Rechazo patronal a la Ley de Transparencia

CEOE se opone a publicar el sueldo de sus dirigentes

Los sindicatos consideran que no deben rendir las mismas cuentas que un partido político

Los agentes sociales destacan que la financiación pública supone una parte menor de su presupuesto

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell.
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell. EFE

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) avisó ayer al Congreso de que no publicará los sueldos de sus dirigentes, ni auditará las cuentas de sus 4.500 organizaciones, ni informará de sus ingresos privados, pues considera que el principio de transparencia solo debe afectar al uso de recursos públicos, que en su opinión solo suponen un tercio de su presupuesto.

Así lo explicó en la Comisión Constitucional de la Cámara el presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la CEOE, Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, citado por el Parlamento para exponer su posición ante la nueva Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que va a afectar también a la patronal y a los sindicatos.

Según detalló, de los 19,6 millones del presupuesto de la CEOE para 2013, solo un tercio procede de fondos públicos (6,2 millones), pues el resto procede de cuotas de las organizaciones (13 millones). Además, ha indicado que esas subvenciones que reciben no son “aportaciones genéricas a fondo perdido”, sino que se destinan a proyectos concretos cofinanciados o a la formación. A su juicio, el principio de transparencia debe alcanzar a esos ingresos públicos pero no a los privados, y en todo caso debe habilitarse un “control flexible” que no obstaculice el funcionamiento de las 4.500 entidades que forman parte de la CEOE, algunas de ellas “muy pequeñas” y de un presupuesto anual que no supera los 100.000 euros.

Los sindicatos, por su parte, comparten las reticencias de la patronal. CCOO y UGT temen que la Ley de Transparencia suponga un límite a “su autonomía organizativa”. El secretario de Estudios de CC OO, Rodolfo Benito, defendió que la obligación de los sindicatos no debería ser la misma que la de los partidos políticos “a la hora de dar cuenta ante el conjunto de la sociedad de su financiación, su actividad y los posibles conflictos de intereses entre sus cargos y dirigentes”.

Al igual que CEOE, los sindicatos destacan que la financiación pública representa solo el 2,81% del presupuesto de CC OOy algo más de un 20% de UGT.

El secretario de Participación Sindical e Institucional de UGT, Frederic Monell planteó que los medios de comunicación y la banca también deberían someterse a la Ley de Transparencia. CEOE, por su parte, también reclamó ampliar la normativa a colectivos como los notarios o los canales de televisión.

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