Reforma y déficits estructurales
El autor señala que la reforma laboral debe servir para elevar la competitividad y, con ello, ayudar a reducir el permanente déficit de cuenta corriente que España arrastra desde la década de los noventa.
La principal consecuencia de la recesión económica ha sido la intensa destrucción de empleo: más de dos millones y medio desde 2007. Aunque parte del ajuste del mercado laboral ha sido debido al excesivo peso relativo del sector de la construcción y servicios vinculados, la afectación por colectivos de población refleja que las cifras de paro se han cebado en el segmento de los más jóvenes -con una tasa de paro cercana al 50%- y en los parados de larga duración, que han aumentado hasta los 1,4 millones de personas en el último trimestre de 2011, desde niveles medios en torno a los 250.000 en 2007.
Los últimos datos disponibles muestran que no solo no se ha frenado el deterioro del mercado laboral, sino que la recaída de la actividad económica de la última parte de 2011, junto al empeoramiento de las expectativas de crecimiento, han vuelto a acelerar el proceso de destrucción de empleo, ampliando el radio de afectación al sector servicios.
Y lo peor de la actual situación es que las proyecciones no anticipan un cambio de tendencia para los próximos trimestres, por lo que el desempleo podría aproximarse a los seis millones de parados, lo que situaría la tasa de paro en una cota cercana al 24%.
A lo largo de estos últimos años, una de las peculiaridades del mercado laboral español ha sido la marcada dualidad de derechos entre trabajadores indefinidos y trabajadores temporales. En los primeros años de la actual crisis, la destrucción de empleo entre los trabajadores temporales explicaba más del 50% de la destrucción de empleo, a pesar de su reducido peso relativo respecto al total (apenas representan el 21% del total). Esta tendencia se ha invertido, no obstante, en 2011, de tal forma que de las 352.000 personas que perdieron su trabajo, el colectivo de asalariados indefinidos aporta casi el 70% del total y el de los autónomas explica el resto, mientras que los trabajadores con contrato temporal no solo no aumenta la base de trabajadores que perdieron su trabajo, sino que incluso ha llegado a operar en sentido contrario, amortiguando ligeramente el proceso de destrucción de ocupación que estamos viviendo, con un aumento de cerca de 3.000 trabajadores más.
En suma, la magnitud de la recesión actual se ha extendido no solo a sectores que estaban sobredimensionados o a los colectivos con un puesto de trabajo más precario, sino que se está extendiendo al grueso de sectores productivos y trabajadores, independientemente del tipo de contratación.
Es bajo esta óptica que resulta difícil cuestionar la necesidad de introducir cambios en la legislación laboral, que deberían ir enfocados a incentivar la contratación de aquellos segmentos más perjudicados por la recesión (jóvenes y parados de larga duración) o que introduzcan instrumentos de flexibilización que permitan alternativas a la destrucción de empleo en situaciones de necesidad por elementos de gestión empresarial. Y es, también, desde esta óptica que se debe valorar positivamente algunos de los elementos más destacados de la reforma laboral que ha aprobado el Gobierno, si bien es cierto que estos también merman claramente los derechos de los trabajadores.
Las medidas que se han incluido a través de incentivos fiscales sobre la contratación de jóvenes menores de 30 años y de parados de larga duración están enfocadas a la creación de empleo en estos dos colectivos. De igual forma, la legislación sobre los procesos de negociación de los salarios a través de acuerdos empresariales a nivel de empresa también permitirá que los procesos de ajuste obedezcan a factores relacionados con la productividad de cada empresa. Con el mismo fin se establece una mayor flexibilidad de los recursos humanos, con la opción de poder modificar la jornada laboral, el horario e incluso el salario de los trabajadores, a fin de poder adaptar la producción a las variaciones de la demanda. Otro de los elementos destacados es que las empresas de trabajo temporal podrán ejercer como empresas de colocación, lo que facilitará una mayor relación entre la oferta y la demanda de trabajo, reduciendo los tiempos de recolocación.
Es por todo ello que uno de los efectos esperados de la reciente reforma debería ser, precisamente, el aumento de la productividad, lo que debería traducirse en una mejora de la competitividad de la empresa española y, con ello, una progresiva reducción de uno de los déficits más prolongados de nuestra economía, como es el saldo por cuenta corriente. Ciertamente, los últimos datos de la balanza de pagos muestran que España mantiene, a pesar de los duros efectos de la crisis económica, una necesidad de financiación que, en 2011, equivale a más del 3% del PIB, y que en los años de nirvana llegó a situarse en un espeluznante 10% del PIB.
Ello llegó a suponer unas necesidades de financiación de más de 100.000 millones de euros anuales, lo que nos situó en los primeros puestos del ranking mundial de déficit por cuenta corriente. Una cifra que se ha corregido significativamente, pero, aun así, en 2011 supone una no desdeñable cifra de 40.000 millones de euros de ahorro que proviene del resto del mundo para cubrir, precisamente, nuestra incapacidad para dar la vuelta a nuestra balanza corriente, no solo comprando menos fuera, sino también siendo capaces de vender más. Es desde este punto de vista que sería deseable que la reciente reforma laboral aprobada por el Gobierno de España abriera la puerta a corregir el permanente déficit por cuenta corriente que España viene mostrando desde finales de la década de los noventa, y que no podrá mantenerse de forma indefinida, de la misma forma que la capacidad de financiación de una economía en los mercados internacionales tampoco es indefinida.
Ramón Roig Solé. Director del servicio de estudios de Catalunya Caixa