A fondo

La ley patriota de EE UU castiga a las tecnológicas

 El destape de dos de los programas de espionaje llevados a cabo por el Gobierno de EE UU a ciudadanos de todo el mundo está lastrando la confianza depositada por millones de usuarios en las grandes compañías de telecomunicaciones y tecnológicas del país.

La filtración por parte del excolaborador de la CIA, Edward Snowden, de la existencia de dos programas de espionaje, uno dedicado a investigar los registros telefónicos y otro destinado a conocer el comportamiento de miles de usuarios de todo el mundo en internet, a través de búsquedas y redes sociales, está cuestionando el papel de la ley patriota de EE UU (USA Patriot Act), puesta en marcha por Washington tras los atentados del 11-S bajo el mandato de George W. Bush y mantenida por Barack Obama.

La información, publicada por The Washington Post y The Guardian, de que nueve de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, Google, Apple, Facebook, Yahoo, Google, PalTalk, AOL, Skype y YouTube habrían permitido a Washington entrar en sus servidores, a través del programa de espionaje PRISM, en aras de combatir el terrorismo internacional pese a que con ello se restringen los derechos fundamentales de los ciudadanos estadounidenses. Una circunstancia que todas han negado alegando que solo dan información a las autoridades cuando se realiza a través de solicitudes legales basadas en la ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), en vigor desde 1978.

Este fin de semana Microsoft y Facebook han reconocido haber solicitado peticiones de información por parte de las distintas autoridades de EE UU. Microsoft ha explicado que Washington solo le ha permitido por el momento ofrecer datos sobre la cifra de peticiones recibidas en el segundo semestre de 2012 y sin poder hacerlo de forma exacta, simplemente afirmando que entre 6.000 y 7.000 órdenes relacionadas con 31.000 a 32.000 cuentas. Mientras, Facebook reconoció que en el mismo periodo había recibido entre 9.000 y 10.000 solicitudes relacionadas con entre 18.000 y 19.000 cuentas de usuarios, una cifra limitada teniendo en cuenta los 1.100 millones de perfiles que tiene la red social.

Pese a que ambas han admitido que las autoridades de EE UU les han pedido información, ninguna de las dos ha llegado a asegurar si ha ofrecido esa documentación o no. Facebook se ha referido a ello asegurando que “frecuentemente, rechazamos directamente estas peticiones, o pedimos al Gobierno que modere sus peticiones, o simplemente les damos muchos menos datos de los que piden. Respondemos como lo dice la ley”.

Google, por su parte, ha reconocido que está en conversaciones con las autoridades estadounidenses para poder una cifra aproximada de las peticiones que ha recibido, mientras que todas ellas han reclamado más transparencia y flexibilidad en la información que pueden ofrecer a sus usuarios.

El escándalo del supuesto acceso a los servidores de estas compañías por parte de las autoridades de EE UU y la solicitud de una importante cifra de documentación sobre internautas de todo el mundo cuestiona el establishment de la sociedad de internet y el desarrollo de la nube.

Por un lado, porque el Gobierno estadounidense podría estar accediendo a información en internet de cualquier internauta, no solo de su país, tal y como dejó claro Obama al asegurar que el programa de espionaje PRISM “no se aplica a ciudadanos estadounidenses o personas que residen en EE UU”. Y por otro lado, porque se cuestiona la confianza que tienen depositada las personas en las plataformas de internet y redes sociales, con las que trabajan día tras día pero que podrían haberse convertido, supuestamente, en una barra libre de acceso a documentación personal y privada bajo la premisa de prevenir ataques terroristas y favorecer la seguridad nacional.

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