COLUMNA

Descontrol del déficit en 2011

Para que la economía de la Unión Europea funcionase con estabilidad, que es uno de los principios del Tratado de la Unión, se fijó que el déficit público de cada Estado miembro no debería sobrepasar el 3% de su PIB.

España sobrepasó tal índice y la Comisión Europea estableció para España un plan de reducción del déficit público y acordó que en 2013 nuestro país debería situar su déficit por debajo del 3% del PIB, y fijó los límites para cada uno de los años intermedios.

En el pasado año 2011, España ha incumplido el pacto con la Comisión Europea, al situar su déficit en el 8,5% del PIB. El anterior presidente del Gobierno comunicó que sería utópico pensar que España pueda rebajar su déficit del 8,5% registrado en 2011 al 4,4% fijado para 2012 y marcó como nuevo objetivo para este año un déficit público del 5,8% en lugar del 4,4% que le correspondía de conformidad con el acuerdo de la Comisión Europea. Las razones se basan en el negro panorama previsto en el cuadro macroeconómico de 2012, con una caída del PIB real de 1,7%; del consumo privado, del 1,4%; del consumo público, del 11,5%, y una tasa de paro del 24,3%.

Hasta ahora no he tenido conocimiento de si ha habido alguna reacción de la Comisión Europea al incumplimiento por España del Pacto de Estabilidad al situar el déficit público en 2011 en el 8,5% del PIB. Los medios de comunicación han dado la noticia de que el nuevo objetivo de déficit del 5,8% fijado por el Gobierno para el corriente año (2012) no supone en ningún caso que España retrase más allá de 2013 el cumplimiento del Pacto de Estabilidad, que dispone que en el citado año el déficit público de los Estados miembros de la Unión no rebasará el 3% del PIB. Se trata exclusivamente de una distribución temporal del déficit público, sin que en ningún caso afecte al déficit al finalizar 2013, que continuará sin rebasar el 3% del PIB, cumpliendo lo que dispone el Pacto de Estabilidad. Lo que sí es cierto es que el Gobierno anterior no tomó en 2011 las medidas necesarias para el control del gasto público, lo que le llevó a superar el techo de déficit fijado para dicho año (2011).

La Comisión Europea ha fijado definitivamente el déficit para 2012 en el 5,3% del PIB. Como consecuencia de ello y para que en 2013 no se supere el techo de déficit del 3% del PIB, el Gobierno tendrá que efectuar los oportunos recortes de gastos y aumento de ingresos en su caso.

El déficit público de cada Administración pública deberá ser controlado mensualmente para evitar lo ocurrido en 2011, que ha dado lugar a una desviación de 2,5 puntos en relación con lo previsto, que nos pone en situación muy difícil para que en 2013 el déficit no supere el 3% del PIB. A la fuerte reducción del déficit a realizar se une la baja tasa de crecimiento que nuestra economía va a tener en el conjunto del bienio 2012-2013 (en recesión en gran parte del periodo) que hará aún más difícil cumplir el objetivo de que a finales de 2013 el déficit no sobrepase el 3% del PIB.

Nos encontramos en una situación muy comprometida que puede desembocar en que no cumplamos el Tratado de la Unión en relación con el déficit público, con las consecuencias que ello puede tener respecto a nuestra pertenencia a la zona euro.

El Gobierno debería hacer pública su política de recorte de gastos y de implantación de nuevos impuestos para que cumplamos en 2013 el Tratado de la Unión: déficit no superior al 3% del PIB e ingreso definitivo en la Unión Monetaria Europea.

Pero no se debe dejar esto para última hora sino que el Consejo de Ministros debe aprobar ya las alternativas elegidas y ponerlas en práctica inmediatamente.

Para alcanzar el nuevo objetivo sería necesario implantar un sistema de control mensual de déficit de:

a. Administración central del Estado.

b. Seguridad Social.

c. Cada comunidad autónoma y diputaciones provinciales.

d. Cada ayuntamiento.

En los ayuntamientos cuya actividad económica sea pequeña y, por tanto, su posible incidencia en el déficit público sea mínima, la información se obtendría trimestralmente.

Como la estructura presupuestaria de los organismos públicos no es idéntica para todos los grupos de agentes públicos, sería necesario elaborar un tipo de programa informático de captación de datos para cada tipo de organismo público. El sistema estaría totalmente informatizado y se elaboraría un manual para cada tipo de organismo.

Los organismos autónomos de carácter comercial, industrial y financiero, considerados como tales por el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales (SEC 95), quedarían excluidos de la información a elaborar, siempre que tal actividad supere el 50% de la actividad total del organismo.

Tal criterio es el que utiliza la Intervención General de la Administración del Estado al elaborar las cuentas económicas de las Administraciones públicas de España. Al finalizar el primer trimestre debería hacerse público cómo se ha llevado a cabo la reducción del déficit en dicho trimestre y cuál es el plan del Gobierno para que el déficit se sitúe por debajo del 3% del PIB a finales del próximo año. Los ciudadanos quedarán enterados de las causas así como de los sacrificios a hacer.

José Barea. Catedrático emérito de la UAM