Los 'bancos malos' no salen gratis
El Gobierno de España está en proceso de crear lo que se llama un banco malo. Tal iniciativa, en un país que adolece de práctica en estos menesteres, traerá una fuerte polémica. La historia nos demuestra que un banco malo al final le cuesta el dinero al contribuyente.
El Gobierno, por medio de su vicepresidenta, se ha adelantado diciendo de forma gratuita que el banco malo no le costará ni un euro a los contribuyentes. Esta afirmación debe ser el resultado de presiones políticas y no de desconocimiento económico, ya que resulta sorprendente que un Gobierno con tal plétora de economistas del Estado y cientos de asesores no hayan informado a la vicepresidenta que lo que afirma no es posible.
Una correcta labor de Gobierno requiere siempre el estudio de la legislación comparada allí donde la haya. Decía Confucio que era necesario estudiar el pasado para entender el futuro. Los Estados Unidos de Norteamérica ofrecen ejemplos sobre este particular para que el Gobierno popular, que era la esperanza blanca de una España en quiebra, pueda prepararse para lo que viene.
En Estados Unidos el colapso bancario durante la Gran Depresión del 29 obligó al Congreso a aprobar el Federal Savings and Loan Insurance Corporation (FSLIC). El FSLIC, desde su creación hasta 1989, actuó sobre los fallidos que cíclicamente generaba el sistema. La explosión de la burbuja de bienes raíces en 1989, que arruinó a los llamados savings and loans banks del país, y equivalentes a las cajas de ahorros de España, se empezó a gestar en 1986. La magnitud del problema hizo que la FSLIC fuera incapaz de hacer frente a la nueva avalancha de quiebras, que empezó en 1986 y que excedía los 100 billones de dólares.
El presidente George H. W. Bush aprobó la creación del Resolution Trust Corporation (RTC) en 1989 para hacerse cargo de semejante catástrofe. El RTC empezó a funcionar cuando el 9 de agosto de 1989 el Congreso pasó el Financial Institution Reform, Recovery and Enforcement Act of 1989 (Firrea) que aprobaba el uso del dinero de los contribuyentes para solucionar los problemas de insolvencia de las instituciones financieras. Firrea dotó al RTC con 50 billones de dólares para poder operar, pero la dimensión del problema hizo que el Congreso accediera a aumentar hasta tres veces los fondos hasta llegar a un total de 105 billones de dólares. Desde que RTC fue creado hasta que a finales de 1995 dejó de existir, se liquidaron más de 700 instituciones financieras que acumulaban diferentes tipos de activos fallidos por valor de casi 400 billones de dólares.
En definitiva, desde 1986 hasta finales de 1995, entre el FSLIC y el RTC, se cerraron más de 1.000 instituciones financieras en dificultades y se liquidaron activos fallidos por un valor superior a los 500 billones de dólares. El costo total para los bolsillos de los contribuyentes, entre pérdidas directas e indirectas de los dos programas, se estima en más 120 billones de dólares.
El 3 de octubre de 2008, al comienzo de la Gran Depresión del siglo XXI, el presidente George W. Bush, como en un mal déjà-vu, tuvo que aprobar el Trouble Asset Relief Program (TARP) para comprar activos de instituciones financieras en problemas. El TARP fue dotado con 700 billones de dólares, pero de acuerdo con el reporte de marzo de 2012 del Congresional Budget Office (CBO), hasta el 22 de febrero de 2012 se han usado un total de 431 billones de dólares. A día de hoy, el CBO estima que el costo total hasta la fecha del programa TARP para al Gobierno federal y los contribuyentes es de aproximadamente 32 billones de dólares.
La experiencia del banco malo es una iniciativa que en España no tiene antecedentes, por lo que una mínima prudencia gubernamental es exigible, dada la controvertida experiencia de países con experiencias previas. El resultado final dependerá de la correcta administración del programa. Es dinero público el que está en juego y no debemos permitir que en España se socialicen las pérdidas y se privaticen las ganancias.
María Lorca-Susino. Profesora del Departamento de Economía de la Universidad de Miami