Vía libre a una reforma que podrá costar 120.000 millones
El FROB completará los recursos de la ayuda europea, que no llegará hasta noviembre
El Gobierno aprobó el viernes la reforma que debe ser el punto culminante y definitivo del vía crucis en el que está inmerso el sistema financiero español -y el conjunto de la economía del país- desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. El Consejo de Ministros dio luz verde a la normativa que traslada las exigencias del memorando por el que la banca española recibirá hasta 100.000 millones de euros del fondo de rescate europeo. España asume en su regulación las normas dictadas por la Comisión Europea, el BCE y el FMI, ahora encargados de vigilar que los problemas de solvencia de la banca española se resuelven de manera que los socios de la zona euro recuperen el dinero que prestan al país, a través del FROB, para el saneamiento de su sistema financiero. "Es una modificación sustancial de todo el entramado de prevención de crisis bancarias. Si hubiésemos tenido un instrumento como este, la crisis se podría haber abordado de manera distinta", explicó Luis de Guindos, ministro de Economía, en rueda de prensa. Sin embargo, la solemnidad del momento quedó deslucida horas después al conocerse que, pese a la aprobación del Real Decreto Ley de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito, la solución para Bankia -detonante de la petición a Bruselas de la ayuda para la banca- será adelantada en primera instancia por el FROB, con un patrimonio actual por apenas 4.300 millones de euros. El memorando del acuerdo del rescate, que ha supuesto la elaboración del real decreto aprobado el viernes, contemplaba la activación de un primer tramo de ayuda de emergencia por 30.000 millones que podía hacerse efectivo este mismo mes de agosto. Sin embargo, Bruselas ha desestimado tal situación de urgencia para Bankia y, pese a que el Gobierno ha aprobado ya la regulación requerida, será el FROB quien salga primero al rescate. El dinero europeo no llegará por tanto hasta noviembre, según explicó el viernes Guindos, una vez que se conozca el resultado de la auditoría de Oliver Wymann y se haya obtenido el visto bueno de Bruselas, previsto para octubre, a los planes de reestructuración de las entidades que reciban las primeras ayudas.
El decreto aprobado en consejo de ministros quedó registrado en la misma tarde del viernes en el BOE, con una entrada en vigor inmediata. Y a partir de ahora, se presenta el desafío de lograr que la recapitalización de las entidades ya nacionalizadas -Bankia, Novagalicia, Catalunya Caixa, y Banco de Valencia- más la de aquellas que necesiten ayudas tenga el menor coste posible para el contribuyente.
El real decreto dota al FROB, el vehículo a través del que se inyectará el capital, de capacidad de endeudamiento por 120.000 millones de euros, que incluyen los 100.000 millones del rescate europeo más el apalancamiento del propio FROB, que tendrá reservada una dotación de los Presupuestos del Estado. Así, "podrá financiarse con terceros con un límite que para 2012 se fija en 120.000 millones de euros", explica Economía. Será la factura que puede llegar a alcanzar el rescate bancario.
Guindos reconoció en rueda de prensa que el objetivo es minimizar el coste para el contribuyente, si bien existe la posibilidad de que el Estado tenga que asumir pérdidas, como ya sucedió en su día con el saneamiento de Banesto. Y para evitarlo, será crucial un adecuado diseño del banco malo -con valoraciones del ladrillo ajustadas al mercado y capaces de generar ganancias a medio plazo- y el éxito en la resolución ordenada, el mecanismo que se prevé para las entidades inviables e incapaces de devolver las ayudas y principal novedad del decreto recién aprobado.
El texto establece tres niveles para abordar las crisis bancarias. Uno inicial en el que el Banco de España tendrá la capacidad de actuar con carácter preventivo en las entidades en las que detecte problemas, y que, con carácter transitorio, necesiten una ayuda excepcional. Un segundo nivel de actuación, sobre las entidades que sí presenten problemas más acuciantes de solvencia, que deberán someterse a un plan de reestructuración tutelado por el FROB, aunque sean capaces de sobrevivir por sí mismas después de recibir ayudas. Y un tercer nivel, denominado de resolución ordenada, reservado para entidades que, pese a las ayudas recibidas, se demuestre que no son viables. Una fórmula que, en el peor de los casos acabaría en liquidación, pero que contempla fórmulas como la venta de activos y las subastas, en un proceso similar al desarrollado para dar salida a CAM.
"Siempre hay una parte que tiene valor y genera interés por parte de terceros y no se puede desperdiciar. Se trata de vender lo bueno y minimizar el impacto de recursos públicos", avanzó Guindos. Es la fórmula que se seguiría en principio con Catalunya Caixa, que tendrá que traspasar al banco malo los activos tóxicos -al igual que el resto de entidades que reciban ayudas- y reactivar el proceso de subasta para los activos más atractivos. "Que se aplique la resolución no significa la liquidación", matizó Guindos. Esa será al fin y al cabo una de las fórmulas con las que limitar al máximo el coste para el contribuyente.
La crisis hace mella en la gran banca
La subasta de Catalunya Caixa se retomará el próximo invierno
El Gobierno retoma la subasta de Catalunya Caixa. La caída de Bankia y el posterior rescate de la banca española con dinero europeo paralizó su adjudicación, prevista para verano. Lo mismo ocurrió con Banco de Valencia.El Ministerio de Economía tiene en mente retomar estos procesos conforme eche a rodar la reestructuración bancaria. Luis de Guindos dio a entender el viernes que Catalunya Caixa no se liquidará, sino que será vendida. "Es una entidad que tiene activos dañados, pero su marca tiene mucho valor", dijo. El grupo barcelonés cuenta con 1.200 oficinas, 81.900 millones de euros en activos y 4,1 millones de clientes. El proceso de venta se iniciará en invierno, después de que la firma sea saneada. Tal y como quiere la CE, todos los postores tendrán las mismas oportunidades. El ganador podría recibir ayudas, lo que de algún modo reactivaría el esquema de protección de activos.
Desaparecen las penalizaciones impuestas a los superdepósitos
La crisis de liquidez se ha cobrado un duro peaje entre las entidades españolas. Acostumbrados a apelar a los mercados mayoristas para lograr financiación, bancos y cajas tuvieron que volverse hace cuatro años hacia su base de clientes para conseguir dinero con el que refinanciar su deuda.La lucha por el pasivo llegó a cotas preocupantes. Resultaron habituales rentabilidades cercanas al 5% anual. El supervisor consideró que los llamados superdepósitos podían derivar en un peligro sistémico y, por eso, decidió que su aportación al FGD fuera superior al del resto del pasivo.Pero hecha la ley, hecha la trampa. Las entidades sortearon las limitaciones emitiendo pagarés a plazos idénticos a los habituales entre los depósitos y con una inversión mínima similar. El problema lo identificó el viernes el propio Guindos al anunciar el fin de esa penalización: "Los pagarés tienen menos garantías. Por eso se quiere evitar que se utilicen como depósitos", aseveró el ministro.
El Fondo de Garantía de Depósitos se limitará a garantizar los ahorros
El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) tendrá por único y exclusivo fin garantizar las cuentas a la vista y las imposiciones a plazo en entidades de crédito hasta un máximo de 100.000 euros por cliente. Así lo indicó ayer el Ministro de Economía, Luis de Guindos. El Gobierno ha renunciado a cargar sobre el sector bancario parte del coste de saneamiento de las entidades quebradas. La pasada primavera, Economía sopesó la posibilidad de exigir que el FGD participara en la recapitalización de entidades como Catalunya Caixa, Novacaixagalicia y Banco de Valencia. En su momento, la Asociación Española de Banca (AEB) mostró su rechazo a adelantar las nueve anualidades al FGD que sugería el Gobierno.La llegada de dinero europeo han hecho innecesario recurrir a bancos sanos para salvar fallidos. Aunque el FGD se limite a su función original, mantiene su obligación como avalista en Banco CCM, Cajasur, CAM y Unnim, según los términos de sus subastas.
Los banqueros cobrarán medio millón de euros
Los ejecutivos al frente de entidades con ayudas públicas podrán cobrar, como máximo, medio millón de euros al año. Por tanto, su paga se reduce en 100.000 euros frente al tope impuesto en el primer decreto de saneamiento financiero aprobado bajo el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado febrero, de 600.000 euros anuales.La medida tiene especial importancia si se considera que el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que tan solo Santander, BBVA y CaixaBank eludirán con seguridad las ayudas europeas. Queda por ver, pues, qué pasara con Banco Popular, Sabadell, BMN, Kutxabank, Ibercaja-Liberbank y Unicaja-Banco Ceiss.