COLUMNA

¿Hay margen para cambiar la financiación autonómica?

El actual modelo de financiación autonómica cumple con los principios básicos predicables de un sistema de federalismo fiscal, que es lo que tenemos, se llame como se llame. En primer lugar, incentiva la corresponsabilidad fiscal al hacer depender buena parte del modelo de los recursos tributarios de las comunidades autónomas, que no son otros que los tributos cedidos básicamente.

En segundo lugar, garantiza la suficiencia financiera de los territorios, de forma muy acusada cuando se trata de los servicios esenciales -sanidad, educación y servicios sociales, aunque la Ley de Dependencia sigue siendo una asignatura pendiente- y en menor proporción para los restantes. Dicha suficiencia se predica, además, en términos dinámicos, con lo que, en principio, no sería necesaria la reforma del sistema en el futuro. Por último, contiene instrumentos de solidaridad y convergencia entre las diferentes comunidades autónomas, a través de los fondos de competitividad y cooperación.

Partiendo de lo anterior y desde un punto de vista de la gestión de las finanzas públicas, no parece que sea el momento más adecuado para alterarlo. Ahora cada Administración debe ajustar sus gastos y eliminar todo lo superfluo, al objeto de alcanzar el objetivo conjunto -de todo el país- de reducción del déficit. Una vez realizada esta labor, se puede estudiar cuál es la financiación que necesitan las comunidades autónomas para prestar los servicios que tienen encomendados, que es cierto que son los que mayor gasto generan: educación y sanidad.

Pese a lo anterior, jurídicamente existe margen para cambiarlo. Por ejemplo, es posible incrementar la participación de las comunidades autónomas en todos o algunos de los tributos cedidos. Sin embargo, si lo que se pretende es imponer un límite a la solidaridad, tan elevado que la elimina en la práctica, ello iría en contra de la Constitución.

Hemos de asumir que estamos en un país con un esquema de federalismo fiscal. Y ello exige aceptar, también, que el sistema ha de regirse por varios principios y entre los que hay que encontrar un equilibrio: suficiencia, autonomía y solidaridad. El ejemplo de Alemania, y que tanto gusta a algunos de nuestros políticos, presenta mecanismos de solidaridad muy potentes -las transferencias verticales, del Bund a los länder y horizontales, de los länder entre sí-, que operan una casi igualación en la capacidad financiera de los distintos territorios. Por tanto, bajo un esquema de federalismo fiscal no se puede pretender que todo lo recaudado en una comunidad autónoma quede en dicho territorio, sino que parte -y de esto sí podemos discutir- debe ir destinado al funcionamiento de mecanismos de solidaridad interterritorial. Estas aportaciones a la solidaridad, para el caso de ciertas comunidades autónomas, ya fueron limitadas en el nuevo sistema de financiación autonómica, que es el mejor que han tenido nunca.

Ahora bien, si pensamos bajo una lógica secesionista, la cuestión es muy distinta, pues caben estos otros planteamientos que ignoran la solidaridad al negar la propia pertenencia del territorio en cuestión al país. El problema de fondo que tenemos en España es que hemos heredado un sistema foral, donde ciertos territorios -País Vasco y Navarra- no realizan ninguna aportación a la solidaridad. Y este sistema, que no es otra cosa que un residuo histórico, genera expectativas en otras comunidades autónomas sometidas al régimen común.

El debate está servido, porque estamos ante procesos siempre abiertos y donde los cambios nunca son rápidos, sino fruto de negociaciones largas y equilibrios políticos difíciles. Lo cierto es que el año que viene debe realizarse la primera revisión del sistema. Sería bueno que aparcáramos ahora la discusión y aprovecháramos este primer periodo de funcionamiento para evaluarlo y, en su caso, corregir alguna deficiencia que pudiera presentar. Pero todo ello desde posiciones técnicas, razonables y sin introducir aspiraciones políticas que poco o nada tienen que ver con la financiación.

Javier Martín Fernández. Socio director de F&J Martín Abogados. Profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense