El Foco

Varapalo a las previsiones

El pronóstico de déficit de Bruselas para España es más negativo que el expuesto por el propio Gobierno. El autor defiende algunas reformas estructurales que cree vitales para cumplir con los objetivos impuestos

Las previsiones macroeconómicas de España, que acaba de actualizar la Comisión Europea (CE), suponen un verdadero varapalo al Gobierno. Frente al vaticinio estatal de que este año el PIB caerá el 0,5%, la Comisión mantiene que será el 1,4%. Con este pronóstico mucho más pesimista, se nos pone muy cuesta arriba el cumplimiento del objetivo de déficit público, ya que, obviamente, un menor crecimiento, vía actuación de los llamados estabilizadores automáticos, supone una mayor caída de los ingresos y un aumento de algunas partidas del gasto público. De hecho, frente al objetivo fijado por Bruselas, de situar a finales de 2013 el déficit público en el 4,5%, la CE anticipa que, de no adoptarse ninguna medida, acabará en el 6,7%. Y para 2014, la previsión es del 7,2%, frente al objetivo del 2,8%.

Mención especial merece el anuncio de la CE de que en 2012 el déficit público será del 10,2% como consecuencia de incorporar las ayudas públicas a la banca. Es otro garrotazo a la estrategia del Gobierno, que intenta pasar por alto el hecho de que parte de las ayudas públicas al rescate bancario se han perdido. No obstante, la CE tendría que explicar y dar detalles de las ayudas que computan como déficit público (las que se dan por perdidas), ya que el 3,2% del PIB al que asciende el déficit correspondiente al rescate bancario es muy superior al hasta ahora reconocido. Con esta dosis de crudo realismo, una parte muy importante del ajuste en gastos e ingresos públicos está pendiente, a pesar de las muchas y variadas medidas dolorosas implementadas en 2012.

Incorporando las ayudas públicas a la banca, la Comisión Europea cifra el déficit público en el 10,2%

Las medidas inicialmente anunciadas como temporales (como la subida del IVA, del IRPF, la fiscalidad del ahorro, la supresión de una paga extra a los funcionarios, etc.) me temo que van a perdurar más tiempo del esperado, y será necesario adoptar otras nuevas, tanto en la vertiente de los impuestos como del gasto. Pasar de un 10,2% a un 2,8% de déficit exige un sacrificio de más del 7% del PIB, lo que convierte en imperiosa la necesidad de alargar el periodo de cumplimiento.

En el caso del gasto público, siempre hay margen de maniobra en la búsqueda de la mayor eficiencia, pero el margen es mucho más reducido en el volumen de gasto de las partidas más importantes, salvo que estemos dispuestos a recortar drásticamente el Estado del bienestar, abriendo un debate social. En sanidad, existe un consenso generalizado de las bondades del sistema español, aunque convendría adoptar mecanismos generalizados de copago para evitar que se declare inconstitucional una medida aprobada en una autonomía y no en otra, con al argumento de que todos los ciudadanos deben tener acceso a la sanidad en condiciones de igualdad. En educación, en cambio, las reformas a adoptar deben ser de mucho más calado, ya que muchos indicadores muestran las enormes deficiencias existentes, como la elevada tasa de fracaso escolar.

“Los Gobiernos nacional y regionales pensaron erróneamente que era posible financiar un gasto estructural con un aumento coyuntural de los ingresos”

En la vertiente de los ingresos, su estrepitosa caída en los años de crisis es lo que explica la parte más importante del aumento del déficit, ya que tanto el Gobierno nacional como los regionales pensaron erróneamente que era posible financiar un gasto estructural con un aumento coyuntural de los ingresos. En consecuencia, a pesar de los esfuerzos realizados para reducir el déficit, el componente estructural sigue siendo enorme, lo que hace necesario abordar una reforma profunda del sistema fiscal. Los tipos marginales ya han subido en exceso y en algún caso se sitúan entre los más altos de Europa. El problema reside en que los tipos medios son muy reducidos, como consecuencia de la pléyade de deducciones, desgravaciones, bonificaciones, etcétera, que existen en varios impuestos. Es por este motivo por el que hace falta una profunda reforma del sistema fiscal (junto con una lucha decidida contra el fraude) con objeto de aumentar los ingresos fiscales, ya que el peso del gasto público en el PIB se sitúa por debajo de la media europea. Esta es la prueba de que el problema del déficit no es de exceso de gasto, sino de insuficiencia de ingresos.

La cara más dramática de las previsiones macroeconómicas de la CE es la tasa de paro que, a finales de 2013, se sitúa en el 26,9% y que se reduce solo marginalmente al 26,6% en 2014. Pero igual de dramático es ver cómo desde 2008 se está destruyendo empleo y que volveremos a destruir un 3,1% más en 2013, sin crear nada en 2014 a pesar de la vuelta a crecimientos positivos del PIB (+0,8%) el año que viene. Conviene recordar que estas predicciones de la CE son bajo el supuesto de que el Gobierno no adopta ninguna medida. Obviamente, es un supuesto nada realista ya que el Gobierno tendrá que adoptar nuevas medidas para cumplir con el objetivo de déficit público, a pesar de que se relaje una vez más el plazo de cumplimiento. Lo que esto significa es que la tasa de crecimiento del PIB prevista del 0,8% en 2014 por la CE será menor, ya que la tijera de la austeridad seguirá actuando a diestro y siniestro. En consecuencia, es cuanto menos sorprendente que el Gobierno maneje una cifra de crecimiento para 2014 del 1,2%.

Ante la visión de Bruselas, sorprende que el Gobierno maneje para 2014 una cifra de crecimiento del 1,2%

En este contexto, el Gobierno haría bien en anunciar lo antes posible un programa realista y creíble plurianual de medidas a adoptar para cumplir con el objetivo de déficit público marcado por Bruselas. Y por supuesto, revisar lo antes posible el cuadro macroeconómico utilizado en la elaboración de los PGE si quiere recuperar la confianza de los mercados. No basta con ofrecer el caramelo a la ciudadanía de que las medidas de austeridad van a ser temporales, ya que el componente más importante del déficit es estructural. Las medidas a adoptar deben ser con carácter permanente, ya que en los próximos años está descartado por completo un aumento extraordinario de los ingresos como el que tuvo lugar en la anterior etapa de expansión ligada al boom inmobiliario. Además, según las previsiones de la Comisión Europea, la deuda pública alcanzará a finales de este año el 95,8% del PIB (por encima del promedio europeo) y el 101% en 2014, lo que obligará a destinar una parte excesiva de los ingresos al pago de los intereses de la deuda.

Afortunadamente, las últimas medidas aprobadas van en la dirección adecuada, ya que van dirigidas a impulsar el crecimiento de la inversión y el empleo y a dotar de financiación (bancaria y no bancaria) a las empresas. Pero son medidas que no resuelven el problema del déficit público estructural.

Mientras no se detalle una hoja de ruta completa a medio y largo plazo que incorpore más reformas estructurales (entre ellas la fiscal) no recuperaremos la confianza de los mercados, algo vital para que la banca española tenga acceso a la financiación mayorista. Hemos resuelto el problema del saneamiento y recapitalización del sector bancario español, pero no el del acceso a la liquidez. Y si no se resuelve este problema, el desapalancamiento que tiene que realizar España en los próximos años será traumático, lo que impedirá que se reactive el crédito bancario.

Joaquín Maudos es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia-Ivie y colaborador del CUNEF

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