Tribuna

Una vacuna contra la corrupción

Cada día que los medios de comunicación nos asaltan con nuevos casos de presunta corrupción, los ciudadanos sienten mayor desafecto por nuestros representantes políticos y es fácil que en bares y cafés se escuche la consabida frase de “todos son iguales”. Parafraseando a nuestro presidente en su discurso de ayer sobre el Estado de la Nación, la corrupción política alarma a los ciudadanos y afecta a la imagen de España. Frente a este tsunami de corrupción que amenaza con barrer, además de la confianza de los ciudadanos, la paz social, hay una única solución. Efectivamente: el gobierno y la oposición tienen una oportunidad de oro en la Ley de Transparencia para dar un mensaje claro a los ciudadanos y a las instituciones que reciben fondos del sector público: que su compromiso contra la corrupción es total. Transparencia, a través de la rendición de cuentas, sistemas de control reforzados y supervisados por direcciones de auditoría interna cualificadas e independientes, y cumplimiento estricto de la ley sin excepciones.

Las empresas privadas son un buen espejo donde mirarse, puesto que han recorrido un camino que puede servir de guía a los representantes políticos.

En el ámbito empresarial llevamos años trabajando en reforzar los sistemas de control interno y de gestión de riesgos, el clima ético, las políticas anticorrupción y el establecimiento de Códigos de Buen Gobierno Corporativo. Esto no quiere decir que no sucedan casos de corrupción o fraude, quiere decir que la empresa tiene tolerancia cero, un fuerte compromiso con que no ocurran estos casos y penaliza a quien incumple. En la mayoría de empresas del Ibex existen códigos de ética y de conducta que fijan el comportamiento de los miembros de una organización, en su relación con otros grupos de interés y establecen canales de denuncia confidenciales.

Estos códigos se revisan periódicamente para introducir mejoras, adaptarlas a la legislación y elevar el control sobre los riesgos no financieros: éticos, sociales, ambientales y reputacionales. El gobierno corporativo de las empresas ha mejorado en estos años empujado por reformas legislativas promovidas desde las administraciones públicas con el objetivo de proteger intereses de los grupos de interés. Parece lógico pensar que si los legisladores han impulsado códigos de buen gobierno en la empresa privada para proteger los intereses de sus stakeholders, las administraciones públicas y aquellos que reciben fondos públicos, apliquen esos mismos principios de buen gobierno para proteger los intereses de su principal grupo de interés: los ciudadanos. Ha llegado el momento de que los representantes políticos, que tienen la responsabilidad de administrar y gestionar las instituciones públicas, promuevan las mismas exigencias para el gobierno de estas que ya han adoptado las empresas privadas.

Sistemas eficaces de control interno, direcciones de auditoría interna profesionales, un buen clima ético y una cultura que reconozca la honradez como “así hacemos las cosas aquí”, desde la cúpula hacía abajo en la organización, junto con regímenes sancionadores eficaces. Como auditores internos, expertos en control interno y gestión de riesgos, aplaudimos algunas de las medidas anunciadas por nuestro presidente D. Mariano Rajoy tales como que los criterios de la Ley de Transparencia, se apliquen a cuantas entidades se financien con dinero del contribuyente: partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, etc. Es bueno recordar a nuestros representantes políticos que el control de la actividad económica es condición imprescindible pero no suficiente. Si se van a reforzar los sistemas de control interno no conviene olvidar otros aspectos. Así es comúnmente aceptado en la empresa privada que a través del control interno, el consejo de administración, la dirección y demás personal de la organización, llevarán a cabo un exhaustivo seguimiento de la eficacia y eficiencia de las operaciones, de la fiabilidad de la información financiera, del cumplimiento de las normas aplicables y de la salvaguarda de los activos de la empresa.

Las medidas propuestas ayer por el presidente de la nación: endurecimiento de las penas, mayor agilidad procesal, aumento del plazo de prescripción de los delitos, estatuto del cargo público, auditoría de todos los cargos públicos al final de su mandato… suponen un cambio drástico en la lucha contra la corrupción en España. De aplicarse, nos situarían a la vanguardia de Europa en pos de la transparencia. Los españoles necesitamos estas vacunas anticorrupción.

José Manuel Muries es presidente del Instituto de Auditores Internos de España

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