El 'banco malo' tendrá 15 años para evitar pérdidas

Deberá poseer un 50% de capital privado para que las emisiones con las que se financiará no computen como deuda pública

El decreto aprobado el viernes por el Gobierno esboza mínimamente la figura del banco malo, la sociedad de gestión que absorberá los activos tóxicos de la banca intervenida, un pilar maestro de la reforma financiera que ha impuesto Bruselas a cambio del rescate. El armazón publicitado habla de una sociedad anónima que debe nacer con un 50% de inversión privada. Los múltiples huecos pendientes deberán resolver la incógnita de cómo se captará ese capital y se minimizarán el coste para el Estado en los 15 años de vida para el banco malo. Economía tiene hasta finales de noviembre para culminar esta regulación y ponerlo en marcha.

El decreto establece que "en ningún caso la participación pública podrá ser igual o superior al 50% del capital de la sociedad". Un ambicioso modelo diseñado para impedir que las emisiones que haga el banco malo computen como deuda pública en un momento en el que el Estado lucha por sanear sus cuentas.

Teniendo en cuenta que esta sociedad está destinada a asimilar los activos y pasivos más dañinos que acumula la banca, atraer inversión privada no resultará fácil. Y menos en un plazo de tres meses, el periodo máximo que da el decreto al Gobierno para poner en marcha la sociedad. Para entonces, el 30 de noviembre como tarde, Economía tendrá que haber captado capital suficiente como para cubrir la mitad del ladrillo que se traspase de las entidades ya nacionalizadas: Bankia, Catalunya Caixa, Novagalicia y Banco de Valencia.

Economía ve en la banca sana a un inversor potencial

Al segregar sus activos en el banco malo, los bancos y cajas recibirán a cambio dinero en efectivo, deuda presentable como contrapartida ante el Banco Central Europeo o acciones de la sociedad. Pese a esta última opción, estas cuatro entidades -así como cualquier otra intervenida que sea obligada a traspasar sus activos- no podrán computar como inversores privados ya que al haber recibido ayudas públicas figurarán dentro del 49,99% de máximo que pertenece al Estado.

Fuentes de Economía aseguran que "si el diseño es bueno y atractivo, no debe resultar ningún problema" atraer a inversores privados. Para asegurarlo, sin embargo, el Gobierno tiene previsto iniciar una campaña de promoción de la sociedad que incluirá presentaciones ante inversores y un road show internacional en el que defender la operación.

La clave del atractivo que pueda generar, no obstante, radicará fundamentalmente en el precio al que se ofrezcan dichos activos. Solo si es lo suficientemente bajo, como está reclamando Bruselas, sería posible captar la atención de inversores. Un reclamo que se presenta dudoso en el caso de los solares que se teme que tarden años en encontrar promotores dispuestos a desarrollarlos y darles salida. Esta es una de las razones, de hecho, por las cuales el Ejecutivo ha optado por alargar la vida útil del banco malo a 15 años, frente a los 10 ejercicios que se dibujaron inicialmente, con la esperanza de que en dicho periodo "el ciclo económico se modifique, incluso para los activos más perjudicados", argumentó el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Ayudas públicas

La otra gran herramienta que facilita el decreto al Gobierno para buscar compradores es la posibilidad de ofrecer incentivos, en forma de ayudas públicas a los inversores. El interés de la sociedad de gestión ante los mercados radicará también en el tipo de activos que albergue. Aunque Guindos aseveró que el "núcleo duro" de los traspasos corresponderán a adjudicados y créditos a promotores, desde Economía advierten que siguen negociando con Bruselas si se incluirán créditos dudosos a otros sectores, como el consumo. En cualquier caso, el Ejecutivo se reserva la posibilidad de que el banco malo cree a su vez las sociedades o fondos que sean necesarios para separar diferentes carteras por tipos de activo y atraer así a inversores específicos.

Aunque por el momento no se conocen postores, desde el Ministerio apuntan que "los bancos sanos son buenos candidatos para ser terceros inversores", si bien descarta que lo hagan entregando parte de sus activos inmobiliarios a cambio de una participación, por la escasa contrapartida que se les entregaría.

De los detalles que termine aprobando el Gobierno, en función de su pulso con Bruselas, dependerá el éxito del banco malo, la digestión de la burbuja inmobiliaria y el coste que tenga el proceso para el contribuyente.

Valoración más allá del descuento previsto en provisiones

"El principio fundamental" del banco malo, explicó el viernes el ministro de Economía, Luis de Guindos, "es que sea una sociedad rentable". Para ello, desarrolló, "el precio de transferencia de los activos tiene que ser adecuado para que no genere pérdidas a lo largo de su vida y para minimizar la carga al contribuyente". La clave del proceso, por tanto, es el precio al que la sociedad comprará la carga tóxica de los bancos. Una valoración en la que el Gobierno ha decidido prescindir de la tasación individual perentoria en los traspasos ordinarios y encargar el proceso al Banco de España quien, sujeto a una metodología aún por desarrollar, establecerá los precios basándose en los informes de expertos independientes. Cuanto mayor sea el descuento aplicado respecto al valor en libros, mayor será el agujero para la entidad que los transfiere. De ahí que este sea uno de los puntos más polémicos de la negociación con Bruselas. El punto de partida de la rebaja de precios prevista, según dejó traslucir el Gobierno, son las provisiones que se han exigido: 80% para el suelo, 65% para promociones en curso y 35% para vivienda terminada. "A partir de ahí, el descuento adicional no tiene por qué ser muy significativo", avanzaron fuentes de Economía, que aseveraron que "las provisiones no son un suelo" y que dependiendo de cada activo este descuento podría ser bastante o algo insuficiente. La idea, en todo caso, es tomar como referencia los precios de mercado actuales -si hay operaciones de referencia- y un valor razonable cuando no sea posible, como con el suelo.