El Gobierno descarta rebajar las nuevas tasas judiciales porque servirán para ampliar los casos de asistencia gratuita
El Gobierno no se plantea rebajar las nuevas tasas judiciales porque considera que permitirán "reorganizar" la administración de justicia y ampliar los supuestos en los que se podrá acceder al servicio de asistencia jurídica gratuita, según ha explicado la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha recordado que, con la Ley de Tasas, el Gobierno pretende reducir el "exceso de litigiosidad" a través de este mecanismo que en España está "muy debajo" de la media de la Unión Europea.
Por ello, ha rechazado rebajar el importe de las nuevas tasas tras la polémica generada y ha insistido en su necesidad, entre otras cosas para ampliar los umbrales que permiten acceder a la asistencia jurídica gratuita.
"El Gobierno respeta la valoración de los sectores, pero al Gobierno le corresponde tomar decisiones y al Parlamento aprobar las leyes oportunas", ha aseverado antes de reconocer que estas medidas "no siempre son fáciles ni populares". "Es habitual pedirle al Gobierno que haga cosas hasta que afecta a la que toca a su ámbito", ha apuntado.
Reparto diferente de los costes
Sáenz de Santamaría ha explicado que quienes tienen acceso al sistema de asistencia jurídica gratuita están exentos del pago de las tasas, así como de abogados y procurador, y ahora el aumento de las tasas permitirá ampliar los umbrales para acceder a este servicio.
Además, ha recordado que no todos los procesos judiciales implican el pago de tasas, del que están exentos por ejemplo los procesos penales o los de primera instancia en el procedimiento laboral. De la misma forma, en un procedimiento, el condenado es el responsable del pago de las tasas y todos los gastos ocasionados.
"Se trabaja por una reforma de la justicia en la que éste es un elemento para rebajar la litigiosidad, es una norma en conjunto", ha subrayado la vicepresidenta, que ha aludido a "un reparto diferente" de los costes de la justicia. "Que quien no tiene recursos pueda litigar a costa de que quien los tiene pueda pagar", ha resumido.
Jueces y fiscales exigen la dimisión de Gallardón y amenazan con una huelga en diciembre si mantiene las tasas
Unos doscientos jueces y fiscales de la Comunidad de Madrid han pedido este viernes la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en una concentración organizada por la Comisión Interasociativa a las puertas de la sede del Ministerio, y han amenazado con convocar una huelga en el mes de diciembre si mantiene la Ley de Tasas, además de modificar otros proyectos legislativos en los que trabaja el Gobierno.Durante la protesta, que ha tenido lugar a las 13.30 horas, los manifestantes han cortado el tráfico de la calle San Bernardo y han gritado 'Gallardón, dimisión'; 'Gallardón dimite, los fiscales no te admiten'; 'Menos Gallardón, más Constitución; 'Tasas, no'. Entre los asistentes a la manifestación ha estado el juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz.El juez decano de Madrid y portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), José Luis González Armengol, ha leído un manifiesto, que también ha sido leído en todas las capitales de provincia, con diez propuestas que pretenden "hacer un nuevo llamamiento a todos los responsables de la Justicia, recordando que ésta no puede ser vista como un problema"."Debe estar llamada a encabezar el discurso público contra la crisis, Una Justicia centrada en las personas, en la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos. Una Justicia ágil, favorecedora de la seguridad jurídica y de la reactivación económica", ha declarado Armengol ante los medios de comunicación.Así, entre las propuestas de los jueces y fiscales están: la "retirada inmediata" del Proyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica del poder Judicial (LOPJ), que "perjudica la calidad de la Justicia y no encuentra justificación en la situación de crisis económica"; la potenciación de la "estructura y competencias" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo Fiscal y la autonomía presupuestaria del CGPJ y de la Fiscalía General del Estado para garantizar su "independencia y eficacia".