Reflexiones sobre el déficit de tarifa
El nuevo Gobierno se enfrenta a la necesidad de reducir el déficit de tarifa eléctrico, es decir, la diferencia entre los peajes que cobran las compañías reguladas por ceder sus redes y los costes sufragados por dichos peajes. El déficit, que rondó los 4.000 millones de euros en 2011 y que ascenderá probablemente a 5.200 millones este año, viene siendo financiado por las empresas eléctricas integradas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Hidrocantábrico y Eon), que reclaman, amparadas por sentencias al respecto, que otros agentes colaboren en dicha financiación.
La solución más sencilla y lógica es subir los peajes, lo que evidentemente incrementaría las tarifas eléctricas, por lo que se barajan soluciones adicionales, algunas de ellas de cierta complejidad técnica, sobre las que merece la pena reflexionar con cierto detenimiento. Una de ellas es asignar los ingresos de las subastas de derechos de emisión de CO2 al pago de las subvenciones a las energías renovables. Es una medida a la que parece difícil poner pegas, dado que respetaría los ingresos de los diferentes agentes del sistema eléctrico y tendría un innegable carácter verde, ya que de esta forma los agentes más contaminantes financiarían las tecnologías limpias de producción eléctrica.
Otra posible medida es la paralización de la construcción de instalaciones termosolares. La rentabilidad de estos proyectos, que las eléctricas cifran entre un 15% y un 18%, y que los promotores estiman en un rango inferior, se encuentra sometida a discusión. Entre los argumentos a favor de las termosolares se encuentra la inversión que generan, el ser pioneros en una tecnología en desarrollo y la inseguridad jurídica que generaría la paralización de instalaciones acogidas al registro de preasignación. Sin embargo, no parece lógico construir nueva capacidad, que además es cara, mientras la demanda eléctrica se contrae como consecuencia de la crisis, ni asumir la curva de aprendizaje de una tecnología nueva, como se hizo con las fotovoltaicas, cuya tarifa de referencia ha descendido de 463 a los 129 euros/MWh de la última licitación. Además, la implantación de las termosolares incrementaría el déficit e implicaría el compromiso de pagar tarifas de 300 euros/MWh durante los próximos 30 años, independientemente de la evolución de los precios de mercado.
En este sentido, no parece descabellado paralizar la implantación de las instalaciones termosolares acogidas al registro y compensar a sus promotores por los costes incurridos, mecanismo que debería basarse en criterios objetivos que supusieran una rentabilidad razonable y ajustada al mercado. Por el contrario, no parece recomendable imponer tasas a las energías hidráulica y nuclear. Cualquier mecanismo corrector de un mercado distorsiona sus resultados. Además, nadie puede descartar que las compañías lo repercutieran en sus ofertas al mercado mayorista, incrementando así los precios de la energía. Medidas similares en el pasado, como la minoración de los derechos de emisión, no resultaron afortunadas.
Por otro lado, existen voces que defienden que el pool eléctrico genera un windfall profit, dado que las centrales hidráulicas y nucleares, a las que consideran amortizadas, están aprovechándose de los precios establecidos por tecnologías con costes variables elevados. Por tanto, argumentan esas voces, los dueños de esas plantas deberían contribuir a la reducción del déficit mediante una tasa.
De cara a esta propuesta, conviene tener en cuenta que las hidráulicas y nucleares no están amortizadas contablemente, puesto que las primeras se amortizan hasta el final de su concesión y a las segundas se les está aplicando una vida útil de 40 años. De hecho, los resultados de las compañías eléctricas incluyen como gasto una amortización del inmovilizado a coste histórico.
A todo ello hay que añadir que, según datos elaborados por Unesa y revisados por Ernst & Young, la rentabilidad sobre activos de la generación y comercialización en España ascendió en 2010 a un 3,4%, mientras que su WACC -coste de capital, para entendernos- fue de un 6,4%.
Por último, hay quienes proponen eliminar de la tarifa los conceptos ajenos al suministro. Las eléctricas argumentan que los costes propios del suministro (generación, transporte y distribución) solo suponen un 50%-55% del precio final y piden que el resto de costes (apoyo al carbón nacional, sobrecostes de los sistemas insulares y extrapeninsulares, eficiencia energética, bono social, déficit tarifario de ejercicios anteriores, etc.) sea incluido en los Presupuestos Generales del Estado. Lo que es obvio es que, independientemente de las restricciones presupuestarias actuales, un funcionamiento correcto del sistema pasa por un cálculo transparente y objetivo del coste de los componentes del precio de la energía.
En todo caso, hay dos tareas urgentes: titulizar el déficit tarifario, no solo por el coste que asumen las eléctricas, sino también por la percepción del riesgo regulatorio que supone, y tomar medidas de reducción del déficit de acuerdo con criterios objetivos que garanticen una rentabilidad adecuada al riesgo que asumen los agentes del sector.
Francisco Rahola. Socio de Energía de Ernst & Young