Financiación de segunda generación
Parece que las medidas de estímulo a emprendedores del Gobierno apuestan por el crecimiento. El autor analiza el alcance y los eventuales problemas de unos planes reclamados hace tiempo por los economistas
El gobierno ha anunciado un "Plan de estímulo económico y apoyo al emprendedor" que ha calificado como "de segunda generación". En este sentido, parece que el nuevo conjunto de reformas estarían menos orientadas a la austeridad y más al crecimiento. Lo primero que le viene a uno a la cabeza, incluso antes de pasar a analizar estas nuevas reformas es que no se trata de que se haya pasado página ni nada en cuanto a la austeridad. La consolidación fiscal está ahí como un reto que sigue siendo importante para la sostenibilidad financiera y para la reputación del país. En todo caso, parece que se están combinando, aún de forma incipiente, algunos ingredientes que pueden marcar algunas nuevas señales en la dirección correcta. En particular, la posible relajación (temporal) del plazo para cumplir los objetivos de déficit para España y las medidas que ayer aprobó el gobierno son un ejemplo de la aparentemente contradictoria combinación de disciplina fiscal (razonable) y estímulos (selectivos) a la financiación y el crecimiento.
En lo que se refiere al plan presentado es preciso señalar que se trata de medidas que, en su mayoría no se han concretado lo suficiente. Algunas, como exigir los pagos del IVA a las pymes y autónomos sólo una vez que las facturas ya hayan sido cobradas, son lógicas y necesarias en la medida en que favorecen la gestión de la liquidez de las pymes sin menoscabo de sus obligaciones fiscales. Entre las medidas fiscales cabe también destacar la tributación reducida de sociedades de nueva creación y autónomos durante los dos primeros ejercicios de actividad.
Otras medidas -fundamentalmente las orientadas a los mecanismos de financiación- van a requerir un desarrollo y una gestión que va ser la que finalmente determine su éxito. En particular, ese "apoyo a la financiación bancaria en 32.000 millones de euros". Se habla, para instrumentarlo, de líneas de mediación del ICO, de "impulso" a préstamos de entidades bancarias saneadas y de sistemas públicos de avales y garantías. La gran pregunta es cómo. Y es una pregunta pertinente porque en el pasado, durante esta crisis, ya se instrumentaron líneas de financiación del ICO que no tuvieron la profundidad esperada. El problema un clásico de la teoría bancaria, la existencia de racionamiento de crédito en condiciones de incertidumbre, con asimetrías de información. Llevado al terreno práctico, se trata de que hay empresas solventes, con ventas y efectos a cobrar significativos y con una estructura de costes bastante eficiente que, sin embargo, cuentan con problemas de tesorería y les resulta difícil cuadrar sus flujos de liquidez sin estrangular la actividad de la empresa. Precisan de una financiación externa que no les llega en un contexto de restricción crediticia. No es fácil, para una entidad financiera, distinguir a estas empresas. Y, aunque la hagan -dado que los departamentos de empresas en las entidades financieras son y tendrán que ser cada vez más eficientes- se enfrentan al problema de establecer un coste para esa financiación que pueda ser asumible para la empresa y suficiente para que el prestatario cubra su riesgo. En una situación como la actual, que se ajusta en muchos casos a esta descripción, el establecimiento de mecanismos públicos puede ser útil para solventar las asimetrías informativas, identificar las empresas solventes y aportar una señalización que reduzca el coste del crédito para esas empresas. La señalización puede ser en forma de garantías o puede ser facilitando que esas empresas accedan a una calificación crediticia. Con este último mecanismo, además, podrían estar adelantando requerimientos de solvencia que impondrá Basilea III para los préstamos a pymes, reduciendo el coste en términos de recursos propios para los créditos a estas empresas que cuenten con un rating. En definitiva, con estos u otros mecanismos de señalización, esa mediación del ICO debería orientarse de forma lo más eficiente posible a facilitar el crédito allí donde hay proyectos solventes, porque los hay. Todo ello, en ese conjunto de extrañas idas y venidas que parece la solución a esta crisis, porque mientras que unas empresas precisan financiación para garantizar su continuidad otras siguen estando abocadas a reducir su deuda.
Por otro lado, se habla de impulsar la desintermediación bancaria y el capital riesgo con interesantes propuestas como movilizar un Fondo de Fondos para licitar y adjudicar inversiones entre gestoras de capital riesgo en áreas y sectores vinculados a la internacionalización y la mejora de la competitividad. Esas son, sin duda, empresas que merecen la confianza inversora pero, de nuevo, el esquema de garantías públicas y privadas, ese "impulso" tiene que ser suficientemente eficaz. Además, ese mercado deberá crecer bastante más de esa activación inicial para tener un impacto significativo. En general, en España se ha observado desde hace muchos años una excesiva dependencia de las pymes de la financiación bancaria. Esto no significa que ahora haya que reducir el crédito desde las entidades financieras para que lo den otros sino que los bancos deben verse acompañados por un conjunto de posibilidades de financiación más amplio, tanto para salir de la crisis, como para la sostenibilidad y expansión empresarial más allá de la crisis. Aspectos como las incubadoras de empresas o el apoyo a los business angels o inversiones informales deberán instrumentarse de forma ambiciosa para que tengan realmente cabida y futuro en España.
Y, junto con los intermediarios, están los mercados. En otras circunscripciones donde los bancos son determinantes para la financiación de pymes, esto no es óbice para que éstas tengan también un mayor acceso a mercados de renta fija. Hablamos, sobre todo, de la creación del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARFI), al que se quiere dar un impulso inicial con una línea de mediación de pagarés y bonos de empresa. Y chocamos de nuevo con la misma necesidad, un esquema de garantías (en principio públicas) para que el mercado pueda ofrecer la suficiente profundidad. Se quiere retomar el fondo de titulización de préstamos a pymes, en el que ya en el pasado hubo experiencias interesantes. Además, estos fondos son aún más interesantes si los títulos pudieran ser empleados como colaterales por parte de los tenedores (por ejemplo, los propios bancos) en operaciones de financiación con el BCE.
En su totalidad, se trata de medidas que muchos economistas llevamos reclamando muchos años, que algunas veces en el pasado se intentaron y que casi nunca tuvieron el impacto deseado o esperado. Por eso, como en otras reformas, hay que esperar a la implementación y también habrá que ver si el alcance cuantitativo puede ampliarse pero la dirección parece la adecuada.
Santiago Carbó Valverde es catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor Business School e investigador de Funcas.