Más ambición en los horarios comerciales
La Comisión Nacional de Competencia (CNC) vertió ayer un jarro de agua fría sobre la reforma de los horarios comerciales que el Gobierno aprobó el pasado mes de abril. El organismo regulador ha elaborado un informe en el que califica el texto de forma global como positivo, pero también advierte de sus carencias, de su timidez y de su falta de ambición. El análisis concluye que la flexibilización introducida por el Gobierno supone de media -si se toman como laborables seis de los siete días de la semana- la posibilidad de incrementar un 25% la jornada, es decir, de 12 a 15 horas. En cuanto a la ampliación de los festivos, advierte que la reforma permite "únicamente subir el umbral en solo dos festivos (de 8 a 10)" y considera que deben ampliarse los criterios que permitan calificar a un municipio como "zona de gran afluencia turística" de cara a permitir que más núcleos urbanos puedan beneficiarse de la norma. Una vez más, la recomendación de Competencia es clara y contundente: es necesario eliminar de forma general todas las restricciones en días y horarios de apertura comercial, sin discriminación alguna entre formatos o tamaños y sin que exista la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan poner cortapisas adicionales que supongan una limitación a la normativa estatal.
La necesidad de avanzar hacia la plena liberalización de horarios comerciales en nuestro país es una recomendación que organismos internacionales como el FMI o la OCDE han reiterado en numerosas ocasiones. A priori, se trata de una medida especialmente beneficiosa para la productividad de un país como España, cuya densidad de pequeño comercio se halla entre las más elevadas de Europa. A ello hay que sumar el previsible efecto balsámico que la liberalización tiene sobre los precios, más necesario que nunca en la coyuntura económica actual, así como la flexibilidad que puede suponer para estimular el consumo.
Pese a esas ventajas, la norma aprobada por el Gobierno se ha topado desde su aprobación con el rechazo de buena parte del pequeño comercio, así como de algunas comunidades autónomas numantinamente reticentes a una ampliación cuya importancia estratégica y económica no terminan de entender. Esas resistencias suponen una dificultad añadida a la hora de implementar una revolución comercial que España debería haber llevado a cabo hace años y que en estos momentos resulta más urgente que nunca, pero no excusa para no llevarla a cabo. En ese sentido, las recomendaciones de Competencia no hacen más que poner en evidencia las limitaciones de una reforma que para ser útil debe implementarse de forma enérgica e irreversible. Es por ello que el Gobierno debe estudiar con atención las deficiencias de una norma cuyo objetivo debe ser mejorar al máximo la competitividad del sector comercial español.