.
Por debajo de ese nivel y antes de los depósitos de menos de 100.000 euros podría entrar el capital público nacional o el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que según el acuerdo alcanzado el jueves dispondrá de hasta 60.000 millones de euros para recapitalizaciones bancarias.
Por si acaso, de todos modos, algunos países desean una protección especial a los depósitos de más de 100.000 euros pertenecientes a particulares o pequeñas y medianas empresas, cuyas pérdidas serían cubiertas por el fondo de resolución. La propuesta no cuenta con demasiados adeptos en el sector, porque obligaría a aumentar, aun más, la dotación de ese fondo.
El plan de la CE para pymes podría movilizar hasta 100.000 millones
Pocas veces el borrador de un proyecto de la Comisión Europea había generado tanta expectación e inquietud en otras instituciones comunitarias como el plan para reactivar el crédito a las pequeñas y medianas empresas. El documento debía haberse aprobado en el pleno de la Comisión del pasado miércoles. Pero no se hizo público hasta el viernes, tras numerosos retoques y matices negociados con el Banco Europeo de Inversiones (BEI). El texto pactado finalmente contempla tres opciones para combinar el presupuesto comunitario (10.420 millones de euros de los fondos estructurales, en concreto) con la capacidad financiera del BEI, que gracias a su máxima calificación crediticia permitiría multiplicar hasta por 10 los recursos disponibles. Bruselas calcula que en el mejor de los casos podrían movilizarse hasta 100.000 millones de euros para conceder préstamos a un millón de pymes. La última palabra, sin embargo, la tiene el Consejo Europeo del 27 y 28 de junio, que deberá elegir entre una de las siguientes opciones, a riesgo de que el BEI pueda perder su triple A.
Garantías
La primera opción utilizaría el 75% del capital de los fondos estructurales para cubrir a través del BEI hasta el 80% de las pérdidas de préstamos a pymes ya existentes. Y el 25% para la titulización de préstamos del mismo tipo. La fórmula movilizaría hasta 58.000 millones de euros.
Titulización
La segunda opción movilizaría hasta 65.000 millones de euros mediante la titulización de préstamos nuevos a pymes, paquetes que se pueden utilizar ante los bancos centrales para obtener créditos.
Más rentable
La fórmula más ambiciosa pasaría por titulizar todo tipo de préstamos, existentes y nuevos. Con ello se lograría multiplicar por 10 los fondos hasta 100.000 millones de euros.
