Otro modelo de TV autonómica
El autor plantea que antes de que la crisis y los recortes acaben con las televisiones autonómicas es urgente repensar su modelo a través de un pacto de instituciones, partidos, agentes sociales y empresas
El sector audiovisual público tiene hoy una asignatura pendiente, la reforma de las televisiones autonómicas. La oportunidad política, la heterogeneidad de las realidades autonómicas y la bonanza económica han mantenido hasta ahora un modelo hoy insostenible. Lo lógico y razonable hubiera sido abordar esta reforma conjuntamente con la de RTVE o con la Ley General de Comunicación Audiovisual, pero la urgencia en garantizar la viabilidad de la financiación de RTVE, evitar el hundimiento del sector privado y la larga sombra de los procesos preelectorales lo impidieron.
El Gobierno de España ha reabierto el debate planteando una reforma de la LGCA que permite privatizar la gestión y producción de contenidos del servicio público de radiodifusión. Suprime los párrafos que impiden externalizar la producción y edición de informativos y los que obligan a que la programación generalista sea mayoritariamente de producción propia. Reabre, pero no cierra. La competencia corresponde constitucionalmente a cada autonomía.
Antes de que crisis y recortes acaben con las televisiones autonómicas es urgente redefinir un modelo consensuado que garantice su supervivencia. Su viabilidad está amenazada por la asfixia económica provocada por los recortes, por el descenso brusco de la inversión publicitaria que continúa en caída libre (en 2011 bajó en Forta un 27% en relación al 2010, 17,5 puntos más que el conjunto del mercado televisivo) y por el desplome de la audiencia (10,5% de media en febrero). Hay que tomar medidas y hacerlo con rapidez y determinación para conseguir tres objetivos: la credibilidad institucional, la sostenibilidad económica y el mantenimiento de la carga de trabajo directa e indirecta que generan.
En juego está la prestación de un servicio público que garantice contenidos de proximidad y calidad
En juego está la prestación de un servicio público que garantice contenidos de proximidad y calidad que difundan la identidad autonómica y los valores constitucionales y estatutarios y, a la vez, contribuya a la cohesión y el desarrollo territorial, social y cultural. En juego está el sector audiovisual, el de contenidos digitales, el deportivo, las industrias culturales y de la sociedad de conocimiento y el cinematográfico. En varias autonomías solo podrán sobrevivir, o incluso nacer, si hay iniciativas públicas como estas que demanden proyectos, servicios y contenidos; solo así podrán desarrollarse y generar riqueza y empleo. La reforma planteada nada resuelve. La crisis del mercado audiovisual y publicitario y de las propias empresas públicas objeto de posible venta hace que no haya muchos candidatos a la compra o a la participación en su gestión, ni capital privado dispuesto a asumir costes sin beneficios, ni posibilita que el mercado acepte nuevos competidores en ámbito territorial cuando se están cerrando frecuencias. Los grandes operadores comerciales han abandonado las emisiones territoriales por falta de rentabilidad. Además, esta privatización o externalización a favor de empresas que ya operan en el sector favorecería la destrucción de empleo y alteraría las condiciones del mercado en varias comunidades autónomas donde ya operan otros operadores privados.
La normativa comunitaria permite que una empresa privada preste el servicio público de radiodifusión, pero la Comisión Europea fija condiciones cada vez más estrictas que hacen poco atractiva esta aventura. La nueva normativa al respecto -en vigor desde finales de enero- impone nuevas obligaciones a las Administraciones y empresas que abonen o reciban compensaciones por prestar un servicio de interés económico general. Entre ellas, cumplir los procedimientos de contratación pública, garantizar igualdad de trato entre prestadores, comunicar a la Comisión compensaciones superiores a 15 millones de euros, fijar de forma reglada el importe de la compensación y el tratamiento de beneficios y sobrecompensaciones, así como aplicar en su totalidad la Comunicación sobre Ayudas Estatales a Servicios Públicos de Radiodifusión. Temas como inyecciones de capital, cancelación o aval de deudas preexistentes, costes de reestructuración e incentivos para privatización de empresas públicas pueden constituir ayudas estatales y han de ser aprobadas por la Comisión.
La privatización no soluciona el problema, es un problema más. La salida debiera ser consensuada y homogénea -con absoluto respeto al marco competencial- para evitar que los ciudadanos tengan un servicio público muy diferente en función del territorio en que residan; más allá de las razonables diferencias por tener un marcado sentimiento nacional, lengua propia o condición de insularidad.
La solución pasa por un pacto entre instituciones estatales y autonómicas, partidos y agentes sociales e industriales para crear un modelo sobre la base de austeridad del gasto, aumento de la producción interna, racionalización de la actividad y dimensión de las empresas públicas, reubicación o mantenimiento del empleo y profundización en la colaboración y sinergias entre ellas y con RTVE. Sería preciso revisar la oferta y el papel de cada prestador del servicio público en función del ámbito territorial de emisión, para evitar duplicidades y competencia injustificada.
Una confederación de radios y televisiones públicas sería un instrumento idóneo para mejorar la eficiencia de medios técnicos y humanos y así reducir sustancialmente costes de explotación. Una mayor colaboración en producción de contenidos, compra de derechos y material técnico o contratación de servicios y redes aligeraría la factura pública. El intercambio o cesión de contenidos, la planificación conjunta de coberturas, así como compartir sedes o múltiplex para la difusión de la señal -especialmente con RTVE- permitiría economías de escala con ahorros significativos.
Dos cuestiones son ineludibles. Por un lado, un nuevo sistema de financiación estable y suficiente que permita hacer frente a los recortes y al descenso de ingresos publicitarios, explorando -incluso- fórmulas para reducir la dependencia publicitaria. Y, por otro, la desgubernamentalización de los organismos o corporaciones encargadas de prestar el servicio público, nombrando a sus máximos responsables por mayorías cualificadas de Parlamentos o Asambleas y posibilitando controles democráticos y profesionales que garanticen el pluralismo, la independencia y la neutralidad de sus contenidos; algo muy complejo si la gestión o los contenidos de servicio público quedan en manos privadas o del Gobierno de turno.
El debate sobre el futuro de las televisiones públicas autonómicas no debe posponerse, hay que abordarlo ya. En juego están 10.500 puestos de trabajo. Es una obligación ponerse a ello A quien corresponda.
Miguel Ángel Sacaluga. Consejero de RTVE