Otros cien días de agenda reformista
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hizo ayer su particular balance de los cien primeros días en La Moncloa, en los que se atribuyó un cúmulo de decisiones tan vasto, sobre todo en materia de reformas, que supera lo que su predecesor emprendió en siete años. Pero más allá de lo realizado, hizo alusión a su calendario de cambios normativos para los cien próximos días, en los que el diapasón reformador no parece que vaya a ceder, con una relación de al menos ocho grandes iniciativas legislativas. Todas ellas están enunciadas ya en su programa de investidura, que completarán el programa ya puesto en marcha, y que Rajoy definió como "medidas útiles: si no se hacen, no escampará nunca en España".
Admitió Mariano Rajoy ante el Comité Nacional del PP que la gran mayoría de las medidas que ha tomado en tres meses, sobre todo las que afectan al bolsillo de la ciudadanía, son "muy dolorosas" y que le hubiera gustado evitarlas, aunque las considera imprescindibles para recomponer la situación de la economía heredada. Más allá del sobreesfuerzo fiscal obligado por un déficit del 8,51% del PIB en vez del 6% prometido, aseguró que España tiene que cambiar la tendencia de su economía, algo que a su juicio ocurrirá a medio y largo plazo con la aplicación de la agenda reformista iniciada, y que se prolongará todo este ejercicio.
Tras recordar una vez más que carece de hipotecas y dependencia de cualquier grupo económico y limitar su responsabilidad ante los españoles que le han dado la tarea de gobernar, anunció una segunda batería de iniciativas legislativas para mantener la agenda reformista durante los próximos meses. En algunos casos se trata de culminar proyectos ya iniciados, como la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, en otros, de cambios en determinados mercados, como el eléctrico, o establecer mecanismos que garanticen la unidad de mercado en España en todos los ámbitos.
Tras unos Presupuestos que han concentrado el ajuste para este ejercicio en la reducción de gastos, entre otras cosas por la inseguridad de lograr un objetivo fiscal volcado en los ingresos en un momento de recesión económica, pondrá en marcha un plan de lucha contra el fraude fiscal (en la captación de ingresos) y de la Seguridad Social y el desempleo (acceso a las prestaciones), que proporcionará alguna contribución al objetivo fiscal. Su aportación hará también la ley de mutuas, que pretende reducir los niveles de absentismo y la duración de las bajas por accidentes de trabajo y el cobro de prestaciones.
Desde luego, el presidente del Gobierno tiene pocas herramientas en sus manos para devolver la credibilidad a la economía española que no sean aquellas de carácter radicalmente reformador para recomponer el crecimiento. Solo con ellas logrará alejar los fantasmales augurios de los mercados financieros para que reduzcan la prima de riesgo a España y, con ella, un coste de financiación que mantiene paralizada la actividad crediticia. Desde luego que en paralelo debe ejecutar en el calendario previsto, y quizás en mayor profundidad de la diseñada, la reforma del sistema financiero, que ahora acapara la liquidez cuasi gratuita dispensada por el Banco Central Europeo pero que no filtra a la economía privada y productiva.
Las fusiones bancarias, las adjudicaciones mediante subasta de entidades nacionalizadas y el saneamiento de los activos inmobiliarios deben estar culminadas más pronto que tarde. Primero para proyectar una idea de solvencia en los mercados, pero mucho más importante para activar ahorro e inversión y movilizar la economía. Esta premisa, solo explicitada en teoría en la reforma financiera, debe completarse con la devolución de las deudas a las centenares de miles de empresas que han quedado atrapadas en la morosidad de las Administraciones, y juntos recomponer los flujos de circulante entre empresas, hogares, Administración y sistema bancario.
Cada agente conoce ya qué le proporcionará y qué le quitará este año el Presupuesto, y seguramente el próximo también si mantiene el vector estructural de reducción de gasto. Si las comunidades autónomas y los ayuntamientos replican la austeridad del Gobierno, que lo harán por imperativo político y financiero, una cosa es segura: España cumplirá con la estabilidad fiscal, cuestión previa para la recuperación de la economía en el espacio privado.