Presupuestar la austeridad
Al hablar de los Presupuestos Generales del Estado en los momentos actuales me viene a la memoria, una vez más, la sentencia del premio Nobel de Economía Paul A. Samuelson, quien afirmaba, hace más de 50 años, que el deber cívico más importante de los americanos era el de poder leer con cierta capacidad crítica los informes económicos que el presidente de Estados Unidos elevaba al Congreso. Trasladando esta afirmación en el tiempo y en el espacio, ¿qué informe económico más importante que los propios Presupuestos Generales del Estado, donde se plasman las políticas que se aplicarán durante el ejercicio en unos momentos de crisis aguda como la que padecemos?
Y no me resisto a mencionarlo porque cada año que pasa, y que la crisis nos sigue acompañando, parece tener más vigencia y es más necesario que la población tenga la formación económica suficiente para entender lo que se le presenta como un sacrificio que inevitablemente tendrá que asumir. Formación económica de los ciudadanos que desde el Consejo General de Economistas hemos reclamado desde hace décadas y que, de existir, el Gobierno supongo que agradecería, ya que facilitaría la comprensión por parte de los ciudadanos de las explicaciones que precisan unos Presupuestos tan draconianos en el gasto, sobre los que ya se han oído voces de que existe cierta falta de comunicación.
Dicho lo anterior, tenemos que enmarcar los Presupuestos en la situación existente, para lo que nada mejor que repetir las palabras de los propios miembros del Gobierno según los cuales "hay que adoptar medidas de carácter extraordinario ante una situación crítica", en la que el objetivo central es reducir el déficit del conjunto de las Administraciones públicas del 8,5% al 5,3% del PIB, "el presupuestario más austero de la democracia", lo que supone en euros reducir el déficit en 27.300 millones a través de la reducción de los gastos y el incremento de los ingresos, objetivo que depende sobre todo de que se cumplan los ingresos, cuyos conceptos más relevantes desde el punto de vista económico abordamos.
Si hay que resaltar una característica de estos Presupuestos es la claridad de su objetivo, casi único: la reducción del déficit, a partir de la introducción en la propia Constitución del control del déficit, que se debe perseguir de manera prioritaria, de las presiones de Bruselas y de la confianza que hay que ganar ante los mercados. La otra nota es que resulta difícil encontrar estímulos a la actividad económica.
Hay que valorar positivamente que respecto de los gastos sea el propio Gobierno el primero que se aplica la medicina que los Presupuestos proponen, con un recorte de 13.406 millones de euros del gasto de los ministerios, lo que supone un 16,9% menos de gasto que el año anterior. No obstante, se mantienen los sueldos de los funcionarios y las prestaciones por desempleo y se actualizan las pensiones.
Quizás lo más importante sea la reducción de las inversiones en general, que lo hacen en un 36%, aproximadamente, sobre todo si tenemos en cuenta que esta reducción se produce sobre otra anterior del 30% que se recogía en los Presupuestos de 2011, lo que hace que la contribución a incentivar la actividad económica sea muy limitada y, de ahí, los nulos efectos esperados sobre el empleo.
Tampoco favorece esta posibilidad la reducción de las políticas activas de empleo en 1.557 millones de euros, que comprenden los programas de empleo y de formación para el empleo, así como las bonificaciones a la contratación. También en este caso la reducción del 21,2% se produce sobre una anterior en 2011 del 5,5%, aunque hay que tener en cuenta la opinión del ministro de que "se trata de servicios que tienen un buen nombre, pero que no son operativos a la hora de crear empleo".
En el capítulo de los ingresos requiere especial atención la reforma del impuesto sobre sociedades, que si ya con antelación necesitaba una reforma para ganar en simplicidad y corregir las deficiencias técnicas que presentaba, ahora se trata de modificar la tendencia de un impuesto que en 2007 llegó a recaudar 45.000 millones de euros y en 2010 obtuvo poco más de 16.000 millones, lo que supone una caída del 63,86%, sobre todo si tenemos en cuenta que esta drástica reducción no se corresponde linealmente con la disminución de beneficios de las empresas. Se trata, por tanto, de que también los beneficios contribuyan en mayor medida a la corrección del déficit. Las rentas de trabajo ya se vieron afectadas con la reforma de diciembre.
Concluimos comentando la llamada amnistía fiscal, cuya valoración hay que realizar dentro del marco descrito, como una medida excepcional en una situación de crisis profunda, que ya se ha adoptado en otros momentos y en otros países, ante la necesidad de recaudar a toda costa y esperar que sea eficaz, aunque aporte una cantidad limitada, pero todo suma, más que desde la consideración ética que de la misma se puede tener y de sus efectos colaterales para quienes vienen contribuyendo correctamente según su capacidad económica.
En otro momento escribí que las empresas deberían tener un comportamiento fiscalmente responsable, es decir, que el código ético del que han venido dotándose haga referencia al comportamiento fiscal y se explicite en la memoria de sostenibilidad la relación que tiene la empresa con la Hacienda pública, su política de interpretación de las normas fiscales, su compromiso de evitar el uso de los paraísos fiscales, de no diseñar operaciones orientadas a conseguir defraudación, etc. Estos criterios son aplicables también a las personas físicas, salvando las diferencias, y están en contra de este tipo de medidas que dejan de sancionar comportamientos ilegítimos, que solo se pueden plantear por lo excepcional de la coyuntura.
Solo queda desearle suerte al Gobierno para que consiga el efecto recaudatorio perseguido y el efecto positivo para el sistema económico de las cantidades que se afloren.
Valentí Pich Rosell. Presidente del Consejo General de Colegios de Economistas