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El foco
Tribuna
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'Euro financial bailout'

El rescate a la banca española es un paso adelante, pero no agota el trayecto. El autor explica los retos que aún restan y señala cuál debería ser el objetivo final: una unión fiscal y bancaria real en Europa.

Da igual que nos guste o no la palabra "rescate" porque, en todo el mundo, la ayuda financiera de la UE en forma de una garantía de 100.000 millones de euros se ha definido claramente como bailout que, según la traducción al castellano de la definición que aporta el Oxford English Dictionary es "el acto de dar asistencia financiera a un negocio o a una economía en problemas para salvarla del colapso". Cierto es que el rescate en cuestión no es del tipo del que se había articulado para Grecia, Irlanda o Portugal, pero es un rescate al fin y al cabo. En este sentido, la reacción a corto plazo de los mercados no tiene por qué ser necesariamente buena porque, entre otras cosas, no cortocircuita la relación entre deuda soberana y deuda bancaria, ya que aumenta el nivel de apalancamiento y los pasivos contingentes del Estado. En todo caso, la intención era disipar poco a poco las dudas respecto a potenciales problemas de viabilidad de algunas entidades financieras con consecuencias para todo el sector y, en ese punto, se ha dado un paso adelante importante. No olvidemos que no había elección sin costes.

Es un avance, al menos parcial, en todo caso, ya que, por fin, se cuenta con una parte de la garantía necesaria para frenar la especulación y la incertidumbre sobre el sector financiero español. Una garantía (backstop) sobre la que, desde esta tribuna sin ir más lejos, he insistido en múltiples ocasiones que resulta crucial. Y 100.000 millones de euros pueden ser una garantía suficiente. Cierto es que no solo España, sino el conjunto de la UE, precisan de otras garantías de mayor importe y cobertura que atajen no solo las dudas sobre el sector bancario, sino también de la deuda soberana. Se trata, en definitiva de lograr una verdadera unión fiscal y bancaria. Mientras que no se avance en esa dirección, la tranquilidad no estará asegurada y queda mucho trabajo por delante.

Con esta garantía para el sector bancario español no puede pensarse que está todo resuelto y que solo quedará esperar. Queda un trabajo ingente por delante y un enorme reto de estrategia político-económica. Ahora que la garantía está ahí, es determinante saber hasta qué punto se hará uso de ella. Y aquí surgen algunos retos de especial significación. Entre otros, se deja de la mano de las valoraciones independientes de Roland Berger y Oliver Wyman determinar las necesidades de capital. La primera aproximación será un ejercicio de estrés y ya conocemos muy bien los problemas que el desarrollo de estos ejercicios reportan. Entre otros, en lugar de aproximar las necesidades de capital a través de una valoración detallada de los activos -algo que se supone que se hará más adelante- se opta por establecer escenarios macroeconómicos más o menos severos y por determinar cómo quedan los niveles de capital de las distintas entidades o del conjunto del sistema ante tales escenarios. Con este tipo de valoraciones, el resultado suele ser una infraestimación de las necesidades de capital. Pero conviene no anticiparse y dejar hacer a las auditoras. Eso sí, sería muy importante que a las necesidades que surjan, se añadiera un importante colchón adicional de capital para cubrir escenarios de una evolución macroeconómica muy desfavorable y de deterioro de otras carteras de créditos más allá de la construcción y promoción, incluyendo hipotecas, créditos al consumo y otros créditos a empresas. Con estos colchones es posible que las necesidades estimadas se acerquen al total de la garantía que Europa ha puesto a disposición. Acercarse a ese montante máximo va a ser más creíble que quedarse cortos porque nuestra estrategia gradual anterior ya nos ha generado muchos problemas y urge cuanto antes la necesidad de una valoración definitiva. Si luego la realidad exige menos capital, pues mejor que mejor, pero ahora que la garantía está ahí se debe actuar sin miedo ni complejos.

Otro aspecto muy importante es el de la condicionalidad. Desde el Gobierno se ha insistido en numerosas ocasiones en que no existen requerimientos fiscales ni en otros aspectos más allá del sector bancario. Esto es importante señalarlo, porque diferencia este rescate de otros casos más dramáticos y no comparables. Eso sí, a buen seguro que habrá intensa condicionalidad sobre el sector bancario español, que tendrá efectos indirectos sobre la situación macroeconómica y fiscal del país. La UE, el Banco Central Europeo e, incluso, el FMI vigilarán y darán forma al saneamiento y reestructuración así como a los mecanismos de resolución de entidades a la vez que endurecen la disciplina bancaria. Por todo ello, será fundamental conocer cómo afecta esto al funcionamiento y decisiones del FROB en los próximos meses y a cómo se acaba cerrando el proceso de reordenación bancaria.

Puede que España se haya convertido de forma involuntaria en el primer caso de un posible mecanismo común de apoyo y resolución bancaria europea, cuyos primeros pasos anunció el comisario Barnier la semana pasada. Se trata de un proceso que tendrá numerosas fases y que se instrumentará, bien a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera o bien a través de otro vehículo creado a tal efecto en el futuro. Es un proyecto que, como poco, precisará mayor autoridad europea en las decisiones de resolución de crisis bancarias, con cierta supeditación de la supervisión nacional a unas normas y decisiones centralizadas. Mucho de lo que acontezca en nuestro sector financiero en los próximos meses será pionero sobre lo que cabe esperar de los mecanismos que regularán -incluyendo resolución y disciplina- la futura Unión Bancaria europea.

Es un momento histórico para España y la eurozona, en el que nuestro país ha tenido y tendrá que tomar decisiones de enjundia si se quiere evitar un auténtico tormento. El ingrediente fundamental, el backstop, se puso este fin de semana pero ahora queda ver qué posición adoptan las autoridades españolas respecto al uso de esa garantía y cuánta credibilidad se tiene ante los numerosos y difíciles retos que quedan por delante.

Santiago Carbó. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada

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