Un salto de progreso y una lección aprendida

La integración Europea y el descontrolado crecimiento del sector inmobiliario marcan un periodo en el que España ha crecido másque sus socios pese a la caída de los últimos años

En la España del Un, dos tres, la de 1978, el trofeo más ansiado era el coche, valorado en unos 1.800 euros. Hoy, el mayor premio de un concurso televisivo puede llegar a 1,5 millones de euros. 

No todo ha evolucionado en la misma proporción, pero el salto dado en estos 35 años ha permitido al país pasar de un producto interior bruto (PIB) a precios corrientes de 96.000 millones de euros en 1980 a superar el billón en 2012, según las estadísticas del FMI. Los ingresos de las Administraciones públicas también son 14 veces superiores a los de entonces, aunque la deuda pública ha pasado de 16.000 millones a comienzos de los ochenta a rozar los 900.000 millones de euros.

España ocupa el puesto 29 del ranking que elabora el Banco Mundial de países con el PIB per cápita más alto, a precios actuales. En 1978 la renta por ciudadano no llegaba a 4.000 dólares, mientras que en 2008 alcanzó 34.977 dólares por persona y año, su mayor nivel.

“A pesar de las dificultades actuales, ver la curva del crecimiento impresiona. Durante años avanzamos más que muchos países de nuestro entorno, hasta situar en 2007 el PIB per cápita al mismo nivel de Italia o Japón, aunque ese crecimiento en la última época estuviera sustentado en un tremendo endeudamiento con el exterior”, analiza el catedrático Juan Velarde, premio Príncipe de Asturias y uno de los testigos en primera línea de todo el periodo.

Antes de llegar a este momento, el de la crisis actual y su prólogo inmobiliario, dos fueron los aciertos más destacados que fomentaron la progresión del país, a juicio de Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI). Por una parte, la apuesta por la integración en Europa, primero en el mercado único y después en el euro, “que constituyó el principal estímulo al crecimiento”, y por otra, la existencia de unas condiciones financieras equiparables a las mejores del entorno, “de forma que el efecto positivo que supuso la convergencia institucional y macroeconómica con Europa fue una bendición”, opina Ontiveros.

Entre 2000 y 2008 se construyeron en España más de cinco millones de viviendas

El esfuerzo para cumplir las condiciones de entrada en la Unión Económica y Monetaria permitió, en el cambio de siglo, contraer la tasa de inflación por debajo del 2%, reducir el déficit público al 3% del PIB y convertirlo más adelante en superávit, y bajar los tipos de interés al 5%, situándose incluso por debajo de la media europea. “Se logró poner orden en el conjunto de la economía, empezando por el sistema presupuestario, a lo que se sumó una disminución importante de la tensión social gracias al aumento del empleo”, añade Velarde.

Pero el calor del dinero barato que venía de fuera también propició el mayor fallo, como fue la excesiva concentración de riesgos en un solo sector, el de la construcción residencial. Entre 2000 y 2008, año en el que estalló la burbuja, se construyeron más de cinco millones de viviendas. “No había una demanda real adecuada a esa enorme producción. El exceso vino por la parte especulativa del proceso productivo”, sentencia Carmen Alcaide, economista y expresidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE). Una de sus consecuencias fue el nivel de endeudamiento privado, que en 2012 marcó su nivel máximo del 227% del PIB.

También dejó al descubierto la fragilidad del sector financiero, hasta entonces modélico pero que actualmente acumula ayudas públicas por 54.000 millones de euros. “La radiografía del sector bancario era muy buena en 2007, pero al acercarse al paciente se observó que algo más del 50% de los activos bancarios estaban vinculados a un solo sector, y eso no hay quien lo soporte cuando los precios se desploman como lo han hecho”, argumenta Ontiveros.

La riqueza del país, después de descontada la inflación, ha crecido el 79,8% en los últimos 35 años. El producto interior bruto ha pasado de 67.824 millones de euros en 1978 a los 1,062 billones de euros previstos para 2013, un alza nominal de 1.465%.

A diferencia de otras crisis, España ya no puede devaluar la peseta para afrontar el excesivo endeudamiento, como lo hizo en el pasado hasta en nueve ocasiones, “con lo que el proceso ha sido una rebaja de salarios y de precios mucho más dolorosa”, concluye Alcaide. A pesar de ello no tiene duda, “la moneda única nos ha ayudado más que perjudicado”.

Descartado el recurso a la peseta y a los fondos de las privatizaciones de empresas públicas, que tanto ayudaron en los noventa a la reducción del déficit público, “la única opción ahora, más allá de alguna rebaja del gasto, que ya se ha hecho, es generar ingresos y procurar el crecimiento económico, porque si un país decrece, es muy complicado recaudar, y sin recaudación tributaria no habrá saneamiento ni del déficit ni de la deuda”, remata el presidente de AFI.

A pesar de todo ello, la transformación del país en estos 35 años ha sido evidente para Velarde. “Estamos mucho más arriba que en el 78 y, si sabemos aprovechar este punto de apoyo, las cosas pueden volver a ir bien”, asegura el catedrático.

La necesidad de un pacto

Aunque las políticas aplicadas en un contexto son difíciles de repetir en otro, los expertos coinciden en las potencialidades de un consenso como el de los Pactos de la Moncloa. Entonces se fraguó un acuerdo amplio sobre un conjunto de actuaciones para estabilizar la economía, frenar la inflación y asegurar el equilibro exterior. En la actualidad no parecen factibles alianzas de tal magnitud, pero “se precisa la misma voluntad no de consenso total, pero sí del necesario para identificar los dos o tres ámbitos estratégicos para abandonar el riesgo de depresión”, asegura Emilio Ontiveros, quien sitúa esos puntos en una actitud común para conseguir de Europa estímulos al crecimiento, en la reforma de pensiones y otros cambios para modernizar la economía. “En una situación tan grave, los políticos deben ponerse de acuerdo para analizar y buscar soluciones en los temas fundamentales, y no que un Gobierno aplique sus medidas y el siguiente las cambie”, analiza Carmen Alcaide, para quien esos capítulos esenciales están en la educación, la sanidad, la justicia o la que entiende como la gran reforma pendiente, la de la Administración pública. Tendría que ser, a su juicio, un pacto más amplio en el que, además del Ejecutivo, los partidos y los agentes sociales estuvieran presentes las autonomías. Una concurrencia que Alcaide ve, hoy por hoy, complicada, compartiendo diagnóstico con Juan Velarde, que considera difícil reeditar un acuerdo como el de 1977. “Los Pactos de la Moncloa estaban basados en el hecho fundamental de que los partidos políticos tenían unos economistas con gran influencia sobre los dirigentes, y ahora eso no existe”, concluye.