TRIBUNA

Democracia eléctrica o mundo a oscuras

La suspensión temporal en España de nuevas instalaciones renovables es una mala noticia, pero conviene analizarla en detalle y con cierta amplitud de campo. En el sorpresivo anuncio del ministro Soria del viernes pasado, quizá lo más relevante no fuese lo que dijo, sino lo que insinuó: que el Gobierno va a aplicar esta moratoria renovable mientras (el subrayado es mío) pone en marcha una reforma del sistema eléctrico que evite la generación de déficit tarifario.

Desde el sector fotovoltaico queremos entender en esa insinuación ministerial cierta crítica abierta al sistema y la voluntad de cambiarlo cuanto antes. Con la simple insinuación, el ministro Soria ha llegado en solo unas semanas muchísimo más lejos que su antecesor en todo su mandato, lo que ya es bastante.

Esperemos que esa vocación regeneracionista del nuevo Gobierno siga adelante, hasta conseguir, por fin, una reforma eléctrica capaz de democratizar la energía en España, de hacer visibles todos sus costes, de cumplir con los compromisos sostenibles ante la Unión Europea y de mantener las renovables como vector esencial de empleo, exportación y desarrollo para el conjunto de la sociedad española. Si al final el ministro de Industria emprende ese viaje, desde luego contará con toda la colaboración, el apoyo y el compromiso de la industria solar fotovoltaica.

Los hechos son tenaces, y el mayor problema del sistema eléctrico no son las energías renovables (de hecho, a corto y medio plazo las renovables somos su única solución), sino el propio modelo. Los españoles hemos pagado en él unos elevadísimos costes de transición a la competencia, pero a la hora de la verdad un puñado de no más de cinco grandes empresas siguen aglutinando la distribución y un alto porcentaje de la comercialización de energía.

Esa posición de dominio les ha permitido hasta ahora mantener un sistema oscurantista y opaco de determinación de costes. Por ejemplo, los precios pactados para el suministro de gas son secretos, pero las consecuencias de una política empresarial altanera las pagamos todos cum laudo, y a un coste sustancialmente mayor que las tarifas a las renovables.

Los costes opacos que encubren las eléctricas son igualmente numerosos, desde las subastas de energía a los coeficientes de ajuste, y resultan todavía mucho más onerosas las distintas rentabilidades excesivas y sobrevenidas obtenidas por las nucleares y las grandes hidráulicas. En este caso se trata de infraestructuras ya pagadas religiosamente por los ciudadanos, con concesiones muy antiguas (casi todas de época de Franco y otras más primorriveristas y casi centenarias) y que en su mayoría se han prorrogado recientemente sin contraprestación ninguna al Estado por el uso de bienes de titularidad pública.

El resultado es que las grandes compañías siguen cobrando actualmente la luz generada por sus centrales nucleares y grandes hidráulicas muy por encima de su coste, a pesar de que están amortizadas de sobra, por muchos vericuetos contables con que quiera camuflarse la verdad. Solo entre 2006 y 2011, las grandes eléctricas han obtenido por esta vía, la de los llamados windfall profits, beneficios por valor de unos 23.000 millones de euros, y lo peor es que quieren seguir cobrándolos hasta el final de la vida útil de esas centrales, unos 14 años más para las nucleares y unos 26 para las grandes hidráulicas.

Sería temerario pensar que una moratoria temporal a las renovables basta para resolver un problema eléctrico de tantísima profundidad y alcance. De hecho, cuantas más cortapisas se pongan ahora a las renovables, más insostenible será el sistema a corto y medio plazo. Si enquistamos los desequilibrios y ponemos la solución en moratoria, estaremos sepultando nuestra sostenibilidad energética y la de nuestros hijos, porque las renovables están en condiciones de ser cada vez más baratas, mientras el gas y las demás energías fósiles se encarecerán cada vez más, y para esa realidad no hay vuelta de hoja.

Por eso desde Unef quisiéramos pensar que el ministro Soria se propone afrontar por derecho esa apremiante y complicada realidad, y llevar a cabo, con la participación de todos, una reforma en profundidad de todo el modelo. A nuestro juicio, las soluciones requieren, previamente, identificar y cuantificar cada uno de los costes que concurren al sistema, tanto los transparentes de las renovables como los muchos costes opacos y rentabilidades excesivas que encubren las eléctricas. Luego, deberían repartirse proporcionalmente los recortes entre las distintas actividades y tecnologías existentes de acuerdo a los ingresos obtenidos por cada una de ellas.

La línea maestra de todo ese ambicioso proceso debería ser la transparencia. El sistema eléctrico ha estado demasiados años de espaldas a los ciudadanos, sometido a una interesada ceremonia de la confusión donde unos pocos vienen arrogándose para sus empresas un protagonismo que debería trasladarse, de una vez y para siempre, a los consumidores y al conjunto de los ciudadanos. De todas las energías renovables, la solar fotovoltaica es la más participativa y abierta a ese impulso popular. De hecho, el autoconsumo eléctrico doméstico o local, el llamado balance neto, va a ser una realidad económica viable en unos pocos meses. Además, en cuanto permitirá a las familias generar una parte sustancial de su propia energía, la solar fotovoltaica va a aportar cierta capacidad de interlocución a los ciudadanos por primera vez en la historia de la luz eléctrica.

Si desde el Ministerio de Industria se opta por emprender ese camino regenerador, en el sector solar fotovoltaico estaremos de su lado. Ahora bien, ha habido tantas dilaciones y tantos errores previos que resulta muy difícil escapar del escepticismo y mantener la ilusión. La moratoria del viernes pasado supone el segundo recorte a la fotovoltaica, por uno para el resto de renovables y ninguno para las grandes eléctricas. Y el primer recorte que sufrimos, en tiempos de Miguel Sebastián, fue tan retroactivo como feroz, arbitrario y contrario a derecho como ha denunciado hasta el mismísimo comisario europeo de Energía, el alemán Günther Oettinger.

Por eso, nos gustaría que, en ese futuro diálogo entre todos los agentes sectoriales, el Gobierno partiese de la restitución de esa seguridad jurídica con la derogación de los decretos retroactivos de Miguel Sebastián. No se trata de poner en peligro el futuro de una tecnología clave para la recuperación económica, la sostenibilidad energética y la creación de empleo, porque además el ahorro así obtenido supondrá una parte muy marginal respecto al monto total de las ineficiencias del sistema. En vez de eso, pensamos que deberían promoverse recortes equitativos entre la actividad de las distintas tecnologías, y primar tanto la eficiencia como la sostenibilidad y los ahorros a futuro de cada tecnología, porque ahí sí que las distintas renovables, y especialmente la fotovoltaica, somos tan competitivos o más que cualquiera.

Hace ya casi cuatro siglos, el conceptista Baltasar Gracián escribía uno de sus más desalentados e imperecederos aforismos: "Hombre sin noticias, mundo a oscuras". Una de esas maldiciones oscurantistas se ha cernido durante demasiado tiempo sobre el sistema eléctrico español. Para los consumidores nunca ha habido noticias ni de precios, ni de contratos, ni de capacidades, ni de costes, y de la posible capacidad de interlocución, participación y elección de los ciudadanos en ese modelo energético ya ni hablamos.

Si solo sirve para retrasar las renovables y enquistar la sobreabundancia de gas y los intereses creados en el sistema, la moratoria temporal puede ser un episodio más de ese triste y pertinaz mundo a oscuras. Si, al contrario, sirve para repensar el modelo, ventilarlo y llenarlo de luz, de manera que los ciudadanos podamos saber, valorar e interpretar; si así el sistema puede volverse transparente y genuinamente democrático, entonces el sacrificio podría merecer la pena. A día de hoy, los tiempos y la hoja de ruta están en manos del ministro. A nosotros nos encantaría seguir creyendo en él.

Antonio Navarro / Rocío Hortigüela. Copresidentes de la Unión Española Fotovoltaica, Unef