'Caso Mills'

Berlusconi, otra vez en apuros

El fiscal de Milán ha pedido hoy cinco años de cárcel para el empresario y expresidente del Gobierno italiano Silvio Berlusconi por el delito de corrupción en acto judicial durante el juicio por el llamado caso Mills. Según la acusación del ministerio público, Il Cavaliere pagó 400.000 euros al abogado británico David Mills para que testificara a su favor en dos juicios (All Iberian y comisiones ilegales a la Guardia de Finanzas) hace dos décadas.

Berlusconi, en una fotografía de archivo tomada en el Parlamento en 2010.
Berlusconi, en una fotografía de archivo tomada en el Parlamento en 2010.

El juicio llega a su fin y puede que no se emita una sentencia. El Tribunal de Milán tendrá que decidir cuál es la fecha de prescripción del delito. Los abogados de Berlusconi defienden que fue el pasado 3 de febrero mientras que el fiscal del caso, Fabio de Pasquale, sostiene que no lo hará antes de mayo.

Berlusconi ha asegurado que no recuerda haber conocido a Mills porque era uno de los muchos abogados que el grupo Fininvest (de su propiedad) tenía en el extranjero y que los 400.000 euros corresponden al pago en dinero negro al letrado por parte del armador italiano Diego Attanasio para eludir al fisco británico.

El propio Mills ha declarado en varias ocasiones que se inventó la historia sobre el dinero que supuestamente recibió del ex primer ministro y se justificó diciendo que lo había hecho porque temía al fisco británico, pues el pago provenía de una minuta en negro del armador italiano.

Sin embargo, Attanasio ha negado todos los argumentos esgrimidos por la defensa de Berlusconi y ha defendido que el dinero que recibió Mills no era suyo.

El fiscal ha pedido a la Corte que tenga en cuenta para su veredicto que Mills fue condenado en primera y segunda instancia por mentir en un proceso judicial y en estos se comprobó que lo había hecho previo pago de 600.000 dólares.

El caso Mills es uno de los cuatro juicios que Berlusconi tiene abiertos en Milán, junto al caso Ruby (incitación a la prostitución de menores y abuso de poder) y el de Mediaset (fraude fiscal), también tendrá que sentarse en el banquillo por el caso Unipol, en el que se le acusa de participación en la revelación de secreto profesional.